En este volumen compilatorio, la periodista Josefa Barraza aborda a través de un compendio de crónicas y reportajes publicados en diversos medios, uno de los capítulos más opacos del accionar policial durante el Estallido Social: La presencia operativa de grupos de carabineros vestidos de civil encargados de perseguir, individualizar y “cazar” manifestantes durante las protestas de la rebelión popular, acción que contraviene el Código Penal, y que se tornó especialmente grave en casos emblemáticos de incendios en la Universidad Pedro de Valdivia y el Hotel Principado, donde incluso se indica a oficiales como instigadores de atentados por los que luego serían apresados jóvenes manifestantes.
Por Maximiliano Sepúlveda R.
En el prólogo del texto, a cargo de Claudio Nash, ya se desliza la tesis de que la acción policial durante el Estallido, tuvo por fin “aislar a los manifestantes del resto de la sociedad y sacar sus demandas del ámbito de lo político para trasladarlo al de la Justicia” (página 8).
En el apartado dedicado al Hotel Principado, donde los manifestantes fueron seguidos y grabados por personal policial vestido de civil, se indica que el uso de agentes infiltrados sólo puede ser autorizado por un juez de garantía, y que su despliegue viola el artículo 226 bis del Código Penal. Más adelante la investigación de la autora agrega que el principal testigo de la investigación, es precisamente un teniente de carabineros, David Gaete.
Respecto del caso de la Universidad Pedro de Valdivia, el capítulo cita al abogado defensor Lorenzo Morales, quien asegura que en el inmueble se montó un “teatro de operaciones, esperando a que una persona cometa un delito” (página 29).
Luego, se aborda el caso de la quema de un furgón policial en pleno barrio Bellavista, luego de la cual Nicolás Piña, ingeniero de 34 años, es secuestrado por un grupo de 8 encapuchados que descendieron de un auto de color gris, mientras caminaba con su madre, quien fue agredida, para ser arrojado violentamente al interior de un furgón que tampoco mostraba insignias policiales. Los encapuchados resultaron ser carabineros que siguieron al joven y su madre por varias cuadras, para luego abordarlo violentamente. Dentro de las brutales vivencias relatadas por Piña, está el haber sido amenazado y agredido en reiteradas ocasiones.
Por otra parte, asegura haber compartido celda con imputados por violencia familiar e incluso un individuo acusado de manosear a una mujer en un bus de la locomoción colectiva. Todos liberados a las pocas horas.
En un encuentro de lanzamiento del libro, realizado la semana recién pasada en la Universidad Alberto Hurtado, Nicolás Piña aseguró que no existe registro de los actos vejatorios y violaciones de los derechos humanos de los detenidos en el momento de su detención, y que no sólo los eventuales abusos no son tomados en cuenta por tribunales, que abordan al detenido sólo una vez que ha sido pasado a control de detención, sino que además, pese a que las detenciones y procedimientos son ilegales, los tribunales consideran como válidas tanto las pruebas levantadas de forma antirreglamentaria como el testimonio de policías que actuaron de forma ilícita.
Hacia la segunda mitad del libro se pueden revisar investigaciones relevantes relacionadas con el denominado “Grupo Cazadores”, ocupado de perseguir, grabar y detener a personas en manifestaciones sin orden judicial, uso de vehículos arrendados como carros policiales, y además el testimonio del oficial a cargo del grupo “intramarchas”, el capitán del OS-9 de Carabineros, Pablo Cabezas Venegas.
En conversación con la autora del libro, Josefa Barraza nos comenta que la motivación para realizar este trabajo estuvo en la voluntad de “dejar un testimonio para las próximas generaciones y que la existencia de una policía infiltrada en el Estallido Social, que fue un secreto a voces por mucho tiempo, quede plasmada”.
Respecto a su lectura, del hecho de que los grupos “intramarchas” son una expresión de una política criminal por parte del Estado chileno, la autora enfatiza que: “Los ´intramarchas´ actúan de forma autónoma, no hay responsabilidad política ni fiscalización. Incluso usaron vehículos civiles arrendados para actuar en las marchas.
Sobre la persistencia de la tesis del “Enemigo Interno” en los cuerpos de seguridad en Chile, Josefa Barraza indica que carabineros buscó “chivos expiatorios” para criminalizar la protesta social.
Consultada sobre el acoso que ha debido tolerar por realizar este trabajo, la periodista relata que ha sufrido acoso digital y episodios de violencia de género, especialmente de parte de personas y grupos que defienden a las policías: “El acoso siempre es hacia mi persona, nunca hacia mi trabajo, lo que me llama mucho la atención”.
Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el Estallido Social, se encuentra disponible en librerías.
*Nota publicada en la edición N° 11 de revista Grito
por Agencia Merkén SpA.