Por Maximiliano Sepúlveda R.
La revuelta de octubre pone a prueba la institucionalidad del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos. Tras treinta años de transición democrática desde el fin del ciclo militar de la dictadura, Chile ha invertido incuantificables recursos técnicos, humanos, políticos y económicos en un esfuerzo por entregar a sus ciudadanos y ciudadanas lo que en cualquier sociedad moderna pareciese ser obvio: Una institucionalidad pública, autónoma y robusta, que proteja los Derechos Humanos de las personas. A dos años del Estallido, el fracaso del Estado es significativo: Ausencia de querellas en un volumen considerable de casos, insólitas diferencias de criterio en el enfoque que se le debe dar al tema y, lo que resulta más complejo, un Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sumido en una aguda crisis interna, con un director cuestionado, y al que los acontecimientos, claramente, sobrepasaron larga y lamentablemente.
Para entender esta crisis, conversamos con Osvaldo Torres, ex Jefe de la Unidad de Estudios del INDH, además de coordinador y editor del Informe Anual de Derechos Humanos de 2019 (1), emitido por el Instituto, cuya edición generó diferencias entre Torres y el director Sergio Micco, razón por la cual Torres fue despedido de forma arbitraria de la Institución, tal y como ha sido acreditado recientemente en tribunales.
¿Cuáles fueron las principales diferencias surgidas entre usted y el director Micco en la redacción del Informe?
Las principales diferencias tenían que ver con que el Director asumió la posición, y lo señaló en una entrevista, de que quien sostuviese que las violaciones a los Derechos Humanos tras el Estallido eran sistemáticas tenía que probarlo, y el equipo que yo integraba opinaba que no era posible exigirle a la opinión pública que demostrara eso.
El acopio de información de la Unidad de Estudios del Instituto demostraba que había violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, o al menos masivas y ataques generalizados. Nuestro informe acredita que hubo patrones sistemáticos ejecutados por carabineros, en lo que se refiere, por ejemplo, a la violencia sexual y los traumas oculares, los que fueron formas de represión política que se utilizaron para contener la protesta social, y eso fue protegido, tolerado y aceptado por los altos mandos de carabineros y por la autoridad política que, por orientación u omisión, permitió que eso siguiese ocurriendo en el tiempo.
¿Es posible afirmar la existencia de una doctrina represiva en los aparatos de seguridad del Estado?
El trabajo de la Unidad de Estudios consiste en la elaboración de una base de datos con fuentes concretas: las querellas, observaciones en la calle respecto a la función policial, visita a los centros médicos, en todo el país, para constatar la situación de los heridos. Se recopilan los antecedentes que podrían probar la hipótesis de la persistencia de la doctrina de seguridad nacional, no desarrolla hipótesis de por sí.
¿Con ese antecedente, cuál es el panorama con el que se encuentran en sus visitas a los centros de salud en los primeros días de la revuelta?
La situación era crítica. Había falta absoluta de procedimientos. En algunos recintos era posible levantar la información directamente con el/la herido/a, en otras partes te entregaban un listado de aquellas personas que habían llegado heridas en el contexto de la protesta.
- Informe sobre los derechos humanos 18 octubre 2019 -12 marzo 2020. El estallido de las violaciones a los derechos humanos (ver documento)
Es por esto que los datos del Instituto no recopilan más de un tercio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por represión política durante el Estallido, lo reconoce el propio director Micco. Existen varias hipótesis al respecto. Una es que hubo una paulatina pérdida de confianza en el Instituto de parte de los manifestantes, otra es la debilidad institucional del Instituto a nivel nacional, donde hay unidades que tienen 5 funcionarios, y por tanto es muy difícil tener cobertura. Por eso es importante entender que los datos del Instituto no corresponden al total de las violaciones a los Derechos Humanos que se producen. Por eso generó tanta indignación cuando el Instituto redujo el catastro de víctimas de trauma ocular, que era de 433 según datos de los servicios de salud, a algo más de la mitad porque se comienza a contabilizar sólo aquellos casos donde hay querella presentada al respecto.
¿Cuál es el origen del INDH desde sus antecesores como la Comisión de Reparación y reconciliación que se organiza tras la publicación del Informe Rettig?
Es una pregunta interesante. Haciendo un poco de historia reciente, salvo lo relacionado con la reparación a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos consignados en el Informe Rettig, todas las demás recomendaciones que hizo el Informe en materia de Derechos Humanos fueron muy pobremente implementadas o derechamente obviadas. Tuvieron que pasar 10 años o más, durante el gobierno de Ricardo Lagos, para que se concretara un informe sobre prisión política y tortura, que es un crimen de lesa humanidad.
