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Segundo informe anual del Comité para la Prevención de la Tortura: Los principales desafíos siguen estando en Salud Mental, condiciones de encierro y procedimientos en comisarías

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Por Maximiliano Sepúlveda Rodríguez

El pasado 15 de marzo, en un evento transmitido a través de Streaming, el Comité para la Prevención de la Tortura entregó los resultados de su informe anual 2021-2022.

En niñez y adolescencia, se recomienda que la institucionalización de los NNA sea un recurso de última ratio, y no permitir el ingreso de menores de 14 años a residencias de adolescentes. Otras medidas recomendadas son la segmentación por curso de vida, más que por historial de faltas, reducir las plazas de las residencias, hacer un monitoreo de las causales de ingreso, generar una coordinación directa entre el servicio Mejor Niñez y el Poder Judicial y, muy especialmente, se hace un llamado al Mineduc, a la Agencia de la Calidad de la Educación, Consejo Nacional de Televisión, Ministerio de Desarrollo Social e INJUV a involucrarse en lineamientos orientados a atender las necesidades de los NNA bajo cuidado y custodia del Estado, reconvirtiendo además los procedimientos bajo los estándares del DD.II para la custodia y cuidado de NNA.

Complementario a esto, se insta a generar canales de comunicación claros para quejas y sugerencias de los/as adolescentes, no sólo a nivel de residencia, sino también a nivel central, y se recomienda al Ministerio del Interior, coordinarse con el servicio Mejor Niñez para la actualización de protocolos policiales con niños y adolescentes en residencias de protección.

En el apartado de Adultos Mayores en centros del área, se detectó un altísimo porcentaje de residentes ingresados por abandono y negligencia de cuidado, además de una importante sobrecarga laboral y emocional en los equipos de cuidado.

En el área de Salud Mental, se advierte una gravísima falencia en la aplicación de Terapia Electroconvulsiva, sin anestesia general ni administración de relajantes musculares, además en menores de 18 años, desatendiendo las modificaciones que se le hizo al protocolo de este tipo de terapia en 2000, hace más de 20 años. Las desactualizaciones también están presentes en realización de psicocirugía o cirugía aplicada al tejido cerebral. Se insta al Ministerio de Salud a actualizar los protocolos de manera urgente y a realizar una fiscalización exhaustiva a través de las Seremi de Salud correspondientes.

En materia de función policial, se reconoce en Carabineros una mayor “apertura a intentar posicionar el tema de los DDHH”. Asimismo, y como es de suponerse, la institución experimenta un incremento exponencial en infraestructura, enmarcado dentro de las compras multimillonarias que se han hecho para la rama en los últimos años. Pese a lo anterior, en las unidades policiales más pequeñas y alejadas de los centros urbanos, se detecta ausencia total o parcial de cámaras corporales, lo que constituye una falencia grave.

Además, el material que almacenan las unidades sólo está disponible en plazos de entre 30 y 45 días, lo que impide que las grabaciones sean utilizadas en procesos investigativos cuyos requerimientos se presenten fuera de ese plazo.

Por otra parte, se recomienda mejorar la falta de claridad en la entrega de información a, y sobre, los detenidos.

Y pese a que se advierten mejoras en el trato en las unidades policiales, los detenidos/as entrevistados insisten en que es en el momento de la aprensión y traslado en el que están más expuestos a insultos, maltratos, golpes y/o reducción con uso inapropiado de la fuerza por parte de los funcionarios de Carabineros. Momentos en los cuales, evidentemente, no se puede dejar constancia de lo sucedido.

El problema, se enfatiza, no está en la ausencia de protocolos, sino en el criterio con el que se aplican.

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*Reportaje publicado en la edición 19 de revista Grito


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