El pasado 15 de febrero, diversas agencias internacionales remecieron las pautas con noticias desde Cuba: Un tribunal de la isla condenó a más de 20 años de cárcel a 20 personas tras su participación en las protestas del pasado 11 de julio en Olguín. Cinco de ellos menores de edad. En otros casos, la fiscalía cubana pidió más de 30 años de presidio para jóvenes de entre 18 y 30 años.
Por Maximiliano Sepúlveda Rodríguez
“Plan de reordenamiento económico”
Antes de abordar los hechos del verano boreal recién pasado, entendemos necesario dar un poco de contexto. Tras el denominado “periodo especial” (1995), eufemismo con el se nombra al agudo periodo de hambruna que azotó a Cuba tras el colapso de la Unión Soviética, era común que los dólares que ingresaban a la isla, a través del turismo o el envío de remesas que los cubanos que viven fuera envían a sus familiares, fueran transados en la calle de forma medianamente libre.
Hacia el año 2004, se introduce una moneda convertible (el peso cubano tradicional no tiene valor de cambio internacional y no puede ser convertido a dólares u otra divisa externa), denominada CUC. Con este nuevo instrumento, los cubanos podían acudir a las casas de cambio y obtener estos denominados “pesos convertibles”, con un gravamen del 18%, es decir, si se cambiaban US 100, se entregaban 82 CUC, lo que hacía que la moneda fuese más cara que el dólar. Luego, el dinero local podía ser gastado en tiendas y supermercados, que también son del Estado, recibiendo un nuevo impuesto. Es importante agregar a este punto que la tasa de cambio entre el peso cubano convencional y el intercambiable siempre estuvo en el orden de 1/25, es decir, cada peso convertible tenía el valor de 25 pesos cubanos no convertibles. Esto se mantuvo hasta el fin del CUC.
Con el correr de los años, este sistema comenzó a generar una brecha creciente entre quienes tenían (tienen) acceso a moneda extranjera, vía turismo o remesa, y quienes no lo tienen. Esta desigualdad se representa en acceso a bienes y servicios de mejor calidad, ocio, y otros bienes prácticamente inalcanzables para el ciudadano común, como artículos electrónicos o materiales de construcción.
A principios del año pasado, como parte de lo que se denominó “política de reordenamiento” de la economía de la isla, el gobierno decidió eliminar el peso convertible. Con el correr de los meses, la crisis económica que azota a la isla, la baja en el turismo por la pandemia y el deterioro de las condiciones de vida de las personas, reunió las condiciones para lo que se ha denominado “el Estallido Social Cubano”.
Alejandro Sánchez, es un biólogo cubano que vive en Chile desde 2004. Hijo de dos profesionales jubilados partidarios del régimen nos relata que, a diferencia de Chile, donde los acontecimientos de octubre se desencadenaron con gran velocidad, en Cuba el descontento madura lentamente: “Habitualmente los anuncios del gobierno no tienen un efecto inmediato en el ánimo de la gente en la calle. La primera reacción del cubano siempre es buscar una solución a los problemas dentro de sus posibilidades personales o familiares. Dicho de otro modo, en Cuba la gente vive tratando de arreglárselas como pueda, y las medidas del gobierno suelen ser comentadas por las personas en la calle buscando soluciones para salir del paso y eso genera una acumulación de insatisfacciones”.
Para Alejandro, hay un elemento clave que sirvió como yesca para el descontento popular: “El gobierno siempre ha tratado de que los dólares que ingresan al país no pasen por los ciudadanos y que tomen una vía directa al gobierno. Cuando existía el CUC, si tu recibías 300 dólares desde el extranjero, podías cambiar 100 y usarlos para comprar arroz, pollo, etc. Los otros 200 los podías guardar debajo del colchón. Es moneda norteamericana que vale en el mercado internacional y podías guardarla. Eso ahora ya no es posible porque los dólares ya no se pueden usar para comprar en ningún lugar. La única forma en la que tus familiares reciban remesas hoy en día es que tu deposites los dólares o euros en una cuenta a través de una web que es del gobierno, y tu familiar en Cuba puede comprar en el comercio con una tarjeta magnética que no tiene dinero, sólo puntos, algo así. Las divisas se van directamente al Estado con el fin de resolver los enormes problemas de liquidez que existen en el Estado. Si yo transfiero dinero a un familiar, el no puede ir a un cajero automático a sacar dólares, sólo pesos cubanos al cambio de 24 que hablábamos anteriormente, y eso tampoco conviene. En resumen, el dinero desaparece, y lo que tienes a cambio es una especie ficha que te permite comprar víveres dentro de la enorme escasez que existe”.
