Por Maximiliano Sepúlveda R.
En marzo recién pasado, Amnistía Internacional entregó su informe anual respecto a la situación de los Derechos Humanos en el mundo (1).
El documento, de casi 500 páginas, pone bajo un escenario preocupante a Chile, destacando el estancamiento en las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas tras el Estallido Social, además del masivo cierre de investigaciones sin cargos. En este punto, se destaca la orden del fiscal nacional para una revisión de las causas cerradas, a fin de ultimar diligencias antes de descartar las denuncias.
Más adelante, aborda la aguda crisis del Programa Integral de Reparación Ocular, PIRO, en cuyos detalles ahondamos en ediciones anteriores.
En otro tema, Amnistía Internacional se suma a la preocupación generalizada por el uso abusivo e indiscriminado de la prisión preventiva en Chile, además del manifiesto hostigamiento a activistas medioambientales y defensores de Derechos Humanos, especialmente en las localidades de Petorca, Quintero y Puchuncaví.
Respecto a la crisis migratoria, el informe destaca negativamente la inacción del gobierno de Sebastián Piñera respecto a la obligación del Estado de Chile de ofrecer alojamiento y ayuda a aquellas personas que entraron al país irregularmente buscando refugio. A esto se suma, el hecho de que alrededor de 500 personas fueron expulsadas del país sin el debido proceso, lo que correspondería a un plan gubernamental de expulsión colectiva de migrantes, lo que viola el Derecho Internacional ya que la jurisprudencia indica que las expulsiones, de producirse, deben estar sujetas a un proceso jurídico individual ceñido a las normas, y que la expulsión grupal de personas está terminantemente prohibida.
El apartado correspondiente a nuestro país cierra con graves denuncias efectuadas por el INDH respecto a personas que fueron notificadas de su expulsión en vísperas de festivo y/o fin de semana, con la intención manifiesta de no permitírseles apelar, y un caso especialmente grave de personas que habrían sido engañadas por efectivos policiales para firmar documentos que visaban su propia expulsión, bajo el pretexto de que se trataban de formularios para iniciar su proceso de regularización migratoria.
Consultado por los alcances de este balance anual, específicamente en lo referido a la dilación en investigaciones por violaciones de derechos humanos, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, indicó que: “Desde Amnistía Internacional hemos planteado que hay un escenario de impunidad porque de las más de 10 mil denuncias que se presentaron en relación a las graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del Estallido Social, sólo ha habido 9 sentencias condenatorias, lo que es un 0,083% del universo total. Además, las causas que han estado en investigación se han cerrado o han avanzado muy lentamente, con diligencias que aún están pendientes por parte del Servicio Médico Legal e Investigaciones, por lo que creemos que el Estado de Chile respecto a asegurar verdad y justicia a las víctimas de violaciones a los DDHH y esperamos que el sistema de justicia y el Estado en su conjunto vayan adoptando medidas que permitan que nuestro país cumpla las obligaciones internacionales que tiene en esta materia”.
Respecto a las ampliamente denunciadas deficiencias en el programa PIRO, Rodrigo Bustos señaló que la organización ha sido enfática respecto a que las prestaciones del Programa Integral de Reparación Ocular no constituyen en ningún caso una iniciativa de reparaciones integrales por parte del Estado, al menos no de acuerdo a estándares internacionales mínimos. Lo anterior, implicaría, “prestaciones por cierto médicas, pero también sicológicas, sociales, indemnizaciones, etc. El programa es sólo una parte de esto y así y todo ha tenido una serie de insuficiencias respecto de las atenciones realizadas, la falta del programa PIRO en regiones, y por lo tanto hemos seguido planteando esto incluso en reuniones con la ministra de Salud, se nos dijo que estaba en la agenda no sólo en lo que respecta al programa PIRO sino que a otro tipo de víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el Estallido Social”.
Respecto al uso indiscriminado de la prisión preventiva como herramienta de castigo y/o pena previa a un fallo judicial condenatorio, desde Amnistía Internacional se habla de un problema regional que en nuestro país reviste especial gravedad: “Los estándares internacionales indican que la prisión preventiva debe ser la excepción porque las personas no deben estar privadas de libertad si no han tenido una sentencia condenatoria, sino termina convirtiéndose finalmente en una suerte de castigo o pena anticipada. En Chile en general una de cada tres personas que ha estado presa lo ha estado en prisión preventiva, sin una sentencia condenatoria, y en el caso de las personas imputadas por delitos comunes en el contexto del Estallido Social, denominados o denominadas presos de la revuelta, ocurrió exactamente eso. Esto se vio reforzado con la utilización de querellas por Ley de Seguridad del Estado, por parte del gobierno anterior, lo que hacía que estas prisiones preventivas fuesen aún más intensas. Esto por supuesto nos ha generado preocupación y esperamos que desde el legislativo y el sistema de justicia se trabaje para evitar estas prisiones preventivas tan extensas”, concluyó Rodrigo Bustos.
Consultado respecto a la política del gobierno (anterior y actual) en materia migratoria, Rodrigo Bustos apuntó directamente al Ejecutivo respecto de las decisiones que se han tomado en la materia y cómo estas han afectado los Derechos Humanos de personas migrantes, además de los incalculables costos humanos de no prestar auxilio, amparo y abrigo a los migrantes que cruzan el desierto por la frontera norte, situación que ha provocado centenares de muertes en el último año.
“Como Amnistía Internacional entendemos y reconocemos el derecho de los países a fijar sus propias normas respecto a un flujo migratorio ordenado, pero que eso debe hacerse con un enfoque de Derechos Humanos, entendiendo que las personas migrantes pueden contribuir fuertemente al desarrollo de un país, y que además tienen Derechos Humanos. Esto no se ha llevado a la práctica tanto por parte de funcionarios de la PDI que habrían engañado a personas migrantes respecto a su regularización para luego ser aprendidas y expulsadas del país, expulsiones masivas sin debido proceso e ilegales, de acuerdo con lo señalado por los mismos Tribunales, y una práctica muy frecuente, especialmente el año pasado, que tiene que ver con la imposibilidad siquiera de acceder a una solicitud de refugio. Hay que entender que las personas están solicitando refugio internacional por parte del Estado de Chile. No están, simplemente, eligiendo migrar. Están escapando de otro país por múltiples razones y el Estado ha negado esa posibilidad. Esperamos que en el nuevo gobierno haya un nuevo enfoque en materia migratoria y de refugio que sea coherente y concordante con las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile”, cerró el director para Chile de Amnistía Internacional.
*Reportaje publicado en la edición N° 11 de revista Grito
———————————————–
(1)Informe de Amnistía Internacional 2021-2022
por Agencia Merkén SpA.