Por Amory Díaz Sánchez
A poco de cumplirse dos años del Estallido Social, en la Población Bonilla, ubicada en el sector norte de la ciudad de Antofagasta, la represión ha sido una constante. Muchas de las manifestaciones de descontento han tenido su epicentro en las calles del sector, han sido cuadras desafiantes mostrando organización, resistencia, lucha y unidad.
Sin embargo, la violencia sistémica, la represión y las estrategias punitivas del gobierno, continúan dejando huella no sólo en las calles de Bonilla, sino en todo Chile: La supervigilancia -no sólo aérea- y la represión teñida de verde, son sólo las marcas más evidentes que el control social sobre los cuerpos y el colectivo manifestante, no cesa. Por el contrario, se inmiscuye en cada intersticio, recordando a diario las consecuencias que tiene el enfrentarse al orden moral y económico de un Estado que pone en su centro al mercado. Desde allí, y tomando fuerza en la organización, madres, padres, familias, amigos y compañeros de lucha, cuelgan una vez más las fotografías en sus cuellos, e irrumpen pidiendo la libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta.
El octubre de Chile, el abril de Axel
Así es como ha vivido estos últimos meses la familia de Axel, quien en algunos días cumplirá 5 meses en prisión preventiva en la cárcel Nudo Uribe de Antofagasta, imputado por el presunto lanzamiento de bombas molotov (Ley de Control de Armas). El joven de 18 años fue detenido el 9 de abril de 2021 a pocas cuadras antes de llegar a su casa. Axel y su amigo, volvían tras haber participado de una de las movilizaciones en La Bonilla:
“Eran como las 9 de la noche y a dos cuadras y medias de mi casa, Axel y su amigo venían de vuelta, a los chiquillos los golpea una camioneta, eran carabineros de civil quienes se los llevan detenidos. Eran las 12 de la noche, y yo no sabía nada de Axel. Recién a la 1:30 de la madrugada llega carabineros a mi puerta y me dicen que está detenido en la comisaría norte.
Se supone que a Axel lo tomaron detenido en Bonilla con Julio Montt, muy lejos de donde vivimos, eso no es así, ya que él estaba a dos cuadras de la casa. De hecho, para ir a Bonilla tengo que tomar micro”, relata Dorca Aliaga, tía paterna de Axel y quien asume su cuidado una vez que el padre del joven fallece hace algunos años.
Dorca estaba segura que, tras pasar a control de detención, Axel quedaría en libertad, pues no tenía antecedentes y “nunca ha tenido problemas de ningún tipo, por el contrario, es un chiquillo que trabajaba y me ayudaba en la casa, un cabro bueno”. Sin embargo, desde aquel momento la vida de esta familia, así como la de muchas otras ha quedado en suspenso, como si la prisión política fuera un eco silente que el gobierno continúa negando con su aparato vigilante y castigador. El octubre de Chile, y el abril de Axel, se perpetúan allí donde el Estado intensifica su violencia fáctica – simbólica y extiende sus mecanismos de control gobernando la vida. Es en ese instante donde la biopolítica se hace carne, enraizando y reafirmando su proceso, en la profunda desconexión que el Estado tiene con las necesidades más esenciales de su pueblo.
Claro ejemplo es lo que sucede aquel 9 de abril. Entre la detención y la prisión preventiva, se genera una temporalidad alterna -al parecer- invisible a los ojos de la “justicia”. Lo que sucedió en ese “tiempo vacío” mantiene a Axel con traumatismo en su nariz y desviación de tabique, debido a la fuerte golpiza que recibe en la Comisaría. A ello se suma la violencia ejercida durante la detención, las amenazas y amedrentamiento en el tiempo transcurrido hasta que se efectúa la audiencia de control de detención al día siguiente.
Según relata su tía, cuando Axel llega a la comisaría “carabineros aplaudía como si fuera un trofeo y le decían que tenía que echarse la culpa, porque sino iba a ser un martirio para él. Lo amenazaron con que nos iban a seguir, le decían ´vamos a seguir a tu familia, se te puede perder un hermano, se te puede perder tu mamá. Una vez adentro, lo sacaron de la celda esposado y lo llevaron a otra sala, lo tiraron al suelo, lo mojaron y lo empezaron a golpear. Lo peor para todos estos niños, es que los testigos son carabineros”.
Territorializar la solidaridad, agudizar la resistencia y mantener un estado de movilización ha sido la forma en que los habitantes de Chile han enfrentado las lógicas represivas del Estado. En la Bonilla no ha sido diferente. Quienes habitan la ciudad de Antofagasta son testigos de la construcción de “Bonilla Resiste”. Décadas de abuso y opresión, sustentadas en la hegemonía neoliberal y consensos elitarios, dieron como resultado la precarización de la vida y la expropiación de los derechos sociales a causa del profundo desarraigo que el Estado tiene con la dignidad de su gente.
