Por Carlos Concha O.
“Romario con su sonrisa brillante, con una luz radiante como él solo. Lo veo cantando freestyle, haciendo sus ritmas. Así lo quiero recordar; corriendo a las escondidas con su hija, esa es una imagen que no se va a borrar de la mente. Una semana antes que el partiera su hija lo vino a visitar y corrían allá en la playa El Faro, jugando a las escondidas. Su hija está bonita y hermosa igual a él”, nos dice Mery Cortez, a dos años del asesinato de su hijo por militares.
Romario Veloz Cortés era un joven ecuatoriano que no solía participar de manifestaciones sociales, pero el 20 de octubre del 2019, en plena revuelta popular, asistió a una protesta que se inició frente al Mall Plaza de La Serena. En un ambiente más bien familiar, en las cercanías de ese centro comercial un batallón de militares del Regimiento de Infantería N° 21 de Coquimbo, a cargo del capitán José Santiago Faúndez Sepúlveda, se encontraba custodiando el lugar de posibles saqueos.
Fue entonces cuando, pasadas las 17:00 horas, los soldados que estaban en la entrada de una tienda hasta la Ruta 5 Norte adoptaron la posición de tiros y otros se quedaron de pie apuntando a la multitud. En la mira tenían a dos grupos de manifestantes repartidos entre la calle Alberto Solari y la Ruta 5. Después, se escucharon ráfagas de disparos. No hubo enfrentamientos, ni se vieron amenazados, solo dispararon. Treinta personas resultaron heridas, dos de gravedad, Rolando Robledo y César Veliz. Romario cayó abatido. Tenía 26 años y una hija de 6 años. Causa de muerte: Herida por arma de fuego cervicotorácica con salida de proyectil/homicidio.Desde ese día hasta la fecha su madre no ha descansado en la búsqueda de la justicia para su amado hijo.
Un juicio a ritmo de tortuga
Tanto la madre de Romario como su abogada, Adriana Rojas Grez, manifiestan que el juicio ha sido demasiado lento. Si bien es cierto que el caso es complejo, la tardanza en los avances ha sido mucha. A más de dos años del asesinato del joven ecuatoriano solo se sabe que quien dio la orden de disparar fue el capitán José Faúndez, y que se encuentra en prisión preventiva en el mismo regimiento, con todos los beneficios castrenses, cuya salvedad es que no puede salir de su lugar de trabajo.
La abogada indica que una de las principales trabas en este juicio ha sido la centralización de la información sobre los acontecimientos. Se refiere a que esta información la entrega la Subsecretaría de Defensa y que, por ende, hay demora para obtener los antecedentes requeridos, y que además se debe solicitar vía oficio al Ministerio de Defensa Nacional.
“Las primeras informaciones entregadas por parte del Ejército han sido hasta ahora difusas, no han hecho una investigación administrativa al interior del regimiento, lo comenzaron a hacer en agosto de este año, a casi dos años, y a solicitud de la Contraloría General de la República, luego de varios requerimientos interpuestos con la familia de Romario. Es decir, que lo que ocurrió al interior del regimiento han sido aspectos complejos de ver y de establecer, incluso por parte del investigador, porque el Ejército entregó información de manera parcelada, que no ha sido completa, entonces eso ha dificultado este proceso”, nos explica Adriana Rojas.
Efectivamente Mery Cortes ha estado en Santiago y en reiteradas ocasiones ha solicitado audiencias con diferentes organismos del Estado. Ante su insistencia fue recibida en agosto de este año por el propio Contralor, Jorge Bermúdez, quien se comprometió a instruir una investigación sumaria al interior del Regimiento N° 21. La perseverancia de una madre pudo al fin ver algún resultado para determinar el responsable o los autores del crimen de Romario. El Ejército en un principio se había negado, pero el propio Contralor insistió en la realización del sumario, el que está en curso.
El pasado 12 de noviembre se desarrolló una nueva audiencia, en la cual el Ministerio Público pidió un aplazamiento en el proceso de investigación, aludiendo atraso en informes técnicos que han solicitado. Por ello, el tribunal ha concedido un aplazamiento de 30 días.
“Esto avanza como tortuga, super lento, y han pasado dos años y seguimos a la espera. Cada vez que se acerca la audiencia, se hace la audiencia, pero siempre están pidiendo más tiempo, más tiempo y así sucesivamente veo pasando el tiempo”, nos cuenta Mery Cortez.
Un crimen de lesa humanidad
La parte querellante pide en primer lugar Justicia. Luego, que se esclarezcan los hechos de esa trágica tarde del 20 de octubre 2019, en todas sus dimensiones y en todos sus episodios, además de los autores materiales. “Los denomino episodios porque hay más de una víctima. Romario es la víctima fatal, pero además hay dos otras víctimas sobrevivientes, que caen en distintos momentos del mismo operativo militar, lo que nosotros buscamos es lo que busca la familia y los sobrevivientes, que es justicia primero. Entendiendo Justicia como un acto de un poder del Estado de determinar cuáles son los delitos que se han cometido y que las penas asignadas a estos delitos sean correspondidas a lo que ocurrió. Y, por otro lado, que estas penas, en la eventualidad de las condenas sean cumplidas en cárceles comunes evidentemente”, nos precisa Adriana Rojas.
Mery Cortez nos manifiesta, en la misma línea, que sus deseos son: “Cárcel, verdad, justicia, y garantía de no repetición. Cárcel para el asesino de mi hijo que todavía no se sabe quién fue que percutó el disparo, que le den la baja al capitán José Faúndez y que pague por todos sus crímenes que ha cometido, y por haber encubierto a quien percutó el disparo en contra del amor de mi vida, Romario Veloz”.
Con respecto a si el crimen del joven ecuatoriano es de lesa humanidad, la madre de Romario no lo duda: “Por supuesto que sí. Porque si Piñera no hubiese dado la orden que saquen a los militares a la calle, a matar civiles desarmados, esto no hubiese pasado”.
Por su parte, la abogada de la familia expone que en el caso del crimen de Romario están los elementos suficientes para constituir el delito de lesa humanidad; debido a que fue un ataque general y sistemático a la población, a un grupo específico de personas, cuando además el Presidente de la República, Sebastián Piñera, llama a una guerra. “Quienes solamente estaban preparados para enfrentar una guerra eran los grupos de represión y militares. Entonces, hay un periodo de tiempo que empieza previo al 18 de octubre, luego se mantiene, podríamos decirlo hasta la actualidad. A nuestro parecer, desde lo jurídico, se cumple con esas condiciones. Por ahora, es más bien un planteamiento político que jurídico”, nos señala Rojas.
También, nos aclara que la posición de lesa humanidad no ha sido planteada por ellos sino por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), quienes también son parte de la querella internacional en contra de Piñera por crímenes de lesa humanidad (1).
“Los tribunales de acá pueden hacer esa calificación jurídica, es un tipo de delito. Y, acá, hay una ley, es una ley chilena, que hace la calificación y definición del delito de lesa humanidad. Entonces, lo debería hacer un tribunal nacional, ahora es complejo que lo haga. Es complejo comprobar esos elementos de generalización y sistematización, no se va a probar en un solo juicio, se va a probar en la sistematización y generalidad de los casos”, nos afirma la jurista.
La pregunta es si el Poder Judicial tendrá la voluntad política de ofrecer a la ciudadanía garantías de no repetición, al tipificar legalmente el caso de Romario y de muchos más como crimen de lesa humanidad. De momento la dilación es la tónica y el juicio es un terreno en disputa.
por Agencia Merkén SpA.