Reportaje/ A dos años del 18-O: La épica, el drama y la farsa

Por Carlos Concha Olivares y Maximiliano Sepúlveda R.

La épica

a)    El brigadista

José Ruminado Ayala es paramédico y voluntario de salud, actualmente conocidos como brigadistas de salud, en las diferentes manifestaciones. Estuvo entregando asistencia médica en las protestas estudiantiles, en los 11 de septiembre, en las marchas de los pueblos originarios, en fechas importantes antes del 18 de octubre del 2019. Anteriormente había comenzado a manifestarse durante el 2011 y cuando egresó del colegio entró a estudiar técnico en enfermería. Fue cuando tuvo los primeros acercamientos con la atención médica callejera.

“Hasta que un momento estuve también ayudando como fotógrafo y observador de Derechos Humanos, me dije que se necesitan paramédicos acá. Muchas veces me tocaba que, en una marcha gigante, de No+AFP o estudiantil o convocatorias más grandes, había uno o dos compañeros con equipo de primeros auxilios y, claro, vi una brecha que llenar con los conocimientos que estaba adquiriendo en ese minuto en el instituto, y con las ganas también de ayudar desde esa arista”, recuerda.

El 18 de octubre del 2019 lo tiene marcado y señala que estaba descansando en su casa, cuando un amigo cercano lo llama para que se vaya a Plaza de la Dignidad. “Me dice está la caga´ vente y, la verdad, lo conozco muy bien y no me diría vente de esa forma si no fuera realmente necesario”, narra. Una vez en la Plaza, alertado por los vecinos del sector, quienes reconocen su cruz roja en su casco, tiene su primer acercamiento con una víctima de violaciones de derechos humanos. “Me acerco a verlo y tenía un impacto de bomba lacrimógena en el cuello, tenía la quemadura con la forma de la bomba lacrimógena en el cuello, así que luego de los primeros auxilios, de la asistencia básica, fueron los mismos vecinos que se ofrecieron a llevarlo en un centro asistencial”, cuenta José.

Después fue aprendiendo a desenvolverse en medio de la represión estatal, las manifestaciones populares y los casos de heridos por perdigones, bombas lacrimógenas, atropellos, golpizas, etc. Primero con un equipo de primeros auxilios, hasta llegar a tener insumos médicos de hospital, pidiendo consejo a los médicos del hospital donde trabaja, y llegó a lo que denomina “clínica ambulante”, con la capacidad de neutralizar hemorragias, hacer suturas, tratar quemaduras y extricaciones en caso de fractura. Todo en la calle.

Sobre si hubo violaciones sistemáticas a las violaciones de derechos humanos, no lo duda ni por instante, y es categórico en señalar que las hubo, porque las vio. En el espacio memoria Londres 38, cuando funcionó como un punto de salud durante el levantamiento popular, le tocó atender un estallido ocular.

“Veo al compañero ensangrentado completamente con sus antiparras rotas. Los perdigones habían atravesado las antiparras que estaba usando, me pongo guantes, comienzo a limpiar la herida, logro abrir el ojo para ver el nivel de daño, y veo reventado el ojo en ese lado, no había un globo ocular realmente, era un hoyo y mucha sangre. Según los cuidados que yo ya manejaba, se vendan ambos ojos para evitar aún más daño por el movimiento del nervio óptico y solicitamos una ambulancia de traslado al SAMU.

Llegó en un par de minutos, pero me quedé con que ese compañero ya había perdido su ojo. Todo lo que yo hiciera para primeros auxilios ya no servía para enmendar el daño que ya tenía”, expresa.

También, complementa que le tocó en muchas ocasiones atender heridas que no eran casualidad, que no eran producto de un rebote, sino que se debía a la intención -por parte de agentes del Estado- de castigar, dañar, mutilar e, incluso, matar a personas que protestaban. Además, nos comenta que, a medida de la asimilación del aprendizaje con la aparición de escudos, cascos, protección ocular, Carabineros también fue perfeccionando su ataque a la población que se manifestaba, llegando hasta los ataques químicos. “Todo tenía la intención de dañar a quienes se manifestaban y que la gente dejara de ir a protestar por miedo”, enfatiza el brigadista.

