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Cristian, padre de Ángela González Aros: “Yo veo a la justicia, como una justicia de clase (…) Qué otra prueba quieren, de qué forma le decimos a la justicia que él sí mató a mi hija”

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Por Amory Díaz Sánchez / Fotos: Gentileza Familia González Aros

Fue el 29 de marzo de 2021, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente cuando Ángela de 24 años, hija única de Cristian y Delfina, y madre de un niño de 9 años, fue atropellada intencionalmente por Juan Zamorano Álvarez, en la comuna de Colina, falleciendo horas más tardes en la Clínica Las Condes, producto de las graves lesiones sufridas.

Pese a la perfidia del homicida, el asesinato de Ángela se cometió ante la mirada impertérrita de al menos 14 carabineros de la 8° Comisaría y la Escuadra de Contingencia Operativa de Colina, quienes encontrándose en el lugar, abdicaron de sus responsabilidades de control del orden público y protección a los manifestantes: tras el atropello, efectivos policiales no persiguieron a Zamorano posibilitando que éste se diera a la fuga, y peor aún, obstaculizaron el paso del automóvil que intentaba trasladar a Ángela a un recinto asistencial.

Que la justicia tarda, pero llega, no es precisamente el sentir de Delfina y Cristian, quienes hace más de dos años esperan se castigue a los responsables por el asesinato de su hija. La excesiva lentitud de los operadores de justicia, y la impunidad generalizada con que actúa Carabineros, los mantiene en vigilia constante, pues no solo arrostran la ausencia de Ángela, sino que también lidian con el hostigamiento de Carabineros y el desvergonzado actuar de Juan Zamorano, quien pese a estar con arresto domiciliario total mientras continúa la investigación, habría infringido la medida cautelar en múltiples oportunidades, según consta incluso en documentación oficial de Carabineros (1).

Aunque no carente de traspiés, el proceso judicial está en curso. La querella criminal interpuesta por la defensa contra Juan Zamorano Álvarez fue por homicidio calificado con alevosía y premeditación, agregándose posteriormente una ampliación en contra de Carabineros por el delito de abandono de deberes militares, quienes, en la más profunda inacción y aquiescencia, dimitieron de sus responsabilidades tras el atropello de Ángela.

Pese a las pruebas, testimonios y antecedentes, Zamorano fue formalizado en diciembre de 2022 por Homicidio Simple Consumado manteniéndose la medida cautelar de arresto domiciliario total, a pesar de los intentos de la defensa por lograr la prisión preventiva.

Lo cierto es que la sensación de injusticia, desprotección e impunidad se incrusta doliente en la conversación que sostuvimos con Cristian y Delfina. Y no deja de estremecernos su relato, pues a pesar de la profunda pena, ambos se entregan con fuerza, a visibilizar el sinuoso camino que recorren desde que Juan Zamorano asesinó a Ángela en presencia policial.

El objetivo: esperan que, aunque tarde, la justicia sí llegue: “esperamos que todo esto no se demore tanto, pero lamentablemente las leyes son así, espero que este tipo (Zamorano) pague con cárcel efectiva. No me van a devolver a la Ángela, ni a mi nieto su mamá, pero igual voy a sentirme un poco más aliviada si sé que mi hija tiene justicia”, dice Delfina.

Empero, nada empaña el orgullo que sienten. Con tan solo 24 años, nos cuentan que Ángela tenía muy claras las desigualdades, y como madre, feminista y activista, también las convicciones, luchas y trincheras desde donde disputó derechos y territorios durante el Estallido Social: “iba a luchar a (plaza) Dignidad por trabajo, justicia, por una mejor educación para su hijo. Ese era su anhelo, un país mejor para su hijo”, afirma su mamá.

¿Quién era Ángela, La Capuchita?

“Ángela es hija única. Nos costó mucho tenerla. Estuvimos bastantes años tratando de buscarla” confidencian sus padres, quienes además comparten que desde pequeña fue muy “activa, buena amiga y siempre andaba metida en ayudas sociales”.

Los primeros tiempos los vivieron en Conchalí, en la casa de la abuela materna de Ángela. Cuando tenía alrededor de 4 años se trasladaron a Colina, lugar donde creció, estudió, desarrolló su vida y también tuvo a su hijo, quien fuera motor de todas sus acciones y decisiones: “Su hijo era lo primero, luchaba para que estuviera bien”, agrega Delfina.