Ante este escenario, la pregunta se sostiene, ¿Qué hace que los y las ciudadanas decidan salir a la calle a protestar, teniendo la certeza de que recibirán el peso del draconiano sistema judicial cubano?
¿Qué pasó el 11 de julio?
Tras una serie de apagones que vinieron a empeorar aún más las malas condiciones de vida de la población, se convocó a una reunión de personas en un parque la ciudad de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla. No se esperaba que la convocatoria fuese demasiado masiva, pero resultó ser muy concurrida se convirtió en una red que se extendió rápidamente por distintas ciudades y localidades del país. Al respecto, Alejandro Sánchez nos relata: “No creo que haya sido 100 por ciento espontáneo, debió haber algún grado de organización, pero en Cuba no se puede organizar nada con demasiada antelación porque la policía secreta está, permanentemente, tratando de desactivar las protestas”.
En Cuba, la primera línea de control de orden público, por así decir, es la Policía Nacional Revolucionaria, el equivalente a Carabineros. Una suerte de policía “de vereda”, que ordena el tránsito y porta implementos básicos: Un bastón y una pistola. Existen brigadas especiales antimotines con carros antidisturbios que prácticamente no se usan ya que en la isla las protestas de volumen significativo son muy infrecuentes (una vez cada 5 o 10 años).
El verdadero cuerpo de control público de la población en el país, son las brigadas paramilitares: “Son civiles muy comprometidos con la revolución, por así decir, que tienen un plan de contingencia frente a cualquier problema. Se conocen como brigadas de respuesta rápida. Al ser civiles no portan armas de fuego, sino que actúan con fierros y palos que permanecen en depósitos. Esto permite que el gobierno pueda decir que es el mismo pueblo el que combate a los contrarrevolucionarios y que no hay una represión por parte del Estado. Este tipo de represión es muy efectiva ya que las protestas en Cuba habitualmente son muy pacíficas, entonces la irrupción de un grupo de personas armadas con palos y con actitud violenta que genera una gresca callejera golpeando a gente de todas las edades es muy efectivo como técnica de disuasión”.
Luego de aplacada la protesta, prosigue el relato, se producen las detenciones en el momento y en días posteriores cuando se revisan los clips de video que se toman ese día. Y así llegamos a febrero de 2022, cuando todo el peso de la Fiscalía Cubana cayó contra los manifestantes.
Dentro de la lista de delitos imputados a los acusados, de acuerdo a un informe de la ONG Cubalex, entre los que se encuentran decenas de menores de edad, están los de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, resistencia, propagación de epidemias, manifestaciones ilícitas y difamación de las instituciones y organizaciones de héroes y mártires y ultraje a símbolos de la patria. Todos con penas altísimas. También llama la atención las edades de los procesados, donde hay niños de 12 años imputados por cargos criminales por manifestarse, en penas que no cumplen ningún estándar de proporcionalidad.
Organizaciones humanitarias en Cuba ya han pedido la presencia de organismos internacionales de derechos humanos en la isla para verificar no sólo las sentencias, sino además las condiciones de vida en las cárceles de la isla. A juicio de cubanos avecindados en Chile, las medidas económicas del gobierno, y las durísimas sanciones tras las protestas, tienen un eje común: El grupo GAESA.
El Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, GAESA, es una empresa ligada al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Defensa), y está controlado por los militares. Dentro de sus actividades está el rubro hotelero, supermercados y locales comerciales en puertos. Existen diversas opiniones respecto al verdadero nivel de control, poder e influencia que la empresa tiene sobre la economía y el gobierno del país, pero voces opositoras le otorgan un rol central: “Tras la salida de Raúl Castro, y la asunción de Díaz-Canel, las fuerzas armadas parecen haberse retirado de la primera línea del régimen, pero los militares siguen teniendo una influencia enorme a través, por ejemplo, de este conglomerado que recibe la mayoría de las divisas que llegan al país, haciendo inversiones en el comercio y el rubro hotelero sin ningún control. Las últimas medidas que se han tomado, como la eliminación de la moneda convertible, aumentarán el enorme poder que tienen los militares mientras las necesidades de las personas de a pie siguen siendo enormes. A este grupo no le conviene que haya ningún tipo de movimiento social en Cuba y las condenas de las protestas del 11 de julio son una señal muy contundente de que no se tolerará ningún tipo de desorden que interfiera en los planes del gobierno”, cierra Alejandro Sánchez.
*Publicado en la edición 10 de revista Grito
por Agencia Merkén SpA.