Por otra parte, José Ruminado Ayala resalta el espíritu de convergencia política expresado durante el “Estallido Social”, alejada de los partidos polticos, donde las demandas se levantaron desde el pueblo y no desde un sindicato o alguna orgánica de la política tradicional. “La idea general que teníamos todos, que era hacer un cambio, un cambio real, era lo que llamaba realmente a las personas”, rememora. Pero, también reconoce que hubo una falta de canalización política que permitiese obtener resultados concretos. “Muchas demandas se hicieron y muchas promesas hubo, pero claramente la falta de organización política real es lo que nos evitó conseguir mayores cambios. Tenemos la Convención Constitucional,  tenemos autoridades que renunciaron y se fueron, pero aun a dos años todavía no tenemos cambios reales en las demandas que estábamos exigiendo”, comenta.

Sobre el “Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución”, del 15 de noviembre 2019, considera que fue una medida desesperada por parte del orden político hegemónico, quienes veían con temor que la gente había logrado organizarse sin ellos y podía avanzar hacia verdaderas transformaciones. Sin embargo, cree que una nueva Carta Magna es solo un paso más, para hacer un país más equitativo y justo, pero que es una pequeña parte de un camino. Para José ese camino se construye con la gente luchando en la calle por sus derechos. “Con la gente poniendo contra las cuerdas a los responsables del país, que se olvidan muchas veces que no es que ellos nos gobiernan a nosotros, sino que nosotros los elegimos a ellos para que nos representen y para que velen por nosotros, por la seguridad de la gente, por la alimentación de la gente, por la gente de la salud, las pensiones, los trabajos”, señala.

Por otra parte, considera que no se puede construir un país nuevo “con quienes lucharon por ese país nuevo en las cárceles, por quienes lucharon por ese país nuevo heridos, sin reparación, sin justicia, con familias que todavía no saben quién asesino realmente a sus familiares, en qué circunstancias y por qué”.

El voluntario de salud nos cuenta que prefiere trabajar solo, que a veces el tema de las brigadas se presta para malas interpretaciones, y que quiere enfocarse en ir a ayudar a sus compañeros, que esa es su tarea.

Durante este 2021 no ha frecuentado en tantas oportunidades la Plaza de la Dignidad debido a temas personales y en solidaridad con dos amigos con quienes había conformado una brigada, pero que fueron detenidos por Control de Orden Público (COP) de Carabineros y que ahora están siendo investigados. Pero, es preciso en señalar que la pandemia fue un varapalo a la protesta popular, que llegó en el peor momento cuando el estallido se estaba consolidando como un movimiento político propio. “Fue un golpe demasiado duro el tener que dejar de movilizarnos cuando ya habíamos logrado mucho, cuando estábamos en aras de un camino que podría haber terminado muy bien, tuvimos que parar de repente todo y guardarnos en las casas”, indica.

José es critico con algunos fenómenos que rodean las manifestaciones en Plaza de la Dignidad; con los movimientos sociales que intentan arrogarse la representación del pueblo, los corpóreos y la gente disfrazada que pretenden hacerse populares y llamar a la masa. Cree que hay que mantener la seriedad. “Hay compañeros que murieron en esto, hay compañeros que tienen heridas que nunca van a sanar, familias que se vieron divididas, y la idea de montar un show en la Plaza, la idea de hacerse famosos, de abanderarse con una idea, olvidándose de todo esto es un poco pésimo por decirlo menos”, reflexiona.

Por último, proyecta que las protestas populares van a seguir, siempre y cuando exista un compromiso de la gente, y no solo movilizarse por el dinero, como fue el caso de los retiros del 10% de las AFP, sino con ideales fuertes de querer cambiarlo todo.

a)  El Primera Línea

Nos reunimos un día cualquiera en las cercanías de Plaza de la Dignidad. Nos pide poner el celular en modo avión. Evidentemente, antes de acceder a hablar con Revista Grito, nos solicita resguardar y respetar el anonimato. Está en conocimiento del amplio catálogo penal punitivo del Estado hacia los luchadores sociales; la Ley de Seguridad Interior del Estado (Ley N° 12927); la Ley de Control de Armas (Ley N° 17.798), y la denominada Ley “Antisaqueos” (Ley N° 21.208).

