Foto: María Jesús Pueller (8M 2021/Plaza de la Dignidad)
Los Derechos Humanos se pueden explicar como el conjunto de principios aceptados universalmente, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en sus dimensiones individual, social, material y espiritual.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal” y “Nadie será sometido a torturas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes”. Así se indica en el artículo N°3 y artículo N°5, respectivamente, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), suscrita por 188 países, entre ellos Chile, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia.
Estos dos artículos son necesarios mirar atentamente, debido a que en Chile desde 1973, tras el golpe cívico militar del 11 de septiembre, no se ha dado cumplimiento a sus contenidos y, a partir de esa fecha, el modelo imperante -neoliberal de corte fascista- se ha encargado de perfeccionar un Estado violador de Derechos Humanos.
Muchos dirán que la democracia trajo consigo la paz, pero eso no ha sido del todo cierto. Cientos de militantes de la izquierda revolucionaria de los 80´ fueron largamente perseguidos en los años 90´; torturados, asesinados, empujados a la marginalidad laboral y social. Lo mismo con miles de exiliados y sus hijos/as. Para ellos/as la alegría nunca llegó. Gran gestor de toda esa arremetida fue el organismo conocido como “La Oficina”.
Con el cambio de milenio, los que marchamos para los 11 de septiembre o en cualquier manifestación de carácter popular vimos y sufrimos la enajenación policial. Lacrimógenas al cuerpo, palizas, detenciones ilegales, torturas y calabozos eternos. Si hubiesen existido los teléfonos inteligentes como los de hoy, más de un ministro del Interior no podría seguir en activo en la vida política.
El pueblo mapuche en resistencia y con vocación de autodeterminación es otro ejemplo de las constantes violaciones de derechos humanos. Para sectores en movilización de ese pueblo la dictadura nunca se acabó, y se ha perpetuado como un conflicto político creado por el Estado chileno y cuya única respuesta ha sido la permanente militarización del Wallmapu.
La movilización “Pingüina” del 2006 y la estudiantil del 2011 también son claros ejemplos de cómo se intentó aplacar, a través de la represión y de la criminalización, demandas por el fin al lucro en el sistema educacional chileno, por una Educación Pública, de acceso universal e igualitaria.
Así llegamos al esperanzador 18 de octubre del 2019, día que no solo trajo para el país una esperanza con su “Chile Despertó”, sino que también llevó a Chile a su peor crisis en materia de violaciones de Derechos Humanos desde la dictadura cívico-militar.
¿Por qué? Porque simplemente como sociedad jamás nos hicimos cargo realmente de la verdad, de la justicia, de la memoria y de la impunidad. Mientras tanto, los gobiernos de derecha, de la Concertación y de la Nueva Mayoría perfeccionaron el Estado Policial y su política del enemigo interno.
La revuelta popular del 18-O registró 42 asesinados/as, según datos entregados por la Agrupación de Familiares Asesinados en el Estallido (AFAE); y más de 465 personas con trauma ocular en Chile, según la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular*. Todos/as víctimas de la violencia de agentes del Estado.
Pero también volvió la prisión política. Un informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH) indica que, entre octubre 2019 y marzo 2020, fueron detenidas 11.300 personas y 2.500 encarceladas en un contexto de manifestación social. A eso, se debe sumar las largas prisiones preventivas, el inicio de una huelga hambre (el pasado 22 de marzo), juicio con exceso de testimonios de carabineros y dudosas pruebas en materialidad,
pertinencia y método de obtención. En ese contexto la prisión política se convirtió en un instrumento de terror, con personas “detenidas” por más de un año, muchos incomunicados y bajo peligro constante de contraer una infección intra-carcelaria o el Covid-19.
Todos estos hechos, conexos entre sí, vienen a demostrar que hoy, en Chile, es peligroso tener conciencia social, manifestarse, ser joven, disidente, feminista, indígena y poblador organizado. La persecución y violaciones de derechos humanos con perspectiva de clase es una realidad que debemos hacernos cargo. Se perpetúa y continúa. Grave ejemplo de aquello es la detención de 17 personas en Iquique, el pasado 18 de marzo. Cuyo perfil es ser joven, con participación en la revuelta popular, de barrio, con vocación de organización social, participante de ollas comunes y practicante de solidaridad. Ese es el perfil del enemigo del Estado chileno.
Por otra parte, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución solo ha traído paz al establishment. Por otro lado, continúa la persecución a los/as luchadores/as sociales. La pandemia ha puesto el resto y ha hecho lo suyo. Pero, la deuda en materia de derechos humanos sigue vigente.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una utopía para los chilenos y chilenas. Por eso, todas esas inquietudes y responsabilidades las intentaremos resolver en este experimento periodístico. En respeto a los Derechos Humanos, con perspectiva feminista, con vocación indigenista y pluralista ha nacido la revista “Grito”, un trabajo de Acemedia Comunicaciones. Bienvenidos/as a su número 0.
- Editorial publicada en la Edición N° 0 de revista Grito
por Agencia Merkén SpA.