Por Carlos Concha Olivares / Foto: Archivo Grito
El avance en materia de Justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos del estallido social ha sido pobre. Bien uno podría rescatar cifras y artículos de prensa del año pasado, copiar y pegar, y lo mismo sería, o casi, para ser justos. Porque a 4 años del inicio de la revuelta popular las cifras siguen siendo muy desalentadoras. Con un gobierno que prometió reparación, los hechos apuntan en la dirección contraria. De la mesa de reparación solo se sabe que la etapa de recopilación de información concluyó en marzo 2023. De sus proyecciones nada.
En ese contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance con respecto a las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado durante la revuelta popular, que abarca el periodo del 17 de octubre de 2019 hasta el 18 marzo de 2020.
Es así como el INDH interpuso ante los Tribunales de Justicia 3.216 querellas a favor de 3.777 víctimas. De todas estas acciones judiciales solo en 33 existen sentencias condenatorias, es decir un 1%.
Sobre el tipo de vulneración de derecho fundamental, y contenida en la respectiva querella, cometida por las policías se categorizan en 2.252 apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración. Además, se presentaron nueve amparos ante juzgados de garantía y 18 amparos constitucionales.
Otro aspecto relevante que considera este desglose realizado por el INDH es que 194 víctimas mujeres (20,2%) denunciaron violencia sexual: violación, amenaza de violación, tocaciones y desnudamientos. En cambio, en los hombres, hubo 298 (10,3%) víctimas que denunciaron hechos de la misma índole.
El Instituto de Derechos Humanos recibió un total de 6.807 denuncias por diversas vulneraciones; siendo la mayor las golpizas, con 2.095 (30,8%), seguido por los disparos, con 1.844 (27,1%), y luego los desnudamientos, con 381 (5,6%).
Al revisar las querellas presentadas por el organismo hay 7 personas que fueron asesinadas por agentes del Estado, y del total de las víctimas, 3.581 personas (94,8%) sufrió algún tipo de lesión física sin resultado de muerte. Sobre ese total, 220 víctimas (6%) resultaron con trauma ocular, de las cuales 50 personas (22,7%) fue estallido ocular, 82 (37,3%) tuvieron pérdida de visión, y 88 víctimas (40%) resultó con alguna lesión causada por trauma ocular.
Por otra parte, el INDH recomendó una serie de medidas en lo que se refiere principalmente a la reparación a las víctimas, como las prestaciones de salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones. Asimismo, relevó la importancia del adecuado abordaje médico y que todas las medidas de reparación integral deben estar dirigidas a restituir las condiciones humanas previas a la vulneración de Derechos Humanos de las víctimas.
Este organismo elaboró el “Mapa de las Violaciones a los Derechos Humanos de la crisis social de octubre de 2019-marzo 2020” (ver mapa), un instrumento abierto a la comunidad para revisar el camino de las sistemáticas vulneraciones suscitadas en ese periodo, además intentar aportar a la no repetición desde la verdad testimonial.
“A cuatro años de la crisis social, el INDH reitera que estos hechos ocurrieron y afectaron a un número importante de personas y a sus familias. En algunos casos de forma permanente, en un contexto donde, lamentablemente, el avance de la justicia ha sido lento y las medidas de reparación del Estado insuficientes”, sentenciaron desde esa Institución.
-Publicado en la edición N° 24
por Agencia Merkén SpA.