Para él la Plaza de la Dignidad le genera cierta gracia, “están como obsesionados”, por la cantidad de despliegue policial para resguardar nada, a un fantasma, para él es estúpido. Para él las calles Ramón Corvalán con Carabineros de Chile es algo significativo: “Porque ahí pasaban las cosas de verdad. Ahí agarré a cabros sangrando, a mí también una vez me sacaron, pero para mí el amor está en la periferia”.

El 18 de octubre del 2019 estaba trabajando en Valdivia. En ese entonces, recuerda que en la ciudad sureña la efervescencia social era diferente a la que se vivía en Santiago. “Acá (Santiago) reventó y el choque fue explosivo, y lo único que pensaba era venirme para acá”. Junto con otro colega intentaron volver inmediatamente, pero se encontraron con que los buses habían cancelado sus viajes por el Estado de Excepción Constitucional. Pero, lograron subirse a bus pirata, y el mismo 19 de octubre estaban en la Plaza Dignidad. “Nosotros con otros cabros nos es que nos conocimos ahora, entonces era una cuestión que habíamos esperado hace tiempo, es algo que sabíamos que podía pasar, pero no sabíamos cuándo (…) Nosotros presentíamos y sabíamos que en algún momento iba a pasar esta cuestión, porque era una olla a presión”, nos cuenta.

Pelea en las calles desde los 15 años, para la movilización de los pingüinos, en el 2016, en contra de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Desde ahí reivindica lo que llama la “lucha directa más que social”, cuando empezó a reconocerse con otros iguales, algunos con familiares más políticos, otros marginados de la sociedad. Precisa que en la lucha directa hay de todo, desde sus inicios, y que no son “puros flaites”. Cree en todas las “trincheras de luchas” contra del modelo, pero que lo suyo son dos espacios, y que ambas apuntan en la misma dirección: La acción directa en la calle, en contra de la policía, como una herramienta de autodefensa del pueblo, y la de la construcción colectiva, comunitaria y educativa dentro de los territorios. “En la pobla´ hay un dicho: si acá no le pegai a la pelota es porque no querí. No, acá no te dejan ver el balón para que le peguí a la pelota. Entonces nosotros si queremos ponerles la pelota para que le peguen. Y esa lucha no la puedes dar tirando un camote o una mecha en la calle. Esa wea la tienes que crear de otra manera”, nos explica.

Hay tres aspectos que le llamaron la atención durante la revuelta popular. El primero es el respeto que le tenía su familia al toque de queda. Lo segundo es que se dejó de estigmatizar la lucha violenta y directa. “Antes eran los propios movimientos que te desvalidaban, y no puedes andar siempre poniendo la otra mejilla, yo no soy Mahatma Gandhi, si me pegan yo voy a responder”, evoca. Dentro de este mismo punto se puede interpretar que también releva el hecho de un fortalecimiento de la identidad popular, del sujeto poblacional como un actor político que puede definir su propio destino. Un tercero punto fue -y es- el constante abuso de poder por parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Narra que vio en las poblaciones a militares disparando desde las tanquetas, que eso no se informó en ningún lado, y que solo se lloran en los territorios. Lo mismo con los Carabineros que no respetaban nada, sin cuestionar nada y que de diálogo nada.

Por otra parte, está consciente que puso en riesgo su integridad, pero que es por ideología y que tiene “convicciones inquebrantables”, como que la gente se puede educar. “El valor del cerebro es una cuestión infinita. Si le das a una persona la herramienta de pensar, eso es lo principal”, opina. Asimismo, relata que el desgaste más grande no fue físico, sino que mental. Esa guerra psicológica de baja intensidad del Estado policial, de estar en una plaza jugando con su hija y que lo lleven detenido en cualquier momento, perder la libertad, intentar constantemente superar la paranoia. Fueron 6 meses que preparaba su mundo para dar la lucha en la calle (desde octubre 2019 a marzo 2020) y que define haber tenido “una jornada laboral y otra ideológica”.