Pese a ello, la doctrina jurídica centrada en la defensa del aparato estatal, ha insistido -en la voz del propio Presidente- estar en guerra con el “enemigo interno”, y bajo esa lógica, para quienes habitan la ciudad de Antofagasta, es un secreto a voces la investigación que la policía ha montado en el sector. Según cuenta Dorca, la supervigilancia área, la presencia policial constante y el uso de la violencia contra los manifestantes, han marcado el día a día, “incluso cuando uno se acuesta se sigue escuchando el sonido del dron”.
Vemos cómo el transitar por la prisión política en Chile supone a priori un terreno hostil. No sólo porque el gobierno la niega rotundamente, sino también porque la violación a los Derechos Humanos de las y los manifestantes y detenidos continúa viviendo en ese eco silente que el Estado oculta en la espectacularización mediática que desborda las pantallas con mensajes vacíos, que poco y nada informan sobre la desigualdad estructural por la que ha transitado históricamente el pueblo trabajador chileno y que gatilló la revuelta de octubre. Axel y su familia lo saben.
Sosteniendo la vida en prisión preventiva
Daniel Vargas, es el abogado defensor de Axel, y nos explica que la prisión preventiva del joven se hizo efectiva “con la existencia de antecedentes que ellos (la fiscalía) estimaban suficientes, y que hicieran presumir al menos la comisión y participación en el hecho, y junto con ello, que la libertad de Axel podría implicar un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo que es un ´cabro´ que nunca había pisado una comisaría, que no tenía antecedentes, que trabajaba y que tenía pretensiones de estudiar. El problema entonces, es que punitivamente se eleva a este joven al mismo nivel de un interno, de un peligro para la sociedad que necesita estar detenido”.
Durante agosto, la defensa pidió por tercera vez el cambio de la medida cautelar para que Axel pudiera cumplir el plazo de investigación bajo otra figura, por ejemplo, el arresto domiciliario. Sin embargo, nuevamente esta solicitud fue negada. Según explica Daniel, esto sucede debido a las pruebas que manejaría la fiscalía y a que no se han aportado nuevos antecedentes que revoquen la apreciación jurídica, de que Axel no es un peligro para la sociedad.
Mientras él continúa privado de libertad compartiendo módulo con más de 120 internos imputados por delitos comunes, el miedo de Dorca es cada día mayor no solo por la Pandemia y un posible contagio de COVID-19, sino porque “cuando uno es mamá y te tocan un hijo, es lo más doloroso que hay, uno sale con dientes y uñas a pelear. Axel es mi hijo y no es un delincuente. Todas las noches me acuesto con el miedo que me van a llamar para decirme que algo le pasó. Eso no se lo doy a nadie”.
Otro de los problemas que han enfrentado es el estado de salud del joven, debido al traumatismo en su nariz producto de la golpiza que recibió en la comisaría. En esa línea, el abogado Daniel Vargas nos explica que esta situación fue informada a los organismos encargados con el propósito de que lo revisara un médico para evaluar y tratar la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, habiendo pasado tres meses del hecho, “Gendarmería nunca nos informó, y después de cuatro intentos solicitando información, recién nos entregan antecedentes al respecto. Esto sucedió la semana pasada en la última audiencia de revisión de la prisión preventiva”. De hecho, fue la misma Dorca quien viajó a Santiago a solicitar al director general de Gendarmería que proporcionaran la atención médica a su sobrino.
Con la prisión preventiva no solo se debe enfrentar un proceso judicial, sino que tras el impacto de la detención, se genera una nueva forma de habitar el espacio familiar, ocupar el espacio público, organizar los tiempos de lucha y los esfuerzos de liberación. Vemos por tanto, cómo tras esta figura se esconden consecuencias no solo judiciales, sino también emocionales, psicológicas y también económicas, tal como le ha sucedido a Dorca, quien además de Axel tiene 6 hijos: “No solo meten preso a tu hijo, sino a toda tu familia. Desde que el Axel es detenido, mi casa se transformó en un caos, los días pasan y seguimos igual. Además de luchar por la liberación de Axel y los demás chiquillos, yo sigo siendo mamá de mis otros hijos y tengo que preocuparme que no les falte nada. Es una angustia horrible ya que por las distintas actividades que organizamos, paso mucho tiempo fuera de la casa, mis hijos me ayudan y entre todos nos organizamos en la casa. Por ejemplo, dejo cocinado en la noche por si al día siguiente tengo que volver a salir”.
Junto con sostener su vida y la de sus hijos, Dorca y muchas madres deben además gestionar la Encomienda, la cual se entrega dos veces por semana y debe contener los alimentos, víveres y útiles de aseo para que cada detenido cuente con lo mínimo para sobrellevar la vida al interior de la cárcel. El problema es que armar cada una de ellas, tiene un valor aproximado de 60 mil pesos. Es decir, cada familia debe contar con 120 mil pesos semanales para dichos efectos. Es ahí donde surge la solidaridad y el trabajo colaborativo.
