Carabineros de Chile es una institución altamente cuestionada y deslegitimada. Sistemáticas violaciones de derechos humanos, una cultura corporativa basada en la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno, forman parte del Estado Policial, son elementos de un eslabón a resolver. Pero, también existe la corrupción desvelada en el denominado “PacoGate”, pasando por el tráfico de semen de caballos pura sangre, hasta montajes como la “Operación Huracán”. La urgencia de una nueva policía es evidente. Pero; cuál es la mejor opción: ¿Reforma o disolución?
Por Carlos Concha Olivares y Maximiliano Sepúlveda | Foto: María Jesús Pueller / Plaza de la Dignidad diciembre 2020
Orden y Patria
Carabineros de Chile, tal como los conocemos, fue fundado el 27 de abril de 1927, por el vicepresidente de la República, el coronel del Ejército Carlos Ibáñez del Campo (DFL Nº 2.484). De esta forma se fusionó la Policía Fiscal con el Cuerpo de Carabineros, instituciones policiales que ya existían en esa época. Desde entonces Carabineros inició un largo recorrido para cumplir con su misión: “Existe para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en todo el territorio de la República”.
No obstante, a poco andar la misión se fue desvirtuando. El prontuario de Carabineros de Chile es largo y requeriría de un extenso reportaje sólo resumir todos sus delitos. Sin embargo, creemos importante relevar algunos hitos para entender por qué hoy esta policía está siendo cuestionada y por qué la transformación de su rol es parte del debate público.
Sólo un sector defiende su actuar: El fascismo y/o neopinochestismo. Durante la dictadura cívico militar de Pinochet, Carabineros profundizó su militarización, se convirtió en otro brazo armado de la tiranía formando parte del terrorismo de Estado. Su actuar se puede sintetizar en el “Caso Degollados”, en marzo 1985, cuando secuestraron y asesinaron a tres militantes del Partido Comunista; José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino.
Posteriormente, durante la transición y en la actualidad se convierte en un aparato represivo que expresa muy bien el Estado Policial, aferrándose a la doctrina de seguridad nacional y su enemigo interno. ¿Por qué? Porque persigue a luchadores sociales y aplaca la protesta social con un sentido de seguridad nacional. Esto se vuelve manifiesto en los asesinatos de Rodrigo Briones Ortiz, Rodrigo Cisternas, Manuel Gutiérrez, o los comuneros mapuche Camilo Catrillanca, Pablo Marchant y Matías Catrileo, por mencionar algunos.
Su máxima expresión represiva, a nivel nacional, se pudo ver durante la revuelta popular de octubre 2019, en el cual, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros se vio involucrado en más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos, desde ataques con perdigones de acero, ataques químicos, mutilaciones de ojos, torturas y apremios ilegítimos. Con “Intramarchas” infiltrados en las jornadas de protestas al margen de la ley y que en esta edición desarrollamos con un trabajo sobre el libro “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el Estallido Social”, de la periodista Josefa Barraza Díaz.
En fin, es tan simple como pasear por el Centro Cívico de Santiago para ver cómo se trata a manifestantes en demanda de libertad de presos políticos o a los estudiantes secundarios que exigen mejores condiciones para poder estudiar.
Pero, estos no son los únicos delitos, también es conocido el “PacoGate”, un caso de corrupción y malversación de caudales públicos, cuya investigación analiza los hechos ocurridos entre 2006 y 2017. Al momento, se habla de un fraude que asciende a los $ 35 mil millones y con 132 personas formalizadas. La investigación es encabezada por el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos.
También, en la oferta delictual de Carabineros podemos encontrarnos con escuchas telefónicas ilegales (1), cohecho, soborno, contrabando (2), tráfico de armas (3), montajes como la “Operación Huracán” (4), un impensado negocio que involucra semen de caballos puras sangre (5) y un fraude de casi $150 mil millones en Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros (6). La lista es larga. La urgencia de una intervención es necesaria y un cambio es perentorio. Ergo, surge la pregunta: ¿Cuándo y cómo se hace ese cambio?