No ha vuelto de manera frecuente al sector de Plaza de la Dignidad, que está más focalizado a un trabajo colectivo desde la base, tratando de involucrar a su hija, porque es una pelea de tipo cultural social, no una personal, y se debe crecer con consciencia social. No cree que la revuelta popular haya terminado, sino que está en pausa, debido a que los movimientos son cíclicos como las sociedades en general. Proyecta y nos explica que la gente entendió que juntarse en Plaza de la Dignidad es para ciertos momentos y que se ha comenzado a articular de otra manera, que va a costar que “prenda como es 18”, pero que se está viviendo un proceso de acumulación de rabia.

No tiene esperanza con la Convención Constitucional, si reconoce que acudió a las urnas para el plebiscito, que puede ser un paso, pero la mira con mucho escepticismo. A ello, le suma la vorágine de candidatos/as que hablan en nombre de las demandas populares. “Es un juego que lo hemos visto una y otra vez”, formula.

“Entiendo que la política es algo transversal. Acá, por ejemplo, encuentro que prácticamente no hay izquierda, y todos juegan en bases a sus intereses, y en base a imponerle al otro, pero no hay como empatía, no hay conocimiento, no hay tiempo para escuchar al otro, todos quieren cargar sus banderas, y fue nomás. Al final, lo que quiero decir es que no veo una evolución como sociedad, veo un manejo”, agrega.

Ante la pregunta de cuándo dejamos la violencia política como una opción válida y solo nos regimos por las vías institucionales; contesta sin titubear que deben haber muchas garantías y que la confianza es primordial. La educación es lo primero; “mientras nos sigan tratando como ganado van a seguir pensando como ganado. Entonces cuando tengamos que relacionar violento, va a pasar”, sostiene. También, tiene que haber Justicia. “Cuando quieren decir cómo paramos la violencia en la calle es con Justicia y esas son las garantías que te decía. Cómo siguen escondiendo lo de los detenidos desaparecidos, cómo siguen desapareciendo gente y no hay Justicia. Yo me saltó un IVA y me van a buscar hasta en la casa y me dicen que me van a quitar lo que sea”, puntualiza.

El primera línea señala que todas las frustraciones sociales se acumulan y que a nivel educacional el país no se ha hecho cargo de enseñar de cómo asimilar esas emociones. “Si no sabemos manejar nuestras emociones las weas van a explotar, y eso es educación, y nunca han querido que nosotros pensemos”, precisa.

Por último, nos deja una perspectiva: “Mi ideal país es educacional. Todo para mi es educacional. Todo. El comprender, el analizar, el creer que la educación es el bien más sagrado que tiene que haber, como darle a una persona la oportunidad de ser quien él quiera, a través de pensar. Que no te digan porque naciste en San Gregorio, naciste en la Legua, o Bajos de Mena, vos vas a llegar hasta ahí”.

El drama

Sin lugar a duda, el gran drama del “Estallido Social” del 18 de octubre del 2019 fue las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetradas por agendes del Estado. El período entre el 18 octubre del 2019 y marzo del 2020, antes de la pausa en la rebelión popular por la pandemia del Covid-19, fue en el cual se desarrollaron mayoritariamente estas violaciones a los derechos fundamentales de los y las manifestantes a lo largo del país.

Las violaciones de derechos humanos se pueden categorizar de la siguiente manera, los asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Especiales de Carabineros, actualmente Control de Orden Público (COP); las víctimas de traumas oculares; las víctimas de perdigones; los ataques y torturas con resultado de lesiones y lesiones graves; los ataques químicos; y por último la prisión política.

En todos estos casos un primer gran problema ha sido tener un catastro efectivo y adecuado de todas las víctimas. El Estado y su institucionalidad han sido incapaces de manejar un registro efectivo. Además, se debe mencionar que muchas de estas víctimas nunca interpusieron alguna denuncia o constancia por diferentes razones. No obstante, existe un informe que no fue muy conocido para la opinión pública y que movió el piso al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se trata del documento: “El Estallido de las violaciones a los Derechos Humanos” (1).

El informe entrega algunas cifras de interés como por ejemplo que, según el Ministerio Público, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 marzo de 2020, hubo 8.510 personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en un contexto de rebelión social. De éstas; 6.942 son hombres, 1.559 son mujeres y

9 casos están sin información del sexo registral, de ellas 7.178 son adultas y 1.315 son niños, niñas o adolescentes, mientras 17 no tienen información de edad. En su desglose, estos datos precisan que 25 personas son pertenecientes a algún pueblo originario; 30 pertenecen a la comunidad LGTBIQ+; y 99 son migrantes. Por otra parte, La Región Metropolitana concentró el mayor número de denuncias (4.518), seguida por las Regiones de Valparaíso (944) y del Biobío (584).

