Por Carlos Concha Olivares / Foto: Contexto, Archivo Grito
El abogado Juan Guzmán Tapia fue designado en 1998 como Juez titular para investigar una serie de querellas contra el tirano Augusto Pinochet Ugarte. Armó un pequeño equipo y comenzó a investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico militar, encabezando exhumaciones en busca de osamentas que pudieran dar con los miles de detenidos desaparecidos y ejecutados.
Con Pinochet vivo, una Concertación genuflexa al general, y una profunda desconfianza con las instituciones del Estado, en particular en lo que se refiere a la identificación de víctimas de la dictadura, en particular por los errores cometidos en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.
En ese contexto, el Juez Guzmán ofició en el 2001 al Servicio Médico Legal (SML): “Se ha dispuesto solicitarle que sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo en el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que pongo en su conocimiento para los fines correspondientes, en orden a conservar y proteger debidamente los restos óseos de que se trata, para evitar cualquier deterioro en su traslado”.
Es así como, en el 2001, el Juez Guzmán y su equipo entregaron 89 cajas con osamentas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a través del director del Departamento de Medicina Legal, doctor Luis Ciocca, quien operó como custodio de ese material. Estas cajas permanecieron 18 años en el lugar, sufriendo daños debido a una inundación en la bodega donde se guardaban en el año 2014. En el 2019, estas osamentas fueron devueltas al SML sin cadena de custodia.
En febrero del año pasado una investigación de CIPER (1) dio cuenta de un informe del SML enviado al Ministerio de Justicia en el 2022 en que se comunica la existencia de esas cajas y que ese servicio tiene restos óseos de cerca de 300 presuntos detenidos desparecidos, obtenidos entre los años 1990 y 2015, que no han sido identificados.
El actual gobierno sabía de esta información desde el 2022, e instruyó, través de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la época, Marcela Ríos Tobar, una auditoría al Servicio Médico Legal.
El 02 de febrero del 2023, fue la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien avisó de la existencia de estas cajas a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). “Esto es parte de la política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años. Tienen que haber responsabilidades políticas por esta nueva negligencia”, expresaron entonces desde la AFDD.
Comisión Investigadora
Una de las medidas que se materializaron ante este anuncio fue la creación por parte del Poder Legislativo de la Comisión Especial Investigadora (CEI 24) sobre osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada, que inició sus funciones en agosto del 2023. Esta instancia fue integrada en su inicio por los diputados y diputadas Marta Bravo Salinas, Daniel Lilayu Vivanco, Claudia Mix Jiménez, Marcela Riquelme Aliaga, Enrique Lee Flores, Rubén Oyarzo Figueroa, Cosme Mellado Pino, Cristián Araya Lerdo de Tejada, Lorena Pizarro Sierra (presidenta), Carla Morales Maldonado, Camila Flores Oporto, Cristián Tapia Ramos y Daniel Manouchehri Lobos.
Su principal propósito fue fiscalizar los actos del Gobierno, particularmente del Servicio Médico Legal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 2001 y 2022, en relación con la existencia de 89 cajas depositadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así como de 300 osamentas que según el Servicio Médico Legal han cumplido dos décadas sin ser periciadas para la identificación de víctimas de desaparición forzada. Para ello sesionó en 10 oportunidades, en las que declararon varias personas involucradas en este caso.
El pasado 30 de enero, al CEI 24 entregó a la Sala de la Cámara de Diputados/as el “Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las actuaciones del Servicio Médico Legal, en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran en custodia judicial desde el año 2001 en la facultad de Medicina de la Universidad de Chile” (2), el que fue respaldado por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.
“No hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los DDHH en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación”, fue una de las conclusiones de esta comisión.
Otro aspecto relevante de este informe es que exige realizar una investigación administrativa, a cargo de un fiscal externo, para indagar sobre los hechos ocurridos en la Unidad de Derechos Humanos del SML. A su vez, se pidió encargar un sumario para buscar responsabilidades, identificar y sancionar a las personas que por décadas han mantenido sin periciar estas muestras óseas.
Asimismo, el documento sancionado precisa que esta Comisión Especial no pudo determinar el por qué se trasladó evidencia sin la documentación pertinente.
Por otra parte, la Comisión Especial Investigadora traspasó la tarea al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, para que dicha instancia impulse y respalde diligencias judiciales que correspondan a las víctimas de desaparición forzada.
A su vez, se recomienda al Ejecutivo entregar informes cuatrimestrales a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, dar cuenta permanente a los familiares de las víctimas de los avances en las investigaciones, y ordenar periciar en laboratorios extranjeros y acreditados las osamentas encontradas en estas 89 cajas.
Por último, se pide que el SML comunique los resultados de la investigación administrativa y de las medidas adoptadas para evitar que hechos como estos se repitan.
“89 cajas que pueden ser o no de nuestros familiares. Eso es parte del horror. La incertidumbre sigue a pesar que se nos diga que ahí pueden estar”, expresó la diputada Pizarro cuando hizo lectura del informe.
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1) Polémica por cajas con osamentas de desaparecidos: SML ya había informado que mantiene restos de 300 presuntas víctimas sin identificar (Ver reportaje)
2) Informe CEI 24 (Ver informe)
por Agencia Merkén SpA.