Propuestas
Tal como lo señalamos anteriormente hay amplios sectores que coinciden en la urgencia de modificar a Carabineros, salvo la ultraderecha que la ocupa como su brazo armado de baja intensidad. El gobierno de Sebastián Piñera alcanzó a promulgar la Ley de Modernización de las Policías (Ley N° 21.427) (7), la que tiene 4 ejes principales: Modernización de la Gestión; Institucionalidad y Gobernanza; Control del Orden Público; y Carrera y Formación. Además, promueve el control y auditorías internas. El problema es que esos controles serán realizados por ellos mismos. La norma establece un plazo de 6 años para establecer estas reformas.
Por su parte, el actual Ejecutivo, muchos de sus integrantes, incluyendo al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, cuando eran oposición abogaban fervientemente por la refundación de Carabineros. Hoy, instalados en el Poder, han ido matizando sus intenciones hasta el punto de respaldar el actuar de Carabineros (8) y efectuar tibios anuncios sobre evaluar construir reformas junto a los propios uniformados. En cualquier escenario, la incertidumbre es la reina.
La Convención Constitucional ha demostrado su interés por aportar al debate en esta materia y, desde la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, redactaron un articulado (9). Proponen dos policías de civil, Carabineros y Policía de Investigaciones, no les cambian el nombre, pero le quitan el aspecto militarizado de las orgánicas, cuyo jefe superior sería el Presidente de la República o bajo el mandato del ministerio a cargo de la seguridad pública. “Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”, reza el texto. Además, los obliga a respetar los derechos fundamentales y hablan de una “Política Nacional de Seguridad Pública”. Es importante entender que la nueva Constitución, en este aspecto en particular, solo traza una hoja de ruta, pero es una ley orgánica la que deberá hacer los cambios. De momento, al cierre de esta edición este articulado había sido rechazado por el pleno y se estaba revisando nuevamente en la Comisión de Sistema Político.
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas es una articulación que estudia y critica el rol cumplido por las fuerzas armadas y policiales de América Latina en los golpes de Estado, y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos 70 años, con énfasis en la influencia del gobierno y fuerzas armadas de Estados Unidos en el adoctrinamiento de las fuerzas armadas y policiales latinoamericanas. Desde esta orgánica proponen la desmilitarización de toda fuerza policial bajo una doctrina de derechos humanos. Policías autónomos entre sí, con funciones delimitadas, dependientes de autoridades civiles, con un sistema único de admisión para iniciar una carrera profesional. Sugieren una Policía de Orden y Seguridad, Policía del Tránsito, Policía Comunitaria, Policía de Frontera, Policía Investigadora de delitos.
A su vez, exigen que las policías rindan cuentas como un mecanismo de transparencia y una instancia de participación ciudadana para solicitar procesos de investigación administrativa y de destitución de cargo. Todo ello implementado por una Comisión Interventora que diseñe un sistema de calificación del personal policial actual, en base a su adscripción a la doctrina de los derechos humanos. Será la misma Comisión que recomendará la redistribución del personal actual a las nuevas instituciones policiales.
Patricio Véjar, integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, pone el acento en la necesidad de una sola forma de ingreso. “Eso significa que esta escuela diferenciada entre la oficialidad y la suboficialidad ha reproducido el modelo de segregación social que existe en Chile, porque además el ingreso de la parte oficialidad se hace bajo el requerimiento de una enorme cantidad de recursos económicos. Aquellas personas que quieren ser oficial de Carabineros tienen que poner fianza, comprar uniformes, es una gran cantidad de dinero, además de todo este sistema de recomendaciones de otros oficiales, que prácticamente lo convierte en un ingreso endogámico. Ellos mismos deciden quién entra. Entonces, nosotros creemos que eso debe ser una única fórmula, que no existan mecanismos de discriminación y que existan abiertamente mecanismos de participación y control social”, nos explica.