En este texto se concluye que existe en Chile “una violación grave y sistemática a los derechos humanos con patrón específico de conducta, sobre un grupo de población. Esta conducta aparece avalada o tolerada por la autoridad política, en tanto la información disponible en los medios de comunicación y organismos públicos de salud, le hacían perfectamente posible frenar este método represivo de gravedad extrema e ilegal, habiéndose limitado a emitir declaraciones o generar instructivos que no tuvieron efectos prácticos en ninguna oportunidad”.

Esta tesis produjo un enfrentamiento entre el equipo que trabajó en este informe, bajo la coordinación de Osvaldo Torres Gutiérrez, y el director del INDH, Sergio Micco Aguayo. Situación que profundizamos en esta edición en una entrevista realizada a Torres.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos también han sido denunciadas por Amnistía Internacional y su oficina en Chile. Amnistía especifica que hay una clara intención por parte Carabineros de querer reprimir y criminalizar la protesta social “a través del uso excesivo de la fuerza, y el uso discriminatorio y desproporcionado de la prisión preventiva”, con una complicidad del Ejecutivo de querer ocultar estos delitos (2).

Este comportamiento por parte de las policías chilenas no es una casualidad o fruto de la divina providencia. En Revista Grito, a través de nuestros diferentes análisis y reportajes, hemos podido dar cuenta que Chile es un Estado Policial que se ha prolongado desde la dictadura cívico militar a la fecha, en que ninguno de los gobiernos de la transición, del binominal, o de la democracia representativa lo revirtiera. Las múltiples denuncias del pueblo mapuche, el caso de Manuel Gutiérrez en el 2011 (3) no fueron atendidos. Es más, la criminalización a la protesta popular se fue perfeccionando, al punto de que hoy día tengamos que hablar de política criminal y de la continuidad de la doctrina de seguridad nacional, la del enemigo interno. Los resultados y las consecuencias están a la vista. Tanto así que la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a dos años del 18-O, evacuó un informe señalando que las violaciones de derechos humanos continuaban y que la no repetición en Chile no está garantizada (4).

El mismo trabajo de la ACNUCH expone dos de las demandas que más se oyeron -y vieron- en las protestas por el segundo aniversario del 18 de octubre: La falta de justicia y de reparación. La justicia de clase es un termino que hemos tenido que profundizar. La lentitud en el avance de los casos de víctimas de derechos humanos ha sido la tónica. Por ejemplo, la primera víctima de trauma ocular del estallido social, el mismo viernes 18 de octubre de 2019, María Paz Grandjean (5), el proceso de investigación fue postergado y habrá audiencia este 02 de noviembre, con una ampliación de la querella a mandos medios de Carabineros.

Por otro lado, el ex teniente de carabineros que le quitó la vista a Gustavo Gatica, Claudio Crespo, le fue revocada la prisión preventiva y ahora está en régimen de arresto domiciliario.

Pero, Renato Ibarra, quien fue liberado la semana pasada, pasó 10 meses en prisión preventiva por un falso testimonio de Carabinero. También, está la constante dilación en el caso del asesinato de Manuel Rebolledo, y un largo etc.

La tragedia no sucumbe y algunos prisioneros políticos de la revuelta están viendo la opción de aceptar la culpabilidad para poder acceder a beneficios carcelarios, como por ejemplo Francisco Hernández. Además, los prisioneros políticos que están con graves secuelas en su salud (6).

Y si trata de reparación, dónde está, en qué estamos. En el caso de los prisioneros políticos de la revuelta la gran opción que tienen en estos momentos es a través de la vía política, con el proyecto de ley de indulto (7), actualmente en su primer trámite legislativo en el Senado, en tabla para este 02 de noviembre. A modo de presión algunos familiares iniciaron esta semana una huelga de hambre.