En Antofagasta las madres su agrupan en el colectivo de “Madres de Plaza Colón”, quienes con la ayuda de otros movimientos sociales logran gestionar no sólo las encomiendas, sino organizar un despliegue de denuncia y acción por la liberación de los presos políticos del Estallido.
Así las cosas, distintas son las aristas que deben enfrentar las familias, las que no sólo se preocupan de la realidad de sus propios hijos e hijas, sino que el esfuerzo solidario se despliega con profunda convicción por todo el territorio para ayudar a cada uno de los jóvenes que se encuentra en prisión. La misma Dorca nos explica la gran familia que han formado en este duro proceso: “Por ejemplo hay un chico que por los golpes recibidos de parte de Carabineros necesita operarse una rodilla, y entre todos estamos juntando dinero, organizando actividades y haciendo rifas para ayudar a pagar esa operación. Otro caso es el de David, un joven que no tiene papá ni mamá, y ahí nosotras nos encargamos de su encomienda, de sus visitas, hacemos el acopio y nos apoyamos entre todas”.
Convicción, Defensa y Libertad
Los primeros días de septiembre se cumplirán cinco meses de prisión preventiva, tres de los cuales la defensa encabezada por Daniel Vargas estuvo solicitando información sobre la atención médica de Axel tras la golpiza que Carabineros propinó aquel 9 de abril de 2021.
Sumado a esto, están las tres oportunidades en que se negó el cambio de la medida cautelar para que el joven, que fue detenido a cuadras de su casa por policías de civil y subido a una camioneta blanca, pudiera cumplir el proceso investigativo fuera de las paredes de Nudo Uribe.
Así como el de Axel, es el caso de muchos jóvenes, incierto, toda vez que la prisión política en Chile es categóricamente desconocida e invisibilizada por la clase política. En este sentido, Daniel afirma que “lo que nos toca es súper difícil”, pues desde el primer día, “podemos reclamar la ilegalidad de la detención, pero si a ojos de carabineros se cumple con los requisitos para detener, y con la hipótesis de flagrancia, ahí es la fiscalía la que tiene que investigar. El problema, por ejemplo, es que si montan una causa y tu detención es ilegal, eso no significa que la causa sea ilegítima o quede nula”.
En los próximos días se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio oral, ocasión donde recién se podrán conocer con exactitud cuáles serán las pruebas que presentará la fiscalía para acusar a Axel. Bajo esas circunstancias se arriesga una pena que puede fluctuar entre los 5 y 10 años de presidio.
Por otra parte, una salida alternativa al juicio oral podría ser un juicio abreviado, siempre y cuando la fiscalía otorgue esa posibilidad. Hasta ahora eso no ha sucedido.
Sin embargo, de llegar a concretarse, tampoco asegura cumplimiento de pena fuera de un recinto penitenciario. Daniel detalla que de generarse esa opción, esta debe ser estudiada ya que no sólo implica renunciar a la revisión de la inocencia de parte del tribunal, sino que también conlleva declararse culpable para obtener una pena menor, sentencia que de igual forma puede significar cumplimiento efectivo de la pena.
La posibilidad de un juicio abreviado no solo implica la revictimización del imputado, sino de toda la familia que enfrenta la injusticia de la hegemónica máquina del Estado. Es una lucha constante por la vida y la dignidad, no es casualidad que Dorca nos confidencie que “pasan y pasan los días y uno se frustra más, te duele porque ya no sé que responderle a Axel cuando me pregunta cuándo va a salir de ahí. Si nos ofrecen el abreviado, con tal que esté en la casa, no importa que tenga que estar las 24 horas con él, o si tienen que ir a sacarle la firma a las 2 o 3 de la mañana como lo hacen con otros chicos. Si tengo que estar toda la noche despierta, no importa, con tal de que esté en la casa, lo voy a hacer”.
Las aristas y posibilidades judiciales son claras y categóricas en términos “objetivos”, están determinadas por ley. Sin embargo, hasta que no haya un reconocimiento formal de la prisión política, pero sobre todo, hasta que no se genere un cambio en la forma de comprender el rol del Estado y la Justicia, las causas que llevaron a estos jóvenes salir a las calles a manifestarse, continuarán enfrentando los oídos sordos de la política elitista y la justicia punitiva del Chile neoliberal.
Es político, No Jurídico
Basta con hacer un recorrido general por la Agenda de Seguridad y Paz Social impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, cuyo avance es de un 80%, para ver cómo a través de las 11 medidas de dicho instrumento, junto con modernizar y especializar las policías, se instauran procedimientos para criminalizar la protesta social otorgando más facultades a las fuerzas represivas, para violentar las manifestaciones sociales y militarizar las calles con la excusa de mantener el orden público.