Por su parte, el analista y académico, Claudio Fuentes, quien estuvo 10 años investigando sobre Seguridad Ciudadana en la Región y autor de varias publicaciones al respecto (10), sostiene que se debe hacer una transformación importante en Carabineros. “Eso pasa por cambiar la estructura de mando y control. Segundo todo lo que tiene que ver con el sistema formativo. Y tercero todo lo que tiene que ver con el vínculo entre la policía y la ciudadanía. El vínculo en la calle, los procedimientos etc. En general las autoridades se centran en el último aspecto que tiene que ver con los protocolos para el uso de las fuerzas. Sin embargo, eso es como la última parte de un proceso de transformación más relevante que hay que hacer”, nos expone Fuentes.
El analista profundiza. Sobre el mando y control se refiere a cambiar el sistema de controles internos, donde se cambie el carácter militar, vertical y jerárquico por una policía moderna capaz de instalar controles internos para anticipar casos de corrupción, violencia y relación con el crimen organizado.
Con respecto a lo segundo plantea una educación continúa para los funcionarios del organismo. También, propone un giro en la relación con el conflicto y mejorar el sistema de inteligencia para prevenir situaciones conflictivas. “En general lo que hacen son respuestas a situaciones de protesta, y no tanto de prevención para evitar escaladas de violencia en la calle”, cierra Fuentes.
¿Disolución o reforma?
En el debate público se ha puesto en relieve la forma de intervenir ese organismo policial, si es por la vía de la disolución o de la reforma. Hay sectores que critican la viabilidad de una disolución bajo el argumento de que nos quedaríamos sin policía por un tiempo. “Eso es una estupidez. En muchos lugares del mundo se han disuelto. En Argentina se disolvió la Policía Federal, a raíz de este periodo largo de gatillo fácil que se llamó y que la policía mataba. Entonces Kirchner llegó y la disolvió y se creó otra policía. Lo que hay que hacer con mucha precisión, con mucha claridad, es el mecanismo de transición. Aquella cantidad de oficiales, de clase, como llaman ellos, para que veas el lenguaje que ellos mismos demuestran esa discriminación social que existe en su interior”, nos dice Patricio Véjar.
Asimismo, agrega que el funcionario de Carabineros, como un trabajador del Estado, debe transitar desde una policía militarizada a una desmilitarizada. “En ese tránsito puede ser desde borrón y cuenta nueva que todos pasen, entonces nunca va a quedar en la nada, y segundo con un mecanismo de calificación que efectivamente permita ver el grado de corrupción que tiene una cantidad de funcionarios, de involucramiento en actividades ilícitas o de su propia dirección a una represión indiscriminada. Ese mecanismo de calificación puede ser muy expedito, es cosa que haya una intervención civil en Carabineros, del Estado o de alguna instancia creada, que se señale los mecanismos por los cuales se recalifica y el traspaso sería prácticamente inmediato. No existe, en ninguna parte del mundo, que la policía desaparezca y no quede policía”, sentencia el miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
En cambio, Claudio Fuentes opina que la disolución de Carabineros “es inconveniente porque se produciría un vacío de poder”. Para el académico establecer una nueva policía requiere de una transición larga de 10 a 15 años. “Mi recomendación sería no disolver Carabineros sino que establecer una reforma profunda a la policía actual, a la policía preventiva, a Carabineros. En general, la experiencia comparada, son muy pocos los casos que hay una disolución de institución y el reemplazo, de hecho, no conozco ni una, en general siempre son procesos que involucran a la fuerza, que se hacen reformas desde dentro de las policías, y con la policía. Creo que una reforma a Carabineros no pasa por su disolución pasa por su transformación”, nos manifiesta Fuentes.