Desde el nacimiento del niño, que hoy tiene 9 años, la joven madre comenzó con un negocio de ventas por internet, “tenía mucha clientela” dice su papá, añadiendo muy orgulloso que “vendía hasta piedras de ser necesario” para asegurar el bienestar del pequeño.

No sólo su rol de madre, sino que tenía también muy claro sus bastiones de lucha y el “país que quería dejarle a su hijo” dice Cristian, agregando que, desde el Estallido Social, Ángela comenzó a integrar el movimiento feminista y también formó parte de las Mujeres Autoconvocadas de Colina, participando activamente de las manifestaciones que se realizaban todas las semanas en Plaza Dignidad.

“En esas marchas conoció a mucha gente, anduvo en muchos lados protestando, pidiendo igualdad (…) Mi hija era menudita y flaquita y aunque yo no lo creía ella siempre me decía ‘papá yo soy primera línea, estoy luchando territorio con los pacos´. Su norte era luchar por eso y su hijo. Ella era bien conocida por su empatía, era bien querida”.

Incluso sus padres recuerdan que “en el funeral llegó mucha gente de Dignidad que la conocía y muchos eran de la primera línea. Esas personas me decían: ´La Ángela era de primera línea, ella estaba ahí luchando´. En ese momento nos enteramos que le decían ´La Capuchita´ y que hizo muchas cosas para ayudar a otros, sin que nosotros supiéramos. Esa era mi hija”.

Con el amor en tiempo presente, Cristian y Delfina continúan hablando de su hija, recordando exactamente todo lo que vivieron aquel Día del Joven Combatiente de 2021. Ángela iría a la manifestación en Plaza Dignidad, pero como “ella siempre pedía permiso y no era de avisar, yo le dije que mejor no fuera porque podría ser muy peligroso”, por lo que la joven se contactó con sus amigas/os y decidieron “prender acá en Colina, y bueno, ahí salieron ese 29”, cierra Cristian.

29 de marzo

Fue en la carretera General San Martín, a la altura del paradero 40 de la comuna de Colina, donde un grupo de personas conmemoraban el Día del Joven Combatiente. Alrededor de las 20:30 horas, Ángela y sus amigas, Scarlett González y María Paz Muñoz, todas integrantes de las Mujeres Autoconvocadas de Colina, llegan hasta el lugar donde estaba encendida una barricada, la cual sólo ocupaba una parte de la calle permitiendo el tránsito vehicular por el sentido contrario de la misma calzada. La manifestación incluía música, conversación, un ambiente pacífico y como es de esperarse, la presencia policial de efectivos de la 8° comisaría.

Sin embargo, repentinamente una camioneta de grandes proporciones se detuvo frente a la barricada, su conductor -en reiteradas oportunidades- hizo intentos de avanzar y frenar, finalmente embistiendo de manera directa, pasando por sobre la barricada e impactando a Ángela. Como ya fuera mencionado, el autor del delito se dio a la fuga sin que Carabineros, presentes en el lugar, adoptara medidas para su persecución y captura. Scarlett y María Paz afortunadamente alcanzaron a escapar de la trayectoria del vehículo, que conducía Juan Zamorano.

Cristian González recuerda que fue alrededor de las 21:45 horas cuando un amigo de su hija llega a avisarle lo ocurrido. Tras la noticia, inmediatamente llegan al servicio de urgencias de la comuna donde logran verla, pero debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladada a la Clínica Las Condes.

Una vez en el recinto, “nos dijeron que teníamos que esperar, que un médico iba a hablar con nosotros. Esperamos un buen rato, y luego nos explican que la van a operar porque estaba complicada. Seguimos esperando y en eso llega una enfermera y nos dice que tenemos que subir porque los médicos iban a hablar con nosotros. Ahí nos dicen que Ángela había fallecido. Se nos derrumbó el mundo, y después de eso todo lo que vino es bastante duro, hasta el día de hoy nos duele pues era nuestra única hija. Ella nos dejó un nieto, es tremendo y bastante doloroso”, expresa el papá de la joven.