No es casualidad que la Ley Antisaqueos y Antibarricadas (Ley 21.208) haya sido aprobada en medio del Estallido Social y con una celeridad nunca antes vista en el Parlamento. Tampoco es casualidad que el “Aumento de la capacidad de vigilancia aérea”, es decir el uso de drones, ya esté operando en distintos territorios movilizados, como lo es la población Bonilla en Antofagasta. Tampoco causa extrañeza que el proyecto de Ley Anticapucha tenga un avance del 50% y se encuentre con el primer trámite constitucional ya finalizado.
Frente a estos antecedentes, nos situamos y enfrentamos a una institucionalidad que se perfecciona para supervigilar, controlar y reprimir mientras la clase política afina su discurso, instaurando el negacionismo de la prisión política a costa de la vida y dignidad de muchos jóvenes que hoy continúan privados de libertad. Y justamente ese negacionismo es el que continúa permeando los procesos judiciales emanados de la revuelta. Bajo ese paradigma de democracia invertida con tintes totalitarios, es que las detenciones y violaciones a los Derechos Humanos se disfrazan -y muchas veces se justifican- en la defensa y protección del cuerpo policial que busca restaurar el orden público, lo que en una doble lectura podríamos llamar la mantención del statu quo, atomización de la fuerza social y neutralización de la capacidad crítica. En otras palabras, lo que el gobierno fascista denomina “paz social”.
Para Daniel Vargas, no solo en el caso de Axel, sino que en general debiera existir un trato diferenciado en cuanto a la prisión política, “porque desde el estallido hubo un proceso especial de persecución, en definitiva, hubo iniciativas de gobierno que desarrollaron y acentuaron el descontento popular, y en ese aspecto podría configurarse una cierta predisposición de quienes participan de los procesos penales, para tratar a estos chicos como presos comunes y no como presos políticos. El problema para mí es la ley que está hecha para encarcelar pobreza”.
En opinión del abogado, la situación de Axel si bien tiene particularidades y una defensa establecida que busca a toda costa su libertad, es necesario tomar los casos desde lo colectivo para que no se lleven a juicio hechos aislados que podrían considerarse como “delitos comunes”, invisibilizándose la violencia y persecución política en contexto del Estallido Social.
Así Vargas ejemplifica que “si en particular el caso de Axel se toma con todas las normas del código procesal penal, podría tomarse como un caso aislado y un delito común cualquiera, cuando en realidad todas las causas dan cuenta de la forma en cómo respondió políticamente el Estado respecto de la protesta social. El estallido modificó la relación de fuerzas entre las clases, y el aparato estatal adoptó una nueva forma de actuar frente a ese proceso, cuya respuesta política también tiene un repercusión penal o punitiva que da cuenta de la inequidad que existe para tratar este tipo de delitos”.
Amparados en leyes dictatoriales, como lo es la de Seguridad Interior del Estado (Ley 12.927), el gobierno mantiene encarcelados a quienes se atrevieron a correr los cercos de la inequidad y la injusticia social. Cansados de años de abusos, y de gobiernos indolentes que por décadas han hecho oídos sordos a las demandas de la población, es que muchos de los jóvenes que salieron a manifestarse continúan detenidos, o han pasado por un proceso judicial.
Dorca ya lo dice, “todo lo que hemos vivido es una persecución política, es la forma que tiene el gobierno de castigar a los chiquillos para que no vuelvan a salir a las calles, porque en el fondo, el gobierno le tiene miedo a la gente. Como mamá pido que los fiscales se pongan la mano en el corazón, y piensen que los chiquillos salieron porque estaban cansados de las injusticias. Ellos solo fueron a manifestarse para tratar que el país cambiara”.
Finalmente, el abogado Daniel Vargas es categórico al señalar que “nosotros pondremos siempre todos los recursos legales y argumentos jurídicos, porque estamos convencidos en la defensa y libertad de nuestros cabros, sin embargo, el principal problema radica en que esto es una cuestión política y no jurídica, por lo que la solución pasa necesariamente por medidas políticas que permitan la liberación”.
Actualmente 7 jóvenes continúan presos en la cárcel de Nudo Uribe, uno de ellos es Axel. Otro de los jóvenes se encuentra en internación provisoria en un recinto del Sename. A este recuento se suman dos casos más en la Región de Antofagasta, uno recluido en Taltal y otro en Tocopilla.
La convicción de lucha ha significado poner en suspenso muchas vidas, sin embargo, madres como Dorca y abogados como Daniel, no se cansarán de luchar hasta que salga en libertad el último preso político de la Revuelta.
*Publicado en la Edición 04 de agosto 2021
por Agencia Merkén SpA.