Con respecto a las proyecciones de lo que podría hacer el gobierno en esta materia, Claudio Fuentes señala que lo inmediato el Ejecutivo debe avanzar en una reforma de la policía con un Consejo externo, con apoyo de organismos internacionales, como Naciones Unidas, con experiencia en reformas en el sector de la policía. “Esta comisión debería tener metas, no simplemente funcionar por tres meses, sino una comisión permanente y de asesoría al Presidente de la República para proponer una agenda de reformas internas, pero también para ir monitoreando el cumplimiento de esa agenda. Eso es lo que sugeriría como estrategia. Además, de elementos básicos que tienen que ver con revisar los protocolos y el uso de la fuerza”, indica.
Patricio Véjar comenta que no tiene sentido hacer una reforma policial con los mismos Carabineros. “El mejor pensamiento que puedo tener al respecto es que el gobierno eligió no meterse en problemas, teniendo otra cantidad enorme de problemas que resolver, y decidió tal vez que meterse en problemas con Carabineros era algo que excedía sus capacidades, porque tampoco hemos visto abrir espacios de participación ciudadana que les permitiría tener una noción mejor de lo qué pasa en la sociedad. Creo que están encapsulados”, expresa.
Desde el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas han estudiado e identificado que, después del inicio de la transición a la fecha, las Fuerzas Armadas y Policiales de Chile inician procesos de domesticación con las autoridades de turno, en particular Carabineros a modo de enseñar la importancia del orden público y la seguridad para el país. A su vez, sostienen que por la vía de las reformas, incluso consensuadas, éstas no se podrían hacer cargo de la memoria corporativa y ethos cultural de Carabineros de violaciones de derechos humanos y corrupción. Por ello, abogan por la disolución de ese organismo y por transparentar los gastos e incrementos presupuestarios, los que les han sido negado so pretexto de ser aspectos de seguridad nacional.
Con respecto al trabajo de la Convención Constitucional sobre el capítulo de las policías, tal como está redactado hoy, tanto Véjar como Fuentes, valoran la desmilitarización de las policías y que éstas se vuelvan profesional y técnica. “Tener una policía militar implica tener una estructura de mando y de decisión que es para la guerra, porque una institución militar se prepara para la guerra. En cambio, una policía profesional y civil se prepara para la protección de la seguridad pública. Por lo tanto, me parece adecuado el texto de la nueva Constitución”, nos dice el académico.
Pero, Patricio Véjar profundiza e indica que tal como está la propuesta de norma constitucional se deben realizar algunas precisiones, en especial sobre un mecanismo de ingreso, e incluir aspectos que permitan entender la importancia de una policía de civil para que el debate legislativo sobre la ley orgánica sea más fluido. Por último, señala que esta norma, de ser aprobada, entraría en contradicción con la propuesta de este gobierno de sólo reformar Carabineros.
*Reportaje publicado en la edición N° 11 de revista Grito
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1) «Pinchazos» telefónicos sin control: Las escuchas de Carabineros a humoristas, actores, alcaldes, abogados y sacerdotes (Ver nota)
2) Arica: Condenan a carabineros a 10 años de presidio por cohecho, soborno y contrabando (Ver artículo)
3) Carabineros dio de baja a tres efectivos imputados por tráfico de armas en el Maule (Ver artículo)
4) “Operación Huracán”: testimonios y confesiones confirman que fue un montaje (Ver nota)
5) Indagan presuntas irregularidades en venta de caballos en Carabineros (Ver artículo)
6) Triplicaría al Pacogate: Auditorías revelan posible fraude de casi $150 mil millones en Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros (Ver artículo)
7) Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública (Ver Ley)
8) Ministra Izkia Siches entrega apoyo a Carabineros: «Cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas» (Ver nota)
9) Texto sistematizado sobre policía. Artículo 14 (Ver comparado)
10) Claudio Fuentes es académico de UDP elaboró una tesis doctoral sobre la “cultura autonómica” de la institución. (Ver algunas publicaciones)
por Agencia Merkén SpA.