Por Maximiliano Sepúlveda Rodríguez
El pasado 28 de agosto, los/a ministros de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra suplente Dobra Lusic y el abogado integrante Gonzalo Ruz, ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones, que condenó, en lo penal, al Brigadier (R) Miguel Krassnoff, y al general César Manríquez, ambos ex agentes de la DINA, a 10 años de cárcel por el secuestro calificado del militante del MAPU Sergio Hernán Lagos, detenido desaparecido desde 1974.
Con esta sentencia, el Brigadier Miguel Krassnoff sigue “rompiendo records” en materia procesal, acumulando más de mil años de cárcel entre decenas de condenas por crímenes de Lesa Humanidad.
Sergio Hernán Lagos pertenece al histórico grupo de los 119 chilenos que, según los aparatos represivos del régimen, habían muerto en enfrentamientos en el extranjero, montaje comunicacional de la DINA conocido como Operación Colombo, ejecutado en colaboración con servicios de inteligencia de Argentina y Brasil. Tras su secuestro, fue llevado a los cuarteles “José Domingo Cañas”, “Cuatro Álamos” y “Villa Grimaldi”, donde se le pierde el rastro.
Esta nueva condena contra Krassnoff pone nuevas certezas respecto a una de las doctrinas judiciales más utilizadas por el Poder Judicial chileno en las últimas décadas: Poner el foco en casos emblemáticos, protagonizados por sicópatas consumados o víctimas de alta connotación pública, sin jamás asomarse siquiera a la posibilidad de responsabilidades institucionales o de Estado. Miguel Krassnoff acumula una cifra tan pantagruélica de años de cárcel, que tendría que vivir 120 vidas para poder “pagar su deuda con la sociedad”.
Mil años para un asesino. Para los miles que aún están impunes, ni siquiera uno.