Y entre medio esa misma coalición política no permitió que se generara justicia internacional respecto a Pinochet y su procesamiento en España. Eso hizo que las organizaciones de Derechos Humanos que pelearon de forma sistemática por una política de Verdad, Justicia y Reparación, se fueran frustrando, decepcionando y perdiendo la fe en la representación política de los gobiernos de la Concertación, y de su verdadera voluntad por implementar una política de Derechos Humanos que cumpliese con los cuatro pilares de la justicia transicional: Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Tal es así que luego del Informe Valech, cuando se retoma la discusión por la creación de un organismo como el INDH, las organizaciones de DDHH exigieron como piso mínimo que fuese un organismo autónomo de acuerdo a lo que se conoce como protocolos de París, que indican que las instituciones, si bien son estatales, deben tener un grado de autonomía suficiente como para controlar la acción del Estado, no admitiendo, por ejemplo, la intervención de los gobiernos de turno, y este Instituto sí la tiene por la vía de la nominación de dos miembros del Consejo que toma las decisiones en el Instituto, por parte de la Presidencia de la República. Por lo tanto, en la discusión que se desarrolla, las organizaciones de DDHH que fueron las más afectadas por las violaciones a los DDHH: AFDD, AFEP, Londres 38, Codepu, Comisión Nacional de DDHH, etc., terminaron por desentenderse de la construcción de esa institución. Esa gente quedó muy frustrada e insatisfecha y entendiendo que ese organismo estaba siendo la construcción propia del duopolio de la Transición, que era un organismo que cumplía el requisito de ser controlado por una coalición que estaba en sintonía con los pactos de la época.
Y así llegamos al que sería el “desafío” más relevante del INDH en su historia, más allá de lo que ocurre en la Araucanía en materia de DDHH, el Estallido o Revuelta Social…
El Instituto no dio el ancho en su autonomía, se alineó con el duopolio y con el gobierno de Piñera. Más allá de las polémicas respecto a si las violaciones a los Derechos Humanos eran sistemáticas o no, lo importante, creo, es que el rol del Instituto en la defensa de los Derechos Humanos se contrajo, no se hizo alianza con las organizaciones defensoras de DDHH para recibir y procesar mayor cantidad de denuncias y actuar como “paraguas” protector de la acción de las mismas, o de los observadores de calle, que se jugaron la integridad física.
La estrategia del sector de derecha del consejo fue llevar al Instituto a la nimiedad. A que su voz no tuviera un peso consistente. Entonces si ahora el director dice que, a dos años del estallido, la respuesta en materia de Derechos Humanos ha sido débil o pobre, creo que la pregunta es qué responsabilidad le cabe a él mismo o al consejo en eso.
¿El Estallido sorprende al Instituto en un mal momento?
La rebelión de octubre sorprende al Instituto en un momento muy complicado por las disputas que había al interior del Consejo respecto al enfoque de Derechos Humanos. Recuerdo que en una ocasión el director pronunció un discurso frente a todos los funcionarios, donde dijo que los Derechos Humanos debían dejar de pertenecer a un sector del país, para pasar a ser de todos los chilenos, incluidos aquellos que habían apoyado el Golpe.
Otra cosa sería haber dicho que la misión del Instituto es defender los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas, pero no pensar que había cabida para un discurso que avalara el Golpe de Estado, o avalara a personas que estuvieran de acuerdo con el Golpe.
En esta entrevista, Torres desvela la precariedad de la institucionalidad estatal en materia de Derechos Humanos en nuestro país, el fracaso en el esfuerzo por generar una cultura de Derechos Humanos en las nuevas generaciones, que ha redundado en que aún no existe claridad en amplios sectores de la sociedad chilena respecto a la pertinencia, Misión y Función de instituciones como el INDH, vacío que se da no sólo en sectores de derecha negacionista.
La nula relación político-social entre la institucionalidad estatal y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los DDHH, la ausencia de una voz clara frente a violaciones flagrantes a la dignidad de las personas, y las pugnas internas en la plana directiva de la institución, son elementos que ensombrecen el panorama en un país con una larga tradición de atropellos raciales, de género y clase, y abre una sombra de incertidumbre respecto a la capacidad del Estado de Chile de ofrecer garantías mínimas de respeto a los Derechos Humanos de todos y todas.
por Agencia Merkén SpA.