Desde ese momento, la vida se vuelca en lograr justicia, y sin tregua al dolor, comienza el proceso de capturar a Zamorano, quien por segunda vez se da a la fuga, esta vez cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llega hasta su domicilio a efectuar la detención.

Según relata Cristian González, “al otro día (del homicidio) en la mañana Investigaciones llega al condominio donde vivía (Juan Zamorano) y ven que afuera de su domicilio estaba la camioneta y un trabajador con overol limpiándola. Cuando esta persona ve a investigaciones, entra a la casa y sobre la misma sale Zamorano, se sube a la camioneta y sale arrancando, haciendo tira la barrera del condominio. Está la grabación de eso y casi atropella a un funcionario de la PDI. Como a la 1 de la tarde nos avisan que se había entregado y que había ido con un abogado. Claro fue después que ya no tenía nada de alcohol en el cuerpo para aminorar el delito, él dice que se entregó voluntariamente, pero después de arrancarse, darse a la fuga y limpiar el vehículo. En todos los peritajes que hizo investigaciones aparecía sangre, pero en la declaración Zamorano dice que esa sangre era de él, pero en realidad la sangre era de Ángela”.

Justicia de Clase

Juan Zamorano no alcanzó a estar una semana en prisión preventiva. En abril de 2021 se realizó una audiencia que no fue informada a la familia, y en la cual el abogado del homicida logró cambiar la medida cautelar a arresto domiciliario. No hay letras, párrafos o texto que logren describir lo que en ese momento sintieron los padres de Ángela, sin duda una desolación y decepción absoluta ante la incongruencia del sistema judicial:

“Para nosotros fue muy fuerte habernos enterado de eso, que a un asesino lo dejen en libertad, ¿Por qué no es un peligro para la sociedad? Él se arrancó dos veces, casi atropelló a un PDI y anduvo tranquilamente en su casa. El asesinó a una niña, pero un joven que va a protestar a Dignidad, que no hiere a nadie, ¿Sí es un peligro? A esos jóvenes los tienen presos y les tiran hasta 15 años de cárcel. Hay una pura justicia, una justicia de clase, no hay otra (…)”, argumenta el papá de Ángela.

Han transcurrido más de 2 años, y pese a los esfuerzos del equipo defensor, quienes han acreditado que Zamorano ha infringido el arresto domiciliario, la Corte aún no accede a revocar la medida y dictar la prisión preventiva.

En ese sentido, la abogada de la familia, Renata Juica Villamán, explica que “es bastante incomprensible la medida de la Corte de no haber cambiado la medida cautelar, pese a estar acreditado el incumplimiento de ésta. Es algo muy sintomático de la justicia que tenemos en Chile y de la justicia de clase, porque si esto les pasara a las personas que día a día son puestas en prisión preventiva por otros delitos, inmediatamente les cambiarían la medida cautelar, incluso teniendo (solo) un incumplimiento. En este caso, cuando nosotros hicimos la solicitud, acreditamos más de un incumplimiento, eran alrededor de 10 en un par de meses”.

Lo cierto es que, en los múltiples casos de violación a los Derechos Humanos, hemos sido testigos de las incongruencias y falencias del sistema judicial chileno, no solo en contexto de Revuelta Popular, sino también en nuestra fracturada historia reciente. La excesiva lentitud en las investigaciones – diligencias y la falta de rigor de los operadores de justicia como la PDI o el SML, entre otros, parecieran obstaculizar más que contribuir al esclarecimiento de la verdad.

Por ejemplo, más de un año tuvo que transcurrir para que la PDI realizara la reconstitución de escena del asesinato de Ángela. Karinna Fernández, también parte de la defensa, denunciaba en mayo de 2022 que, ante la consulta de plazos, en ese entonces, “la respuesta de la PDI ha sido que la reconstitución no ha podido realizarse porque los funcionarios estaban enfermos o con licencia”. [2]

Se agrega que, en enero de este año, Zamorano nuevamente fue visto en las calles de Colina infringiendo el arresto domiciliario. Esta vez un registro fotográfico lo corrobora, el cual fue presentado ante la PDI. El mayor problema es que han transcurrido poco más de 3 meses y aún no hay respuesta ni resolución a la denuncia realizada por el padre de Ángela:

“Él (Juan Zamorano) igual anda en la calle, lo han visto comprando en botillerías. Una persona lo vio acá en Colina, le tomó una foto en un negocio y nos la hizo llegar. Esa prueba la presenté y después me dijeron que fuera a hacer la denuncia a Investigaciones, la hice, y ahí supuestamente ellos (PDI) iban al otro día a pedir las cámaras del local. Esto fue en enero de este año, y todavía no hay una resolución de eso. Todavía no llega el informe de investigaciones, ha pasado bastante tiempo para una resolución que debería ser más rápida, más aún si él está infringiendo una medida cautelar que es algo grave”, denuncia Cristian González.

