Fotos y texto: Amory Díaz Sánchez
Podrán transcurrir treinta, cuarenta o más años, pero el paso del tiempo jamás atenuará el duelo eterno que viven los familiares y víctimas de la dictadura cívico militar chilena. Pero tampoco podrán aplacar su incansable lucha por justicia, reparación y, sobre todo, no repetición.
Nadie que albergue una mínima cuota de humanidad podría quedar indiferente ante la barbarie institucionalizada a partir de 1973. Y, como si aquello no fuera suficiente, conocer los relatos en torno a la ejecución política de niños, niñas y adolescentes es como si te arrancaran una y otra vez el corazón de cuajo.
Así se siente recorrer las más de 300 páginas del libro “Rompiendo el Silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar: 1973-1990” editado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), en un trabajo colaborativo con la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, cuyo emotivo lanzamiento se realizó en Valparaíso el pasado 14 de abril, en compañía de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas.
El texto que se constituye como un ejercicio de memoria y justicia ante la inhumanidad del régimen, también busca interpelar la oficialidad de la historia, en cuyas polvorientas páginas pocas veces se visibiliza la crueldad ejercida en contra de los niños, niñas y adolescentes ejecutados por agentes del Estado. De este modo, y dividido en tres capítulos, los diversos relatos de familiares, nutridos con los archivos de la Agrupación (AFEP), reconstruyen la vida y muerte de 205 personas cuya biografía no superó los 18 años.
En el primer apartado se recuerda a niños, niñas y adolescentes ejecutados entre los años 1973 y 1979, mientras que en el segundo capítulo a aquellos asesinados entre 1980 y 1989. Especial atención cobra la tercera parte que contabiliza a cuatro no natos, es decir, niños/as que fueron asesinados en el vientre materno a causa de vejámenes y torturas.
Este valioso documento histórico, que se construye sobre los casos consignados en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) cierra sus páginas con un memorial en el que se nombran a todos/as los/as niños/as ejecutados políticos entre 1973 y 1989.
Vidas inconclusas
De este modo, el corpus completo se constituye como un sentido homenaje a las vidas inconclusas, a las que fueron arrebatas por la arbitrariedad del poder y la barbarie. Esta obra es el reflejo de una memoria abierta y en permanente construcción que incomoda al suturado relato de la historia reciente.
Aquel 14 de abril la templanza de Alicia Lira, presidenta de AFEP, logró transmitir el profundo acto de valentía de los familiares de las víctimas, quienes en un esfuerzo colectivo lograron visibilizar y honrar a sus muertos. Más allá de la materialidad del artefacto “libro”, los relatos allí acunados nos ofrecen otra posibilidad para confrontar e impugnar el bloque estático y homogéneo que la postdictadura utilizó para silenciar los desbordes discursivos y vivenciales de la historia, la dictadura, la memoria y sus víctimas.
“Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar:1973-1990” visibiliza el mapa del horror contra menores de edad, al mismo tiempo que se erige como una cartografía de justicia y amor al traer nuevamente a la existencia a aquellas vidas que fueron arrebatas injustamente:
“Mediante este libro se pudo hacer un poco de justicia y honor visibilizando a todos esos niños y niñas y adolescentes que fueron asesinados en dictadura. Hablo en especial de mi querida y recordada hermana Alicia. Ese fue el último día en que pudimos compartir una sonrisa, un abrazo y sueños… porque esa misma tarde la asesinaron”, relata Cecilia Aguilar Carvajal. Alicia tenía tan solo 6 años cuando fue alcanzada por un proyectil. Fue el 18 de septiembre de 1973 cuando la vida de esta familia cambió por completo ante la violencia e irracionalidad usada por efectivos del Estado.
Según se consigna en el libro “Alicia Marcela Aguilar Carvajal murió ese día a las 20:15 horas, en Plaza Panamá, por una herida de bala torácica con salida de proyectil, según el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. El día de los hechos, alrededor de las 17:30 horas, la menor se encontraba jugando en compañía de su hermana en la Plaza Panamá, ubicada en Martínez de Rosas con Maturana, a dos cuadras de su domicilio. Repentinamente aparecieron numerosos vehículos militares, cuyos efectivos dispararon en distintas direcciones. Alicia Aguilar fue alcanzada por uno de estos proyectiles y falleció cuando era conducida hasta un centro asistencial”.
Transitar por las más de 350 páginas del texto, necesariamente remite al lector a una profunda retrotracción, cuestionándose incesantemente ¿Por qué niños/as y adolescentes? ¿Por qué? La única respuesta factible es que jamás existirá una sola razón que justifique la barbarie humana y la aberración que implica arrebatar una vida y, peor aún, una que está recién comenzando. Por ello, al suprimir arbitrariamente la existencia de un/a niño/a de 1 mes, de 2 años o la de un adolescente de 16, se reafirma la más despreciable acción humana.
La pequeña Alejandra Berríos tenía tan solo un mes de vida cuando “efectivos de Carabineros, que perseguían a presuntos delincuentes, ingresaron disparando al patio del domicilio de los padres (…) Varios proyectiles atravesaron las paredes de madera de la vivienda, uno de los cuales alcanzó a la pequeña que dormía junto a su madre, causándole la muerte”.
