Por Carlos Concha Olivares / Foto: Archivo Grito (María Jesús Pueller)
El actual gobierno de “Apruebo Dignidad” hizo de los derechos humanos uno de sus pilares fundamentales para alcanzar La Moneda. La defensa y promoción de los Derechos Humanos fue escuchada durante toda la campaña, y se citó tres veces en el primer discurso del Presidente de la República, Gabriel Boric (1). Pero, hoy, a más de un año de la actual administración: ¿Qué queda de ese discurso? ¿En qué se tradujeron las promesas?
Un día antes de asumir, el Ejecutivo anunció, como estrategia para bajar la presión de la calle, la poca que quedaba en aquel entonces, el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos del “Estallido Social” (2). Anuncio que quedó en eso y fue el primer tongo del gobierno en lo que se refiere a los presos de la revuelta. Esto porque la medida no tuvo ningún efecto real, debido a que muchos de los afectados ya estaban en libertad y otros habían sido imputados -efectivamente- por Ley de Seguridad del Estado, pero el Ministerio Público los acusó bajo la figura de robo en lugar no habitado. La promesa de campaña pasó a una demostración de amateurismo y pudimos darnos cuenta que los abogados del Ministerio del Interior confundieron imputado con acusado. Entonces, el discurso oficialista pasó al de ver el “caso a caso”.
Así pasaron los meses y los representantes del Ministerio Interior seguían participando de los juicios contra los prisioneros de la rebelión de octubre 2019 y no se retiraban las querellas, tal como lo había comprometido este gobierno. Todos los abogados consultados por revista Grito lo confirmaban. Durante los juicios, Interior insistía en las querellas presentadas por el gobierno anterior. También, daban cuenta de este hecho las diferentes organizaciones de familiares y amigos de presos de la revuelta.
Mientras tanto, los prisioneros aceptaban cargos para acceder a juicios abreviados y/o poder salir bajo libertad vigilada, pero asumiendo antecedentes en la mayoría de los casos. A fines de este año, un Indulto Presidencial liberó a 13 prisioneros, 12 de ellos relacionados con el Estallido Social, salvo Jorge Mateluna. La medida fue tardía y expuso nuevamente la falta de expertise administrativa del actual gobierno, generando una polémica en vez de concentrar el análisis en el debido proceso y en el acceso en igualdad de condiciones a la Justicia.
Mapuche
A iniciarse este período, la ahora ex ministra del Interior, Izkia Siches, atrapada por la política del espectáculo, se desplazó sin previa organización y sin respetar las costumbres mapuche a la Región de la Araucanía, con el propósito de realizar un acto simbólico en el lugar donde mataron al comunero mapuche, Camilo Catrillanca. La repuesta fueron tiros al aire que obligaron a la entonces autoridad a retirarse. El padre de Catrillanca, Marcelo Catrillanca, acusó al gobierno de “improvisación”.
Las críticas parlamentarias a la militarización pasaron a promover un Estado de Excepción acotado para la Región de la Araucanía, y así ha sido desde el 16 de mayo 2022 a la fecha. Los militares a cargo del orden público y una clase política confundiendo la delincuencia con las demandas ancestrales del pueblo mapuche.
A su vez, se da con este gobierno la reedición de una persecución hacia la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), orgánica que reivindica el control territorial y la autodefensa con armas, y a su vocero, Héctor Llaítul, a su hijo Ernesto, quienes se encuentran en prisión preventiva, y a sus militantes.
Derecho a protestar
La actual generación alcanzó el poder a través de la movilización social, e irrumpió haciendo graves críticas al sistema político e institucional. Durante el movimiento estudiantil del 2011, emergieron las figuras de Vallejo, Jackson y Boric, quienes reclamaban su derecho a protestar por una educación sin fines de lucro. Lanzaban dardos hacia la brutal represión y, en el 2019, instalados en el Parlamento, denunciaban las violaciones a Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado a la población que se manifestaba durante la revuelta popular.
Como gobierno no han incentivado el resguardo a la protesta social. Durante el primer semestre se reprimieron todas las protestas por la libertad a los presos políticos del Estallido Social, también se reprimía y se reprime con dureza al estudiantado secundario que protesta por mejores condiciones para estudiar.