Según añade la abogada Renata Juica, si bien se está a la espera del cierre de la investigación para continuar con el proceso, “falta solo un informe de la PDI para que la fiscal pueda hacer el cierre. La PDI ha sido un obstáculo tremendo para el avance de la investigación, se han demorado una cantidad de tiempo irrisoria”, sentencia.

En síntesis, la lentitud en las diligencias solicitadas, la negativa de cambiar la medida cautelar a pesar de tener pruebas de su incumplimiento, y por sobre todo, sostener la vida sin Ángela, ha sido suficiente. Más allá de tecnicismos, jueces o diligencias, esta familia continúa palpando en primera persona, las corrosivas fórmulas de hacer -o no hacer- justicia en Chile, sintiendo una profunda desigualdad en las formas de acceso a la verdad.

Así Delfina y Cristian reafirman que sienten “la justicia, como una justicia de clase, porque él tiene los medios para moverse, para dilatar y nosotros sólo podemos esperar, no podemos hacer nada más. La justicia en Chile es muy mala, como que defiende a los que cometen un delito, y a las víctimas no nos ayuda en nada. Mataron a nuestra hija, y no hacen nada. Están todas las pruebas, las cámaras, el video, hay fotografías, están los peritajes y la reconstitución de escena, ¿Qué más quieren para ver que este tipo sí asesinó a mi hija? ¿Qué otra prueba quieren? ¿De qué forma le decimos a la justicia que él si mató a mi hija?»

Aquiescencia y Hostigamiento Policial

Hemos consignado la inacción de Carabineros tras el atropello de Ángela, quienes previo al hecho no adoptaron medidas para proteger a los manifestantes. Se agrega que, consumado el crimen, tampoco auxiliaron a las víctimas ni persiguieron al autor, quien impunemente se dio a la fuga. Peor aún, intentaron detener al automóvil que intentaba trasladar a Ángela a un centro de urgencias, y luego, no colaboraron con la ubicación del imputado.

Adicionalmente, y según consta en la ampliación de querella en contra de Carabineros, a la fecha no han aportado los antecedentes suficientes y requeridos para la investigación.

Ante este nefasto currículo de omisiones y aquiescencia institucional, los padres de Ángela se sienten “desprotegidos por Carabineros”, ya que, además, han sido víctima de seguimiento y vigilancia de parte de efectivos policiales, sobre todo, los días 29 de cada mes, cuando realizan una marcha pacífica en homenaje a Ángela. Cristian denuncia que “en 3 o 4 oportunidades me han fiscalizado, incluso una vez fueron 4 carabineros los que me pidieron el carné de manera muy prepotente, y todo esto fue afuera de mi casa cuando me fumaba un cigarro (…) Incluso una vez andaba una patrulla de Chicureo viendo y siguiéndonos en una de las marchas que realizamos los días 29”.

Quizás uno de los momentos más álgidos fue el que vivieron el 29 de enero de este año, cuando en reiteradas oportunidades un mismo vehículo pasaba por fuera de la casa de Cristian y Delfina, mientras uno de sus ocupantes “grabó o sacó fotos” al mosaico que se hizo en honor a Ángela. Según relatan, en una primera instancia no fue extraño, pues es “algo normal que pasa a diario y no le tomé importancia, ya que el vehículo se fue”, recuerda el papá de la joven.

