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Artículo/ Caso Romario Veloz: Un crimen de lesa humanidad que apagó una sonrisa

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Por Carlos Concha O.

“Romario con su  sonrisa brillante, con una luz  radiante  como  él  solo.  Lo  veo  cantando freestyle,  haciendo  sus  ritmas.  Así  lo  quiero recordar; corriendo a las escondidas con su hija, esa es una imagen que  no  se  va  a borrar  de  la  mente.  Una  semana  antes  que el partiera su hija lo vino a visitar y corrían allá   en   la   playa   El   Faro,   jugando   a   las escondidas.  Su  hija  está  bonita  y  hermosa igual a él”, nos dice Mery Cortez, a dos años del asesinato de su hijo por militares.

Romario Veloz Cortés era un joven ecuatoriano que no solía participar de manifestaciones sociales, pero el 20 de octubre del 2019, en plena revuelta popular, asistió a una protesta que se inició frente al Mall  Plaza  de  La  Serena.  En  un  ambiente más bien familiar, en las cercanías de ese centro comercial un batallón  de  militares del    Regimiento    de    Infantería    N°    21    de Coquimbo, a cargo del capitán  José Santiago Faúndez Sepúlveda, se encontraba custodiando el lugar de posibles saqueos.

Fue   entonces   cuando,   pasadas   las   17:00 horas, los soldados que  estaban  en la entrada de una tienda hasta la Ruta 5 Norte adoptaron la posición de tiros y otros se quedaron de pie apuntando a la multitud. En la mira  tenían a dos  grupos de manifestantes repartidos entre la calle Alberto   Solari   y   la   Ruta   5.   Después,   se escucharon   ráfagas   de   disparos.   No   hubo enfrentamientos, ni se vieron  amenazados, solo  dispararon.  Treinta  personas  resultaron heridas,  dos  de  gravedad,  Rolando  Robledo y  César  Veliz.  Romario  cayó  abatido.  Tenía 26   años   y   una   hija   de   6   años.   Causa   de muerte:     Herida     por     arma     de     fuego cervicotorácica con salida de proyectil/homicidio.Desde ese día hasta la fecha su madre no ha descansado en la búsqueda de  la  justicia para su amado hijo.

Un juicio a ritmo de tortuga

Tanto la madre de Romario como su abogada,   Adriana   Rojas   Grez,   manifiestan que  el  juicio  ha  sido  demasiado  lento.  Si bien es cierto que el caso es complejo, la tardanza  en  los  avances  ha  sido  mucha.  A más de dos años del asesinato del joven ecuatoriano solo se sabe que quien dio la orden de disparar fue el capitán José Faúndez, y que se encuentra en prisión preventiva   en   el   mismo   regimiento,   con todos los beneficios castrenses, cuya salvedad es que no  puede salir de  su  lugar de trabajo.

La abogada indica que una  de  las principales trabas en este juicio ha sido la centralización de la información sobre los acontecimientos.    Se    refiere    a    que    esta información la entrega la Subsecretaría de Defensa y que, por ende, hay demora para obtener los antecedentes requeridos, y que además se debe solicitar vía oficio al Ministerio de Defensa Nacional.

“Las primeras informaciones entregadas por parte  del Ejército han sido hasta  ahora difusas, no han hecho una investigación administrativa  al  interior  del  regimiento,  lo comenzaron  a hacer  en agosto  de este  año, a casi dos años,  y a solicitud  de la Contraloría  General  de la   República,  luego de varios requerimientos interpuestos con la familia   de   Romario.   Es   decir,   que   lo   que ocurrió al interior del regimiento han sido aspectos complejos de ver y de establecer, incluso  por  parte  del  investigador,  porque  el Ejército entregó información de manera parcelada, que  no ha sido  completa, entonces  eso  ha  dificultado  este  proceso”, nos explica Adriana Rojas.

Efectivamente Mery Cortes ha estado en Santiago y en reiteradas ocasiones ha solicitado audiencias con diferentes organismos  del  Estado.  Ante  su  insistencia fue recibida en agosto de este año por el propio Contralor, Jorge Bermúdez, quien se comprometió a instruir una investigación sumaria  al  interior  del  Regimiento  N°  21.  La perseverancia de una madre pudo al fin ver algún resultado para determinar el responsable o los autores del crimen de Romario.  El  Ejército  en  un  principio  se  había negado,  pero  el  propio  Contralor  insistió  en la realización del sumario, el que está en curso.