Otros programas de reparación han sido calificados como insuficientes por parte de las víctimas y sus familiares, como lo es el “Plan de Asistencia Médica y Social para Personas Lesionadas de Gravedad”; proyecto de ley de reparación de víctimas de violencia estatal durante el estallido (8); o el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), entre otros, y que no han dado el ancho. También se habla de crear una mesa de verdad, justicia y reparación, algo similar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Informe Rettig). Sin embargo, en lo concreto, es que la Justicia y Reparación fue el grito que más se oyó para el segundo aniversario del inicio de la revuelta popular.

La Farsa

“Rojas Vade es un producto de la cultura neoliberal chilena”

Organizaciones que nacieron al alero de las manifestaciones tanto en Dignidad como en el resto del país, y que terminaron consumidas en celos y divisiones, candidaturas presidenciales fallidas con el correspondiente espectáculo mediático, y probablemente el cénit del asunto: Un convencional electo que inventó una enfermedad y desarrolló un personaje ficticio llegando a la Convención con alta votación, incluso siendo propuesto para la Vicepresidencia de la misma.

De todo esto hablamos con el Doctor en Filosofía Política y Moral de la Universidad de Chile, Felipe Berríos Ayala.

¿Cuál es tu visión respecto a la fugacidad de las algunas organizaciones políticas que surgen al alero de la Revuelta?

En primer lugar es claro que hay una gran diferencia entre una organización que sea representativa del Estallido y una que se vea a sí misma como representativa. Una organización realmente representativa del Estallido no sólo debiese ser capaz de interpretar la espontaneidad del mismo, lo que ya es muy difícil, sino que además debiese poder alcanzar la transversalidad del mismo ya que, nos guste o no, el Estallido es un lugar donde no sólo se encontraron sectores populares, que además podrían constituir la expresión más radicalizada, y el sector con el uno podría generar más empatía, sino que además hay sectores de lo que se denominó capas medias, sectores profesionales precarizados, a eso me refiero a la transversalidad socioeconómica y cultural. La Lista del Pueblo no necesariamente representaba eso. A partir de ahí podemos determinar que hay un sector que se siente representativo, pero probablemente no lo sea.

Existe por otra parte una pérdida del esquema representacional en su conjunto, representado mayormente por la crisis de los partidos políticos, pero es el modelo de representación el que está en cuestión, y la relación entre el individuo y el partido político.

En el caso de la Lista del Pueblo, la critica general al concepto de partido político hizo que la posibilidad de adquirir esa estructura se descartara inmediatamente, pero no hay que olvidar que una estructura de partido dota de cierta capacidad de tener o desarrollar prioridades centrales que, independiente del modo en el que resuelvan internamente, le dan un sentido más o menos global al conjunto de sus acciones. Y el hecho de que la prioridad haya estado en la crítica a la estructura de partido y no a construir una relación entre el individuo y el partido, hace que muy rápidamente se comience a fisurar, porque cuando no tienes prioridades consensuadas o debidamente sancionadas internamente, o al menos una pequeña claridad aunque sea cortoplacista respecto al rol político que jugará esta organización, en este caso en el ámbito constituyente que donde entraron, es evidente que la predominancia queda en posturas individuales.

Adicional a esto, está también el valor per se que se le ha dado al “independiente”. Y uno se pregunta: ¿Independiente de qué?, ¿De la sujeción a un partido político tradicional?, o es independiente absoluto, en cuyo caso su voluntad tampoco responde a un acuerdo colectivo, sino que más bien pesa el criterio personal, y eso le quita peso político.

Además el problema de los partidos políticos tradicionales no parece ser su estructura, la que se puede modificar, planteándose quizás la posibilidad de lógicas más horizontales que los re legitimen, al menos en la interna. El problema es el apego de la estructura del partido a la funcionalidad que entrega en su relación con el poder, y no al ámbito político como intermediador entre el Estado y los individuos.

El anquilosamiento en las estructuras de poder generó no sólo un clientelismo fuera de los márgenes del partido, sino que también hacia adentro dentro de las tendencias que buscan mantener capturados espacios de poder.

El problema medular más denso de los partidos políticos chilenos, al menos desde los 90´, es que su estructura no puede ser comprendida al margen de la cultura neoliberal instalada en Chile. Los partidos políticos son una empresa, y se manejan internamente con criterios de management, eficacia, etc. Y en la interna se generan bolsas de trabajo para militantes.

