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Prisioneros Políticos de la Revuelta iniciaron huelga de hambre

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Por Carlos Concha O. / Foto: Acemedia Comunicaciones

Un grupo de prisioneros políticos de la revuelta popular iniciaron, el pasado 22 de marzo, una huelga de hambre en sus respectivos módulos. Se trata de jóvenes encarcelados/as en las celdas de la Cárcel Femenina de San Miguel, de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), y de la Cárcel Santiago 1.

Todos en prisión preventiva por largos meses y sin que sus juicios avancen debidamente. Exigen su libertad inmediata, a través de mecanismos legales como la restitución del artículo N°1 y la derogación del artículo N°9 del Decreto de Ley N° 321, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

El artículo N° 1 establecía que “la libertad condicional, como un medio de prueba de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social”; y fue cambiado por “libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social…”

En cambio, el artículo N°9 del citado decreto reza que: “Para los efectos del presente decreto ley, se entenderá que los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación”.

No obstante, las principales agrupaciones de familiares y amigo de los/as prisioneros/as políticos, la Coordinadora 18 de Octubre y la OFAPP, han reivindicado que todo preso político, es decir encarcelado por una acción política, debe ser indultado sin condiciones.

Por otra parte, desde la Coordinadora 18 de Octubre expresaron, en su boletín semanal N°4 del 12 abril, denunciaron “castigo sanitario” en un contexto de pandemia hacia los presos del estallido social en ayuno.

“Se les extrae sangre dos veces a la semana y hay fatigosos y excesivos traslados hacia los hospitales penales, con lo cual claramente se busca debilitar la salud de nuestrxs compañerxs y quebrantar sus voluntades de lucha”, denunciaron.


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