Para el 01 de mayo, en la marcha oficialista no se vio a ningún carabinero, pero en la marcha clasista la represión se hizo sentir de inmediato y culminando en un acto trágico, y absolutamente evitable si se hubiesen aplicado medidas de prevención por parte de la autoridad, con el asesinato de la comunicadora popular, Francisca Sandoval; mientras se enfrentaban comerciantes ambulantes con manifestantes, a vista y paciencia de Control de Orden Público de Carabineros (COP).
La conmemoración del 11 de septiembre del 2022 fue la demostración de un amplio despliegue del aparataje represivo. Con la causa mapuche, la aplicación del Estado de Excepción para resolver un tema político habla por sí sola.
Los altos mandos de Carabineros fueron ratificados en sus cargos por este gobierno y el General Ricardo Yáñez fue respaldado por el presidente Boric, incluso sabiendo que está imputado por apremios ilegítimos por vulneraciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante el estallido social. Con esa espalda, el general Yánez se negó en reiteradas ocasiones a declarar en este caso y no fue hasta el pasado lunes 27 de marzo que se presentó ante la fiscal Ximena Chong, haciendo uso su derecho de guardar silencio. La cooperación de Carabineros en casos de violaciones a Derechos Humanos durante la revuelta ha sido nula.
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Durante su primera cuenta pública el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó algunos anuncios con respecto a los derechos humanos (3). “Y hablando de humanidad, queridos compatriotas, tengo que referirme al trascendental compromiso que tiene nuestro gobierno con los derechos humanos”, dijo.
El Mandatario comprometió un Plan Nacional de Búsqueda, para buscar a los detenidos y desaparecidos de la dictadura cívico militar; una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social, con una Mesa de Reparación Integral; además de afirmar el envío de un proyecto de ley de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Con respecto a la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación, esta se divide en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, con el propósito de avanzar en garantías de no repetición, la Mesa de Reparación Integral para víctimas del Estallido Social y el Proyecto de ley de protección a defensores de Derechos Humanos.
La Mesa de Reparación estaba a cargo de la ex subsecretaria de Derechos Humanos Haydee Oberreuter, y de la senadora Fabiola Campillai. Esta última instancia ha recibido críticas por parte de las víctimas porque se prefiere hablar con individualidades en vez de agrupaciones o colectivos. Además, la propia senadora puso en duda la estabilidad de esta mesa con la salida en marzo pasado de Oberreuter de la Subsecretaría de DD.HH.
Por otra parte, para reemplazar el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) el gobierno lanzó el Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO). No obstante, han sido las propias víctimas de trauma ocular que han manifestado que este Plan solo es la continuidad del PIRO y no da plena solución a sus necesidades.
Memoria
Como se mencionó anteriormente en la primera cuenta pública de este gobierno se anunció el “Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar” (4), que se encuentra en marcha en su primera etapa y genera una alta expectación en el seno de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos (AFDD) entregó durante el mes de marzo su propuesta al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, pidiendo incidencia en todas las etapas de este plan, las que se dividen en 5 ejes. El desafío es saber si este gobierno podrá en los próximos tres años materializar una política pública efectiva al respecto, sobre todo cuando se prefirió iniciar con un diseño propio, desde cero, en vez de recoger experiencias pasadas.
A su vez, el Ejecutivo, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido (30 de agosto), dio a conocer la presentación de 17 querellas a nombre de las víctimas de la dictadura, las que abarcan 25 casos de crímenes de lesa humanidad durante la tiranía de Pinochet. Un gesto que fue bien valorado por las Agrupaciones de víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura militar.
Por otra parte, el 01 de febrero de 2023, se llevó a cabo una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile en el llamado “Caso Vega González y otros versus Chile”. El juicio fue reporteado por nuestra revista en la pasada edición (6) y trataba sobre la institución de la “media prescripción”, normativa que la Corte Suprema ha ocupado para rebajar las penas a criminales de lesa humanidad.
Este caso tiene su origen en 14 procesos judiciales, con 49 víctimas, de las cuales 45 son personas desaparecidas y 4 ejecutadas, uno tenía 16 años y Cecilia Bojanic estaba embarazada de 4 meses. En representación del Estado fue este gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien condenó el uso de la “media prescripción”, pero aseguró que su aplicación en estos casos había sido un error y que no se podía hablar de fraude procesal.
Reflexiones de la redacción
En el discurso este gobierno ha demostrado un profundo respeto a los Derechos Humanos y la Memoria, y un alto compromiso con la justicia y la reparación. No obstante, los hechos demuestran otra realidad y la principal problemática del actual gobierno es que su retórica se transforme en una demagogia peligrosa para los Derechos Humanos.
