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Amnistía para prisioneros de la revuelta: Se le apareció marzo al próximo gobierno

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Por Carlos Concha Olivares / Foto: María Jesús Pueller

El denominado proyecto de ley de indulto para los prisioneros/as políticos de la revuelta popular (Boletín 13941-17) fue presentado el 09 de diciembre del año 2020, como una solución política para liberar a los presos y presas del “Estallido Social”. No obstante, a un año y casi dos meses de su ingreso al Parlamento, la iniciativa legal aún sigue en su primer trámite constitucional, en el Senado, y será revisado -si es que existen las voluntades en marzo por la Sala, tras el receso legislativo. Pero, durante este mes de enero, el texto al fin fue discutido y votado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Esta instancia es presidida por Pedro Araya Guerrero (Independiente), y está además integrada por Alfonso Urresti Longton (PS); Francisco Huenchumilla Jaramillo (DC); Luz Ebensperger Orrego (UDI); y Rodrigo Galilea Vial (RN). La discusión del documento fue postergada durante meses, y esta Comisión la había puesto en tabla por última vez el 6 de octubre 2021 y, posteriormente, abrió un amplio espacio para indicaciones. Tras la segunda vuelta presidencial, el próximo gobierno impulsó negociaciones en el Senado para que este tema se solucionara durante esta legislatura, actitud que nunca tuvo mientras fueron parlamentarios o bancada, a excepción del senador Juan Ignacio Latorre (RD), uno de los autores del proyecto de ley de indulto y máximo impulsor de dicha iniciativa. Por su parte, los parlamentarios de derecha hicieron lo suyo y se opusieron en todo momento al avance de este proyecto.

De esta forma durante el mes de enero, la Comisión de Constitución sesionó cinco veces para poder despachar el proyecto de ley a la Sala del Senado. Las principales dificultades del texto fueron dar con los datos precisos sobre la cantidad de prisioneros relacionados con la revuelta popular, y este aspecto ha sido un problema sin solución para el debate público, porque tal como lo reporteamos en nuestra edición dos (1), el Estado se ha negado a reconocer la existencia de prisioneros políticos en Chile, y nunca la clase política ha querido conceptualizar sobre el tema, sino que lo abordó como una materia de paz social. El segundo aspecto es más bien técnico, en relación con artículos del proyecto que eran de rango orgánico constitucional y por ser materias relacionadas con las atribuciones del Poder Judicial, las que requerían el voto favorable de los cuatro séptimos de los senadores/as en ejercicio (25 votos); por ende, no alcanzaba solamente con los votos de los senadores/as de oposición (2). Estos dos puntos se intentaron solucionar con una indicación presentada por el senador Huenchumilla y respaldada en parte por Latorre. Amnistía y catálogo punitivo El proyecto de indulto general ahora queda como un proyecto de amnistía, con eso se soluciona en parte el problema de los quórums en la Sala, y abarca a condenados/as e imputados/as.

Luego, a propósito de la dificultad en la certeza de los datos, se redujo considerablemente el catálogo de tipo penal relacionado con “los delitos” suscitados durante el estallido social. Quedaron fuera los condenados e imputados por Ley de Seguridad del Estado (Ley N°12.927); Ley de Control de Armas (Ley N°17.798), en particular al porte y lanzamiento de bombas molotov; y robo en lugar no habitado (Artículo N°442 del Código Penal). Estas tres figuras penales son las principales causas por las que se mantienen en la cárcel a los prisioneros/as de la revuelta. Y, tal como lo señalamos en la edición pasada (3), el robo en lugar no habitado refleja a un 57% de un universo de 835 las personas, tal como precisa un informe de la Mesa Técnica del proyecto de ley de indulto (3). También quedaron fuera el homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). De esta forma este catálogo considera principalmente los siguientes “delitos”: Amenazas y atentados contra la autoridad; amenazas a Carabineros; oponerse a la acción de la autoridad pública y sus agentes; falta de respeto a la autoridad; desórdenes públicos; incendios sin propagación; daños varios; cuasidelitos; alterar el orden público; concentraciones (dirigir reuniones tumultuosas); lesiones leves y ocultación de identidad en control preventivo; entre otros (4). El plazo considerado para estos “delitos” no cambia del proyecto de origen y queda establecido entre el 07 de octubre del 2019 hasta el 09 de diciembre del 2020.

Por su parte, en su artículo 07 se da la opción a las personas que están siendo investigadas, siempre y cuando sean imputadas, que no entran en esta amnistía, pero que son del período establecido por la ley, soliciten al Ministerio Público y al Tribunal de Garantía que cierren esas investigaciones, abriendo una opción para que el Ministerio Público decida llevarlos a juicio o sobreseerlos. Lo anterior, en un plazo no mayor a los 90 días de publicada en el Diario Oficial esta Ley de Amnistía. A su vez, otro requisito para poder optar a esta Amnistía es que el imputado o condenado no tenga antecedentes con respecto al mismo “delito” que se le atribuye. En otro aspecto, el texto contempla la posibilidad de acciones civiles para perseguir estos “delitos” aprobados en este nuevo catálogo punitivo. Asimismo, la Comisión de Constitución -de manera unánime- incluyó una norma para que el Estado desarrolle un programa de reparación para las víctimas de “los delitos” ocurridos en el contexto de la revuelta popular, en el periodo señalado. Apareció marzo Una vez despachado el proyecto de ley de Amnistía a la Sala del Senado, el senador Juan Ignacio Latorre asimiló rápidamente el discurso oficialista de su coalición y destacó, ante los medios de prensa presentes en el Congreso (5), que se debía valorar el avance del proyecto y que en la Cámara de Diputados/as se podrían volver a inyectar indicaciones a la iniciativa.

No tuvo críticas o reparos sobre que el proyecto de indulto, del cual fue parte, en su espíritu inicial queda cercenado so pretexto de avanzar y abrir espacios para negociar votos para su aprobación. Pero, el parlamentario tiene razón en una cosa, a la iniciativa legal le quedan varios pasos para alcanzar su promulgación y convertirse en Ley, y es cierto que en la Cámara baja se puede mejorar. Este viernes 28 de enero se inicia el receso legislativo habitual y las sesiones se reanudarán en marzo. Corresponde a los comités definir la fecha en que se discutirá en la Sala del Senado. A la actual legislatura le quedarán solo dos sesiones más en Sala antes que asuma el nuevo gobierno, el próximo 11 de marzo. Luego, debe pasar a la Cámara de Diputados/as y, si hay indicaciones al proyecto, deberá analizarse en un tercer trámite constitucional. Por ende, salvo un milagro legislativo, todo apunta que la responsabilidad política sobre la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta popular recaerá en el próximo gobierno de Gabriel Boric, un fierro caliente que intentaron evitar a última hora, una vez asegurado el éxito electoral. Un proyecto mermado e insuficiente que sigue su curso mientras los afectados/as, los presos y presas de la rebelión no son escuchados y siguen encarcelados o con otras medidas privativas de libertad; algunos inclusos aceptando culpabilidades para poder acceder a beneficios carcelarios, como lo son las rebajas e indultos a sus condenas.

  • Publicado en la Edición 09 de revista Grito (Enero 2022)

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1) Año 2021: Chile, país con presos políticos (ver reportaje)

2) Nuevo primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (ver informe)

 3) Indulto general como salida política para prisioneros de la revuelta cumple un año en el Senado y obliga a gobierno electo a definirse (ver reportaje)

 4) Detalle del catálogo de tipo penal proyecto de amnistía (ver documento)

5) Homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros y PDI quedan fuera de amnistía por estallido social (ver artículo)


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