Por Carlos Concha Olivares / Foto: Acemedia Comunicaciones
A principios del mes de agosto, Agrupaciones de Derechos Humanos y Memoria se acercaron a Tribunales para interpelar el accionar del Poder Judicial en la falta de Justicia y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
A 50 años del golpe de Estado, Londres 38, espacio de Memoria; la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), expresaron al Pleno de la Excelentísima Corte Suprema su preocupación por la situación en las causas de derechos humanos en dictadura y plantearon la urgencia de avanzar rápidamente en resolver esta situación, en particular el adecuado rol que debiese jugar el Poder Judicial en la búsqueda de la verdad y la Justicia (1).
“Hoy día se ha construido un monstruo, donde el negacionismo ha pasado sobre cualquier forma de entender el golpe de Estado, y lo que significó cometer horrorosos crímenes que se cometieron en dictadura. Nosotros sabemos lo que pasó y el pueblo lo sabe, y lo entiende así”, expresó la presidenta de AFDD, Gaby Rivera Sánchez.
El Poder Judicial ha sido criticado en estos 50 años por su poca voluntad para agilizar causas de derechos humanos. La dilación constante para revisar casos, solo a 30 años del golpe se comenzaron a juzgar a criminales de lesa humanidad, además muy prontamente se innovó en lo que se llama la institución de la media prescripción, que rebaja las penas a los perpetradores de violaciones de todo tipo de derechos humanos durante la tiranía, y los situaba en cárceles de lujo.
El Poder Judicial ha sido responsable del avance de la impunidad. Si bien es cierto, que, para los 40 años del golpe de Estado, en el 2013, el Pleno de la Corte reconoció -a través de una declaración pública- “graves acciones y omisiones” indicando que: “La Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas”. En aquel entonces, los ministros firmantes calificaron el comportamiento de sus colegas antecesores como una “una dejación de funciones jurisdiccionales” que debía ser reconocida “para que ese comportamiento no se repita”.
Sin embargo, a 10 años se dicha declaración de buenas intenciones y autocrítica esto no se ha visto reflejado en resultados concretos, y en un avance en materia de verdad y justicia para los casos de personas ejecutadas y, sobre todo, detenidas desaparecidas. Así lo demuestran algunas cifras que fueron entregadas por las Agrupaciones a través de una misiva entregada al Pleno de la Corte Suprema. En el texto se indica que solamente el 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas están con sentencia definitiva ejecutoriada (Cifras de 2020). De 1.469 detenidos desaparecidos, 307 han sido encontradas e identificadas. A su vez, estas Agrupaciones precisan que son muy pocos los casos en que, no habiéndose encontrado los restos, se ha podido establecer un proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como determinar las responsabilidades. Por ende, en la mayoría de los procesos se han acumulado información redundante y se han cerrado sin datos nuevos y relevante sobre el paradero de las víctimas y, por su puesto, sin condenas, a pesar de que los propios familiares e integrantes de estas organizaciones, en muchos de esos casos, conocían las circunstancias, lugares y responsables de las detenciones.
Ante esta desoladora perspectiva, la presidenta de Londres 38, espacio de Memoria, Erika Hennings Cepeda, manifestó que: “El hecho que a los 50 años solo tengamos el 23, 2% de causas ejecutoriadas significa que no hemos avanzado respecto de combatir la impunidad. Y la impunidad es abono para el negacionismo y, en ese sentido, esperamos que el Pleno nos responda respecto de lo que nosotros estamos solicitando”.
Las tres organizaciones requirieron al Poder Judicial cumplir adecuada y oportunamente, y con la participación de las víctimas y familiares, sus obligaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan una responsabilidad estatal en todo lo que se refiere a la deuda que mantiene el Estado de Chile con las violaciones de derechos humanos. Además, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que: “El derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las víctimas a que se adopten las medidas necesarias para conocer la verdad e investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables” (Corte IDH. Caso Flores Bedregal Vs. Bolivia).
Plan Nacional de Búsqueda
“Respecto al Plan Nacional de Búsqueda entendemos que el Poder Judicial debe tener un rol central. Lo fundamental a nuestro juicio es el rol que debe tener el Poder Judicial. Creemos que se debe ampliar su acción, incrementar los recursos, llevar adelante las causas que están pendientes, en el marco de los 50 años, por cierto, pero sobre todo el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Solicitamos entonces al pleno información sobre medidas adicionales a lo que se ha dispuesto y se dispondrá para avanzar y contribuir a la verdad y la Justicia, y también al Plan Nacional de Búsqueda”, explicó Erika Hennings Cepeda.
El Plan Nacional de Búsqueda de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos es una promesa de este gobierno a las agrupaciones de víctimas de derechos humanos de la dictadura y a la sociedad. Para estas tres organizaciones es fundamental que el Poder Judicial se involucre a fondo en este Plan para obtener los resultados deseados: Encontrar a las personas desaparecidas, y conseguir verdad y Justicia.
Para ello, el Poder Judicial debe superar su actual forma de trabajar, debe ampliar su accionar, con la incrementación de recursos y personal destinados a esta tarea, impulsando nuevas diligencias y concentrando más esfuerzos en las causas pendientes, considerando el tiempo que ha transcurrido y que comienza a afianzar la impunidad biológica.
Por ello, solicitaron a la Corte Suprema informar sobre las medidas adicionales que se adoptarán en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar y, en particular, a lo que se refiere a la contribución del Poder Judicial al Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el gobierno el pasado 30 de agosto.
“En el país no se pueden seguir negando los derechos que se vulneraron durante todo ese periodo para nuestro pueblo. En ese Plan de Búsqueda también están los ejecutados, comprobados por los familiares, los testigos, que los sacaron, los mataron y sus cuerpos los dejaron en el aire”, sentenció la vocera de la AFEP, Raquel Roa Rubilar.
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(1) Carta al pleno del Poder Judicial (Ver carta)
por Agencia Merkén SpA.