Por Maximiliano Sepúlveda Rodríguez
En octubre de 2016, la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebún, de 30 años, perteneciente a la comunidad de Mahuidanche, cumplía una condena de 5 años de cárcel, por robo, en el Centro de Detención Preventiva de Arauco. Lorenza había ingresado al penal con 4 meses de embarazo y comenzó a sentir molestias y complicaciones que obligaron su traslado, primero al Hospital de Arauco, y luego al servicio de urgencia del Hospital de Concepción. Durante todos los trayectos, incluso el de 72 kilómetros hasta el centro asistencial penquista, Lorenza Cayuhan permaneció engrillada.
Tras los exámenes de urgencia, se determinó que las complicaciones en el avanzado embarazo de Lorenza hacían necesaria una cesárea. El funcionario de Gendarmería que la custodiaba, no sólo estuvo presente en el momento en el que Lorenza debió desnudarse para ser examinada, sino que, además, permaneció al interior de la habitación mientras le practicaban la cesárea. Al no encontrar otro lugar desde donde sujetar a Lorenza mientras ella daba a luz, no encontró mejor solución que engrillarla de los pies a la cama.
Así nació la hija de Lorenza Cayuhan. Una niña fuerte como su madre, llamada Sayén.
El hecho provocó un escándalo internacional. Con medios de comunicación apostados a las afueras del centro de salud. ¿La cobertura local?, lo de siempre: Parcial y con información a cuentagotas. En un país donde las y los comuneros mapuches son caracterizados como bandas de cuatreros violentos y sin ley, cuando no terroristas, el mero enunciado de que una mujer comunera había sido obligada a parir encadenada a una cama con un gendarme armado presente, traía un muy poco conveniente cambio de perspectiva respecto a las narrativas oficiales.
Horas después, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dirigido en ese tiempo por Branislav Marelic, presentó una querella criminal contra todos quienes resultasen responsables de estos hechos, por el delito consumado de tortura.
Un hecho similar se vivió en diciembre del año 2022, en la Cárcel de San Miguel. Allí, una interna pidió traslado a la sección cuna del penal, aduciendo dolores de parto. Tras la negativa, la mujer fue devuelta a su módulo.
Tras sufrir dolores que le impedían conciliar el sueño los días 23 y 24, recién el 25 a las 7 de la mañana recibió auxilio por parte de funcionarias de Gendarmería, quienes sin embargo le informaron que sólo podían atenderla a partir de las 8:30 de la mañana, accediendo al traslado a un centro asistencial sólo tras ser informados por la mujer de que tenía 40 semanas de embarazo.
Acto seguido, la víctima fue ubicada en una celda de traslado, que en ese momento estaba ocupada por contenedores de basura y líquidos percolados en el piso, empeorando aún más las ya inaceptables condiciones existentes, minutos más tarde, la mujer daría a luz en un pasillo mientras era trasladada al hospital, al que finalmente llegó en el auto particular de una teniente de Gendarmería, aún unida a su hija recién nacida por el cordón umbilical, sin cortar.
Nuevamente en este caso, el INDH presentó una querella criminal por el delito consumado de tortura.
En Chile, se calcula de que alrededor de tres mil mujeres, que son madres, están privadas de libertad. Según datos de Gendarmería, 125 de ellas están embarazadas o viven con sus hijos/as menores de 2 años al interior de los recintos penales. La normativa existente, les permite a las madres que dan a luz mientras cumplen condena, vivir con sus hijos/as al interior de los recintos penitenciarios hasta los dos años de edad de el/la menor, a través de diversos programas del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, y el Ministerio de Desarrollo Social. Lamentablemente, estudios nacionales e internacionales acreditan que los alrededor de 8 mil menores que viven sin sus madres privadas de libertad, desarrollan un deterioro irreversible en su desarrollo inicial.
De acuerdo a un análisis publicado en enero de este año por el abogado Ulda Figueroa, en Ciper, los estados adoptan tres vías para abordar la gravísima problemática social de los niños y niñas que nacen al interior de recintos carcelarios, pasando sus primeras semanas de vida en un clima de hacinamiento, violencia y precariedad general, para luego crecer lejos de sus madres: La de permitir la convivencia de los/as menores con sus madres al interior de los recintos, en lugares especialmente habilitados para estos efectos, implementando programas de apoyo para los familiares y/o cuidadores/as de los/as menores, suspender temporalmente la ejecución de la pena de cárcel para la mujer mientras asiste a su hijo/a en su etapa primaria de desarrollo, para luego volver a la cárcel, o conmutar la pena privativa de libertad por la de libertad vigilada intensiva hasta que los hijos/as cumplan una edad determinada, ofreciendo además algún soporte social a las mujeres y sus familias.
En Chile, las dos primeras estrategias son abordadas a y través de los programas “Creciendo Juntos” y “Abriendo Caminos”, a cargo de los ministerios de Justicia y Desarrollo Social, respectivamente, con severos problemas de presupuesto, infraestructura y funcionamiento. Para la tercera, de conmutación de penas, en 2017 se presentó el proyecto de ley “Sayén”, en discusión en este momento en el Senado.
La iniciativa busca, en síntesis, autorizar la sustitución de la pena de cárcel por la pena de libertad vigilada intensiva para mujeres embarazadas o con hijo/as menores de 2 años, cuenta con suma urgencia y se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado (Boletín 11073-07).
Pese a que el proyecto no aborda las problemáticas que se generan en los niños y niñas hijos/as de mujeres privadas de libertad en edad escolar, donde se generan brechas educacionales y formativas tanto o más graves que en la etapa Inicial de desarrollo, ni tampoco la necesidad urgente de programas de educación sexo/afectiva en adolescentes, la denominada ley “Sayén” podría convertirse en un avance civilizatorio auspicioso, dado el catastrófico escenario de vulneración general de derechos fundamentales que viven las personas privadas de libertad en Chile.
Publicado en la edición N°23 de revista Grito
Referencias:
por Agencia Merkén SpA.