Por Carlos Concha Olivares / Foto: Acemedia Comunicaciones
A 4 años del estallido social o revuelta popular, pareciera que una mano invisible quisiera convencernos que lo mejor es olvidar los motivos por los cuales se produjo esta espontaneidad de hastío expresivo masivo. La batalla comunicacional claramente perdida ante una retórica hegemónica reduccionista, que prefiere instalar una “verdad oficial” bajo un el discurso simplista reflejado en “un estallido delictual”, todo en el amparo de la clase política que, desde el 15 de noviembre 2019, solo se ha dedicado blindar la institucionalidad partidista en vez de actuar como catalizador de un movimiento popular que permita transformaciones reales y enfrentar sin ambigüedades al fascismo chileno. Lo que resulta paradójico a 50 años del golpe militar cuando un proyecto como el de la Unidad Popular ofrecía a los partidos políticos como un instrumento rupturista, unificador y de clase. En 2023 es todo lo contrario.
En ese contexto, la reflexión y el interés sobre las motivaciones de la ciudadanía para salir a las calles no han sido analizadas y han pasado a tercer o cuarto plano, sin desarrollar una lectura constante sobre los hechos y sus resultados. Más grave aún, la prisión política, las mutilaciones, crímenes y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante varios meses se han silenciado y han quedado en el ostracismo del oportunismo electoral. Mientras víctimas de trauma ocular se quitan la vida en el absoluto abandono estatal, nosotros intentamos seguir caminando en nuestro día a día bajo una guerra sicológica de baja intensidad que nos castiga por haber osado salir a rebelarnos contra un sistema neoliberal implacable.
Como una forma de responder a algunas inquietudes y generar un espacio de análisis sobre el estallido social es que la senadora Fabiola Campillai ha impulsado un ciclo de foro denominado “Derechos Humanos y Revuelta Popular”. El lanzamiento de este hito fue el pasado jueves 26 de octubre, en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, bajo un formato de programa radial de una hora, que no permitía preguntas y que, al menos presencialmente hablando, suscitó muy poco interés.
El panel además estaba integrado por el abogado y Coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash; el Doctor en Filosofía y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy. Moderó el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.
Para los panelistas esta idea es reflexionar en profundidad sobre lo que significó el movimiento popular para el país, iniciativa que se tradujo en un ciclo de foros y seminarios para abrir una conversación sobre la materia. La senadora Campillai explicó que resulta importante aportar al debate sobre la revuelta y poder llegar a los 5 años con más verdad, justicia y garantías de no repetición. “Con mucha tristeza miro esta verdad, vemos como se ha instalado un manto de impunidad, que se ha instalado esa palabra octubrismo, de que era pura delincuencia, y no se hace una reflexión del por qué salimos a la calle. No se hace una reflexión del por qué la gente salió a la calle, qué era lo que pensaban, que nos trajo esperanza de un verdadero cambio”, señaló.
A su vez, recordó que en muchos aspectos todo sigue igual, como en la educación, con malas infraestructuras y con mal acceso, la salud que llega tarde a muchos sectores, que las pensiones siguen entregando una vejez de pobreza, de los problemas al acceso a la vivienda, y de un país que no garantiza dignidad suficiente para educar a los hijos, porque se debe trabajar mucho para poder solventar los gastos que implican construir mejores oportunidades para los hijos. “Si hablamos de derechos sociales el Estado social no llega en donde estamos nosotros, no está. Pero cuando hay un estallido, cuando hay manifestaciones ahí está el Estado, el Estado represor, sin pensar en la gente y en el por qué están ahí”, manifestó.
También, recordó el despliegue militar y policiaco durante las jornadas de protesta, lo que resultó en sistemáticas violaciones de Derechos Humanos. “Hoy seguimos luchando con mucha pena al ver que nuestras víctimas no han tenido Justicia (…) Hoy tenemos más de 10.000 denuncias por violaciones de Derechos Humanos, pero solo un 0,2% ha tenido Justicia”, expresó.
Para el filósofo Rodrigo Karmy un primero aspecto para leer la revuelta es pensarla como un acontecimiento de la imaginación que le trae problema a la estructura heredada de la dictadura y profundizada durante los gobiernos de la post dictadura. El académico sostiene que su reflexión se basa en que las distintas formas de Repúblicas de los últimos 200 años la manera de entender la política es una visión portaliana, es decir autoritaria. “La manera de entender la política desde el código chileno es una manera oligárquica de entender a la República”, analizó.
Ese código oligárquico se ha fortalecido y protegido a si mismo a través del pacto de 1833, el de 1925 y el de 1980, fechas de las constituciones que han regido a Chile. La política portaliana está hecha para y por la elite, esa sería la esencia de la política chilena que se mantiene hasta el día de hoy, y es por eso que no soporta o no da cabida al concepto plebeyo, en ninguna de sus formas. “Lo que ocurrió en la revuelta popular de octubre 2019 es que irrumpió la lucha de clase, o lo que es lo mismo, irrumpió la mirada plebeya. Al irrumpir la mirada plebeya el proceso de restauración oligárquica, es decir cierta oligarquía, es recuperar el control, y lo primero que tiene que hacer es destruir esa mirada plebeya. Y, a lo mejor, es ahí donde tenemos la clave para entender a los mutilados que tenemos”, explicó.