Atrapado por la agenda de seguridad nacional instalada por el fascismo, el Ejecutivo ha dado continuidad y perfeccionado el Estado policial. Así lo demuestran los sucesivos decretos de Estado de Excepción, y la absoluta falta de garantías al derecho a la protesta. Los carabineros han sido respaldados y blindados, y las promesas de reformas han dado paso a agilizar la tramitación de leyes que le dan aún más facultades a las policías (Ley Naín-Retamal). En un ambiente político y mediático que confunde la delincuencia con la manifestación popular, lo peor puede pasar.
Las recomendaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de reformar la policía no han sido oídas y menos aplicadas. En un país donde los derechos sociales no están asegurados el futuro se visualiza muy violento.
Sobre los anuncios de Plan Nacional de Búsqueda, éste se encuentra en curso, y ha generado una alta expectativa en las Agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura. Aún es muy pronto para realizar un análisis en profundidad de una propuesta que parece a priori demasiada ambiciosa y que parte desde la arrogancia que olvida trabajos como la Comisión Valech y Rettig, y en el caso de la causa mapuche se ha obviado el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas. ¿Era necesario partir de cero?
Habrá que ver si las agrupaciones de víctimas de la tiranía, varias de ellas integradas por militantes del Partido Comunista, dejan la militancia al momento de evaluar los resultados, los que ojalá no tengan el mismo final que iniciativas levantadas por los gobiernos de la Concertación.
A su vez, también durante este primer año de gobierno, se supo de cajas con documentación entregada por conscriptos que estaban en los archivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El hecho también fue reporteado por Grito (7) y podría haber información relevante sobre detenidos desparecidos. Ante esta situación el gobierno optó por el silencio y blindar a la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries.
A nivel internacional, tal como se ha mencionado, la actual administración del Estado fue un mar de buenas declaraciones e intenciones, pero terminó justificando la aplicación de la “media prescripción”, protegiendo a la Corte Suprema, justificando la rebaja de penas en criminales de lesa humanidad y asegurando que no es necesario que Chile deba adecuar su normativa al Derecho Internacional de Derechos Humanos. Lo peor fue que trató, en la práctica jurídica, el tema de los detenidos desaparecidos como un tema del pasado.
Con respecto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el “Estallido Social” es muy probable que la mesa en curso no termine de buena manera. La salida de la ex subsecretaria Oberreuter golpeó las confianzas, y han sido las propias víctimas que han señalado que no se está atendiendo las verdades necesidades, que se privilegia el caso a caso, y que reforzar a carabineros es una revictimización. Referente a los prisioneros de la revuelta lo único que se hizo fueron los indultos, con los errores administrativos por todos conocidos, y nada más. Solo podemos agregar que nos habría gustado ver el mismo despliegue de fuerzas cuando se indultaron a criminales de lesa humanidad.
A 50 años del Golpe de Estado cívico-militar, el gobierno aborda la Memoria y los Derechos Humanos con muy buena retórica, pero en el sentido contrario en la práctica. La historia nos ha enseñado que cuando se trata de defender los Derechos Humanos no basta con las buenas intenciones. En un país con una constante arremetida del fascismo (pinochetismo) no podemos quedarnos solo en las declaraciones de buenas intenciones. Con el ministro de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, quien proviene del mundo del espectáculo, y el periodista Patricio Fernández, quien gusta del espectáculo, a cargo de las actividades del 11 de septiembre, todo indica que el mensaje será de reconciliación. ¿Es este un gobierno de apariencias?
Referencias
-1) Primer discurso en el Palacio de La Moneda del Presidente Gabriel Boric Font (Leer discurso)
-2) Gobierno de Gabriel Boric anuncia retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos del estallido (Leer nota)
-3) Presidente de la República rinde la primera Cuenta Pública de su mandato (Leer cuenta pública)
-4) Plan Nacional de Búsqueda (Más información)
-5) Boric se reúne con familiares de DD.DD. y anuncian querellas por víctimas de la dictadura (Leer nota)
-6) Juicio contra Chile en CorteIDH: La «media prescripción», la impunidad de facto y las apariencias (Leer reportaje)
-7) Informe sobre ex conscriptos complica a Subsecretaría de DD.HH y confirma responsabilidad de Lorena Fries (Leer artículo)
*Publicado en la edición 18 de revista Grito
por Agencia Merkén SpA.