En este primer esbozo el lector puede reafirmar cómo la monstruosidad del régimen, del terrorismo de Estado, se hace presente, se expande y crece con los 17 años de dictadura, configurando el mapa más sórdido e inimaginable, aquel donde el horror y la muerte acechan hasta en el más escondido de los territorios de Chile.
La violación a los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia no dejan de abrumar a casi 49 años del Golpe cívico militar y cómo no … Así queda de manifiesto cuando un 14 de de septiembre de 1973 y con tal solo seis años de edad, Claudia Andrea Valenzuela Velásquez, es ejecutada junto a sus padres en la ciudad de Talca, en medio de un allanamiento que posteriormente efectivos policiales harían pasar por un enfrentamiento. Este es el crudo relato que se alberga en la página 222 del texto:
“(…) Fueron ejecutados tres miembros de una familia: Héctor Valenzuela Salazar, de 27 años de edad, profesor universitario; Hilda Isolina Velásquez Calderón, de 31 años de edad, enfermera universitaria y militante comunista; y Claudia Andrea Valenzuela Velásquez, de seis años de edad. Carabineros llegó hasta el domicilio de la familia en el marco de las investigaciones que realizaban a raíz del incidente de Paso Nevado. Allanaron la casa de Héctor Valenzuela y le dieron muerte a él, a su cónyuge y a una de sus hijas. Dejaron heridos a los otros dos hijos del matrimonio, Paula y Gonzalo Valenzuela de cuatro y dos años respectivamente. La explicación oficial señaló que se había tratado de un enfrentamiento. Los antecedentes reunidos por esta Comisión acreditan que la casa fue allanada en la madrugada y las víctimas ejecutadas en su interior; los efectivos policiales habían acordonado el sector desde temprano, advirtiendo a algunos vecinos que no salieran a la calle y ordenando que permanecieran en sus casas; y que cuando llegaron otros familiares del profesor y aún se encontraban los cadáveres en la casa, los Carabineros presentes explicaron que se había tratado de un suicidio”.
Por otra parte, Miguel Ángel Ponce tenía 18 años de edad cuando fue detenido por Carabineros junto a otras tres personas en la población San Gregorio. Según se consigna en la página 171 del texto, aquel 20 de octubre de 1973 “fue trasladado a la Comisaría del sector. Al concurrir sus familiares a la unidad policial a consultar por los afectados, los policías les señalaron que estaban detenidos «por sospecha» y que quedarían en libertad horas más tarde. El mismo día 20 de octubre, los cuerpos sin vida de estas cuatro personas aparecieron abandonados en diferentes lugares de Santiago, con numerosos impactos de balas”.
Acunando la memoria
Alicia tenía 6 años, Alejandra 1 mes de vida, Claudia tan solo 6 años, Miguel Ángel fue ejecutado a los 18. Y así continuamos: Samuel Castro a sus 13 años fue impactado por un proyectil mientras jugaba a la pelota. Lorena Escobar tenía tan solo 3 años cuando fue asesinada, la pequeña “murió en Santiago el 8 de octubre de 1978, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte de carabineros, quienes ingresaron disparando a la casa del tío de la víctima, que era acusado de un delito de incendio”.
Eran niños, niñas, adolescentes. Eran hijos/as, hermanos/as, sobrino/as, nietos/os. Eran estudiantes de enseñanza básica y media. Eran obreros, comerciantes, feriantes y ayudantes de oficios. Algunos/as militantes, otros/as no. Fueron ejecuciones colectivas o individuales cometidas con alevosía, por abuso de poder y sustentadas en el odio fascista que hasta el día de hoy deja cicatrices profundas, dolores irreparables y un duelo eterno.
Sin embargo, la fragilidad de los procesos de reconstrucción histórica no ha sido un impedimento para concretar este anhelado proyecto. Muy por el contrario, y tomando fuerza en lo vivido, desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se entregaron a la tarea de rescatar las fotografías, testimonios, cartas y recuerdos guardados durante décadas por muchos de los familiares, para plasmar más allá de la muerte, la vida y existencia de estos niños/as.
Tal como expresara Alicia Lira, la reparación a las víctimas no es un “problema de los familiares ni de las asociaciones sino de toda la sociedad y una deuda del Estado. Tenemos una justicia en la medida de lo posible, pero seguiremos luchando por ellos. Ese tipo de justicia nunca ha menoscabado nuestros principios y el amor infinito hacia nuestros familiares. No estamos aquí porque los mataron, sino porque los amábamos y son parte de nuestra historia, porque muchos resistieron, tuvieron un sentido de lucha y compromiso por terminar con la cultura de la muerte”.
Lo cierto es que este tremendo esfuerzo editorial que compila y visibiliza la vida de 205 personas, desde niños no natos hasta adolescentes de 18 años, representa un acto de valentía al confrontar la hegemonía del recuerdo post dictatorial y, por sobre todo, rememorar aquellas vivencias más íntimas de cada uno de los familiares.
Sin duda cada página de este libro se gesta como una extensión de memoria, como un acto de resistencia colectiva, visibilizando, homenajeando y acunando las vidas de niños, niñas y adolescentes ejecutados políticos de la dictadura cívico militar.
*Nota publicada en la edición N° 11 de revista Grito
por Agencia Merkén SpA.