El pasado 12 de noviembre se desarrolló una nueva audiencia, en la cual el Ministerio Público pidió un aplazamiento en el proceso de     investigación,     aludiendo     atraso     en informes   técnicos   que   han   solicitado.   Por ello, el tribunal  ha concedido  un aplazamiento de 30 días.

“Esto  avanza  como  tortuga,  super  lento,  y han pasado dos años y seguimos a la espera. Cada vez que se acerca la audiencia, se hace la audiencia, pero siempre están  pidiendo más tiempo, más tiempo y así sucesivamente veo pasando el tiempo”, nos cuenta Mery Cortez.

Un crimen de lesa humanidad

La parte querellante pide en primer lugar Justicia.    Luego,    que    se    esclarezcan    los hechos de esa trágica tarde del  20  de octubre 2019, en todas sus dimensiones y en todos sus episodios, además de los autores materiales.  “Los  denomino  episodios  porque hay   más   de   una   víctima.   Romario   es   la víctima fatal, pero además hay dos otras víctimas sobrevivientes, que caen  en distintos momentos del mismo operativo militar, lo que nosotros buscamos es lo que busca la familia y los sobrevivientes, que es justicia  primero.  Entendiendo  Justicia  como un acto de un poder del Estado  de determinar cuáles son los delitos que se han cometido y que las penas asignadas a estos delitos sean correspondidas a lo que ocurrió. Y, por otro lado, que estas penas, en la eventualidad de las  condenas  sean cumplidas en cárceles comunes evidentemente”, nos precisa Adriana Rojas.

Mery Cortez nos  manifiesta,  en la misma línea,  que  sus  deseos  son:  “Cárcel,  verdad, justicia,  y  garantía  de  no  repetición.  Cárcel para el asesino de mi hijo que todavía no se sabe quién fue  que  percutó  el disparo,  que le den la baja al capitán José Faúndez y que pague por todos sus crímenes que ha cometido, y por haber encubierto a quien percutó el disparo en contra del amor de mi vida, Romario Veloz”.

Con respecto a si el crimen del joven ecuatoriano es de lesa humanidad, la madre de Romario no lo duda: “Por supuesto que sí. Porque si Piñera no  hubiese dado la  orden que saquen a los militares a la calle, a matar civiles desarmados, esto no hubiese pasado”.

Por su parte, la abogada de la familia expone que en el caso del crimen de Romario están los elementos suficientes para constituir el delito de lesa humanidad; debido a que fue un ataque general y sistemático a la población, a un grupo  específico  de personas,  cuando además  el  Presidente  de  la  República,  Sebastián  Piñera,  llama  a  una  guerra.  “Quienes solamente estaban preparados para enfrentar una guerra eran los grupos de represión  y militares. Entonces, hay un periodo de tiempo que empieza previo al 18 de octubre, luego se mantiene,  podríamos  decirlo  hasta  la  actualidad.  A  nuestro  parecer,  desde  lo  jurídico,  se cumple   con   esas   condiciones.   Por   ahora,   es   más   bien   un   planteamiento   político   que jurídico”, nos señala Rojas.

También, nos aclara que  la posición de lesa  humanidad no ha sido  planteada por  ellos sino por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), quienes también son  parte  de la querella internacional en contra de Piñera por crímenes de lesa humanidad (1).

“Los  tribunales  de  acá  pueden  hacer  esa  calificación  jurídica,  es  un  tipo  de  delito.  Y,  acá, hay una ley, es una ley chilena, que hace la calificación y definición del delito  de lesa humanidad. Entonces, lo debería hacer un tribunal nacional, ahora es complejo que lo haga. Es complejo comprobar esos  elementos  de generalización  y sistematización,  no se va a probar  en  un  solo  juicio,  se  va  a  probar  en  la  sistematización  y  generalidad  de  los  casos”, nos afirma la jurista.

La pregunta es si el Poder Judicial tendrá la voluntad política de ofrecer a la ciudadanía garantías de no repetición, al  tipificar legalmente el  caso de  Romario y  de  muchos más como  crimen  de  lesa  humanidad.  De  momento  la  dilación  es  la  tónica  y  el  juicio  es  un terreno en disputa.

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