Sin embargo, minutos más tarde nuevamente el mismo vehículo transitaba lentamente por fuera de la casa familiar, por lo que Cristian sale a enfrentarlos, empero, “cuando me vieron, aceleraron y salieron arrancando”. La reacción inmediata fue salir en su búsqueda, logrando grabar el automóvil: “Me devuelvo a la casa, y al revisar el video, se ve la patente y le saco un pantallazo. Cuando la revisé me di cuenta que era un vehículo de la Dirección de Logística de Carabineros y eso está en la carpeta investigativa. Entonces: ¿Qué puedo esperar de Carabineros, si me andan persiguiendo?»

Son muchas las aristas que van configurando el caso de Ángela González, que no sólo está involucrado un civil, sino que también efectivos de Carabineros, y un sistema cuyos operadores de justicia parecieran no responder a los requerimientos, plazos y diligencias necesarias, constituyéndose, así como los principales obstaculizadores del derecho a justicia y verdad.

Defensa con perspectiva de género

Desde el primer momento la defensa ha considerado imprescindible poner en el centro y de manera transversal la perspectiva de género en la investigación. Esto refiere a dos ámbitos específicos: por una parte, en la motivación del homicida, incluyéndose por tanto la discriminación como agravante, y aduciendo, por otra, al Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, los estándares y rigor con que debieran actuar los operadores en Chile.

Es en esta línea que la defensa resalta la agravante del artículo 12 N° 21 del Código Penal, el cual refiere a “Motivación por discriminación”: Según lo estipulado en dicho cuerpo legal, se considera por tanto: “cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca”, circunstancia agregada tras la promulgación de la Ley Zamudio (N° 20.609) en el año 2012, estableciendo las medidas contra la discriminación.

Basado en esos antecedentes y en su calidad de víctima, el asesinato de Ángela estaría en parte motivado por su condición de mujer, activista, defensora de los derechos y por el hecho de haber participado de una manifestación que conmemoraba a las víctimas de la dictadura cívico-militar.

En segundo término, la defensa ha solicitado investigar los hechos a la luz de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que Carabineros de la 8° Comisaría de Colina habrían cometido violencia estatal al abdicar de sus responsabilidades, no sólo de protección a las víctimas, sino también en la escena del crimen.

Esta solicitud de la defensa, se debe principalmente a que los operadores de justicia no consideran a priori los estándares internacionales en materia de DD.HH para la investigación de un delito, lo que muchas veces no permite avanzar con el rigor exigido en casos de violación a los derechos humanos:

“Efectivamente en Chile los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos son bastante ignorados, y esto es en todo orden de cosas. Es un fenómeno bien complejo, y tiene que ver con que no existen sanciones concretas y palpables a corto plazo para los operadores judiciales si es que no se cumple con esos estándares. También, tiene que ver con una cultura judicial que en Chile se toma como algo menos riguroso, pero es un tema de voluntad política y donde existe responsabilidad de parte de los gobiernos de turno, porque son ellos los que han ido firmando estos tratados que generan las obligaciones para Chile (…) Creo que ahí hay una grave falencia”, explica la abogada defensora Renata Juica.

Es en este escenario que los padres de Ángela esperan que pronto se condene a Juan Zamorano. Según la jurista, el victimario arriesga una pena que va desde los 10 años en el caso que se le condene por homicidio simple, hasta cadena perpetua si se logra juzgar por homicidio calificado, “pero también podría bajar la condena en el caso que se condene por homicidio culposo”.

Pese a todo lo que han debido enfrentar, Delfina y Cristian siguen luchando por su hija, y también por su nieto. En honor a la vida y convicciones de Ángela, continuarán hasta lograr que “la justicia haga su pega”. Confiados en la labor de las abogadas defensoras, guardan esperanza que pronto Juan Zamorano será juzgado y sentenciado por el homicidio de Ángela:

“Nada nos va a devolver a Ángela, nada le va a devolver a mi nieto a su mamá, él va a tener que vivir de por vida sin su mamá, pero va a ser un descanso saber que se está haciendo justicia. Esperamos que condenen a este tipo, que pague por el asesinato de mi hija, y que sea cárcel efectiva”, sentencia Cristian González.

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1) Oficio arresto domiciliario (Ver documento)

2) 9 de Mayo2022. “Obstaculizar el derecho a la verdad y la justicia: abogada Karinna Fernández denunció dificultades en investigaciones por violaciones a los DDHH durante la revuelta social”. (Ver texto)

*Reportaje publicado en la edición 19 de revista Grito


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