Además, agregó que se da una paradoja en el estallido social y es que los que tienen mayor poder de visión no logran ver lo que pasaba, o no lo vieron venir, y los que no pueden ver son los que pueden ver todo. “El proceso de restauración oligárquica consiste primero en construir una dialéctica que permita despolitizar la revuelta popular para reducirlo en su aspecto delictual”, cerró.
Claudio Nash trató de hacerse cargo del concepto negacionismo planteado por el periodista moderador. Para ello vinculó la violencia del Estado, que fue ampliamente recordada durante las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado, con la violencia represiva ocurrida en octubre del 2019 hasta marzo del 2020. Para el abogado en el país se impuso un modelo de destrucción de organizaciones sociales y Estado de derechos, para imponer una sociedad neoliberal en lo económico, autoritaria en lo político y conservadora en el tema cultural, y para imponer ese modelo había que desarticular la organización social e instaurar el terror a través de las violaciones de Derechos Humanos. Ese sería el modelo que impone la dictadura y administrado por los gobiernos posteriores. “Ese es el modelo que explota en octubre del 2019 y que generó en movilización masiva mayoritaria que cuestionó las bases del modelo, y cuestionó al sector que pudo hacer transformaciones y no las hizo”, argumentó.
La respuesta a ese despertar social fue recurrir a las violaciones de Derechos Humanos, no para instalar el modelo, sino que para defenderlo. Lo que significó una violencia represiva para paralizar el movimiento popular a través de la tortura, la prisión y, a diferencia de la dictadura cuando hubo desaparecidos, acá hubo mutilados para aterrorizar y que las personas no salieran a las calles.
“Acá quienes estuvieron del lado del poder estuvieron del lado de la represión, y esto hay que decirlo muy claro, aquí fue el Estado que reprimió. Aquí se alineó todo el aparato estatal, el poder Ejecutivo, pero también el poder Legislativo, cuando se aprobaron la ley antibarricadas, para mejorar la respuesta represiva, se alineó el poder Judicial. Esa represión estatal no solo fue lo que se vio en las calles, sino también la criminalización de la protesta, para sacar el componente político; tratando de instalar el “estallido delictual”, acá lo que hubo fue delincuencia desatada, y eso te genera un escenario autoritario, entonces cambió el color del gobierno, pero el escenario se mantiene. Entonces la respuesta ante los nuevos desafíos sociales, vuelve a ser la respuesta la represión, como por ejemplo la Ley Naín, la migración y el conflicto mapuche, cómo se resuelve: militarizando”, aseguró.
También, mencionó que había que limpiar esa imagen de Piñera como un Presidente que aceptó las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos porque hoy día la respuesta estatal es la misma. El gobierno no puede entrar en conflicto con carabineros y todo lo que se dijo en su momento para reformar ha quedado en el olvido. “Las bases del estallido siguen ahí y la respuesta represiva también sigue y se ha perfeccionado, por lo tanto, ese es el escenario a cuatro años del estallido. Ni la política ni la Justicia están dando las respuestas necesarias (…) Y la protesta social vuelve a aparecer como un fantasma en este país”, dijo.
Proceso constituyente
En la última parte del foro, los panelistas se refirieron al actual proceso constituyente. La redacción de una nueva Constitución fue la respuesta de la institucionalidad para terminar con las movilizaciones populares iniciadas el pasado 18 de octubre 2019. Karmy manifestó que la relación de la revuelta popular con el proceso constituyente es de la disyunción porque no hay una continuidad del estallido con los dos intentos de propuestas de nueva carta magna. Asimismo, consideró que el poder no puede decretar el fin de la revuelta, de la misma forma que nadie puede arrogarse el inicio de una rebelión, por ello la correlación del estallido social del 2019 con la institucionalidad es de disyunción. En el proceso de restauración surge la desafección de las personas con el poder hegemónico.
Por su parte, Claudio Nash alejado de los conceptos jurídicos proyectó que lo que se cierra el próximo 17 de diciembre, no importando la opción, es el proyecto de la clase política del 15 de noviembre 2019, en un intento de querer capturar las demandas populares a través de la discusión constitucional. Para el abogado la crisis constitucional no se resuelve con el plebiscito de salida, no importando su resultado.
La senadora Campillai lamentó que el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, siguiese en su cargo y que no se haya producido la anhelada reforma a Carabineros. Hizo un llamado a volver a creer y a que el pueblo se articule para seguir luchando en unidad por las demandas populares y por la recuperación de la Memoria. Al finalizar confirmó que no apoyará esta propuesta de nueva Constitución porque no representa a “nuestra gente” y es un “traje a la medida de la clase política”, y que no se hace cargo de la deuda en materia de Derechos Humanos.
-Publicado en la edición N° 24
por Agencia Merkén SpA.