Eso es connatural a la racionalidad neoliberal que se instala en Chile. Esto es un fenómeno poco analizado. Cuando hablamos de neoliberalismo habitualmente lo hacemos para referirnos al modelo económico o a la forma como se organizan las prioridades en la sociedad, donde la mayoría de las actividades son un bien de consumo, etc. Pero hay otra arista que tiene que ver con la profundidad con la que el neoliberalismo se instala en la sociedad chilena, donde la política como mera administración es parte de esa racionalidad neoliberal.

Como diría (Jacques) Rancière en la “post- política”, los gobiernos de técnicos o expertos tienen un valor superlativo. Son esquemas donde la política no tiene ninguna finalidad, sólo importa el cómo es funcional a una determinada reproducción de cadena, incluso laboral. Me parece que la crisis tiene que ver con eso, con qué representa el partido, qué representa un determinado candidato.

En el caso de las organizaciones que surgen post-estallido, hay un ingreso inmediato a la política electoral, y eso agrega un elemento decisivo y complejo, no porque la política electoral tenga algo de malo o cuestionable en sí misma, sino porque uno tendería a pensar que en un contexto como el del Estallido Social, y sus contextos derivados, el tema de la política electoral es un momento de llegada para una fuerza que se va organizando paulatinamente luego de un proceso de organización que intenta sistematizar o dar forma de proyecto político al fenómeno de la Revuelta.

Aunque a uno lo podrían tildar de tradicionalista o muy siglo XX, por representarlo de esa manera. Por lo tanto, improvisando una respuesta, debiese bastar con colocar encima de la mesa las demandas del Estallido, sin mediación u organización previa como escudo frente a la escena electoral. Hubo un sector que venía con la “venia” de aquellos sectores que instalaron las demandas pero que después no participaron de los acuerdos políticos de las estructuras tradicionales, y ese es otro factor. Pero esa falta de organización y orden, especialmente frente al adversario político, permite que los individuos pongan por encima de cuestiones colectivas el criterio personal, lo que puede ser muy legítimo en otro orden de cosas, pero no para construir una organización política.

Lo de Rojas Vade es muy representativo de eso. Nunca lo he visto como esta figura endemoniada del tipo mentiroso porque si. Hay algo que me llama la atención: una persona que sabe que trae una determinada falencia – en este caso mentir y esconder algo-, pero que no piensa que cuando él caiga, va a afectar a todo el colectivo. Si no piensa en eso, y en los costos políticos que pueda tener para el colectivo, creo que no es por mero egoísmo, creo que eso expresa que ese individuo es un hijo del neoliberalismo, donde culturalmente el individuo predomina sobre el colectivo. Aunque no sea de mala fe, es algo que sucede de facto.

Por eso insisto en que la profundidad de la cultura neoliberal en nuestro país es algo a lo que le hemos dado poca vuelta.

En conclusión, podría decir que estamos en una suerte de movimiento tectónico donde no vamos a ver la conformación definitiva del momento político en el corto plazo. En ese sentido, la cultura neoliberal no es un asunto meramente declarativo, sino que tiene que ver con la experiencia y la exposición del sujeto en la esfera pública.

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1. Informe sobre los derechos humanos 18 octubre 2019 -12 marzo 2020. El estallido de las violaciones a los derechos humanos  (ver documento).
2. Chile: a dos años del estallido social Amnistía Internacional presenta          informe            sobre responsabilidad de mandos a la fiscalía nacional (ver nota). Policías bajo la lupa: Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas (ver documento).
3. A 10 años del asesinato de Manuel Gutiérrez: Un crimen que pudo haber evitado el espiral de violaciones de derechos humanos del estallido social (Edición 04 de Revista Grito).
4. A dos años del 18-O: ONU advierte que en Chile se siguen violando los derechos humanos (ver nota).
5. El ataque de Carabineros a María Paz Grandjean fue el primer caso conocido de trauma ocular del estallido social. Vuelva a leer el reportaje en profundidad que realizamos sobre su situación (Edición 01 de Revista Grito).
6. Informe general de evaluación e intervención equipo sanitario colaborador departamento de DDHH colegio médico CDP Santiago 1 (ver informe).
7. Concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala (Boletín 13941-17).
8. Establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales (Boletín 13854-17).