Por Carlos Concha Olivares.
A fines del pasado mes de octubre y principios del presente mes de noviembre, Irmgard Furchner, fue noticia en varios medios europeos y algunos internacionales. Pero, ¿Por qué una mujer alemana de 96 años sería noticia en 2021 de los diferentes tabloides? Furchner fue dactilógrafa y secretaria del comandante del campo de concentración de Stutthof, en la Polonia ocupada, Paul Werner Hoppe, entre junio de 1943 y abril de 1945.
Se estima que unas 65.000 personas murieron en este campo de exterminio durante el nazismo. Las víctimas fueron prisioneros judíos, partisanos polacos y prisioneros de guerra ruso-soviéticos. A Furchner se le acusa por 11.380 cargos de cómplice de asesinato y 18 cargos adicionales de cómplice de intento de asesinato. La nazi se encargó de toda la correspondencia del comandante, mecanografió las órdenes de ejecución y deportación y puso las iniciales de las víctimas.
Al tanto de todo el exterminio, nunca hizo nada, y su primer escape de la justicia fue a la edad de 19 años, su último a los 96 años. Fue arrestada y ahora está siendo juzgada por un tribunal de Itzehoe, Alemania.
¿Cómo tras 76 años del fin de la II° Guerra Mundial aún es posible perseguir los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo alemán? No solo eso, sino también juzgar a personas por su complicidad en el asesinato, no por su participación directa, por haber desempeñado labores en un campo de exterminio.
La lucha por la verdad, la justicia y garantías de los familiares de las víctimas ha sido fundamental para reactivar las causas. Hoy, hablamos de descendientes de tercera generación, es decir que acá también hay un ejercicio de memoria envidiable. También, es porque el Código Penal Alemán lo permite. Las fiscalías hacen su labor como entidad investigadora y el Poder Judicial continúa realizando condenas ejemplares, independiente de la edad de él o la criminal.
Un ejemplo contemporáneo de eso último fue la condena contra el ucraniano John Demjanjuk a cinco años de cárcel, en 2011, por complicidad en el asesinato de casi 30.000 judíos en el campo de exterminio de Sobibior, en la Polonia ocupada, donde se había desempeñado como guardia. Este caso fue determinante para intensificar y ampliar la persecución de crímenes durante el nazismo.
Por último; “El asesinato en Alemania no prescribe, esa es la premisa”, explica a las agencias de prensa internacionales el fiscal jefe Thomas Will, responsable de la Oficina Central de las Administraciones Judiciales para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo.
Antípoda chilena
En Chile la situación es muy diferente a la de Alemania. Los criminales de lesa humanidad, los cómplices del pinochetismo, gozan de lo que se llama la media prescripción, condenas rebajadas, están en una prisión de lujo (Punta Peuco) y se pueden acoger a beneficios carcelarios como criminales comunes. Además, el gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha configurado una vía administrativa de impunidad vía decretos que rebajan penas a pinochetistas acusados por asesinatos, desaparición y torturas a militantes contrarios a la dictadura cívico- militar (1). Un Poder Judicial político que no respeta el derecho internacional de Derechos Humanos y que no facilita la anhelada Justicia, todo lo contrario, la entorpece.
La alerta sobre lo citado anteriormente ha sido expresada por abogados defensores de derechos humanos y por las Agrupaciones de familiares de las víctimas del fascismo pinochetista. Muchas veces las organizaciones se han tenido que enterar por otras vías, no las formales, de las argucias en las rebajas de condenas y de las reuniones de criminales y cómplices con ministros de la Corte Suprema.
“Lo que ha hecho este gobierno es dar impunidad en término de rebaja de pena, de los acomodos que hace, por eso nosotros planteamos democratizar el Poder Judicial, porque también se han servido en los lobbys de las condenas que hacen los jueces de la República, sobre todo en la sala penal, donde se votan los derechos humanos, dan esta rebaja de pena. Eso es lo violento, porque la media prescripción no existe esa figura jurídica en ninguna justicia mundial. Entonces, en los gobiernos post dictadura, de Aylwin hasta acá, es la justicia en la medida de lo posible”, nos explica la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados/as Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus.
Con democratizar el Poder Judicial, Lira aclara que se debe terminar con el cuoteo político cuando se abre una vacante en la Corte Suprema, que no puede seguir determinado por el Presidente de la República y el Senado, porque eso se traduce que hasta el momento siempre han sido elegidos ministros afines a la Concertación o a la derecha. Por ende, después se pagan favores políticos con situaciones que no corresponden, como que un ministro de Derechos Humanos (Mario Carroza) termina investigando el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, cuando éste está tipificado como un crimen común.
Otra denuncia que nos relata Lira es: “Cuando nosotros, la Agrupación presentamos una querella contra los ejecutores los gestores del golpe cívico militar y citaron a Edwards (Agustín) y al maldito de Hasbún (Raúl), nadie supo, y eso es complicidad porque eran personas relevantes. Entonces esos acuerdos que hay con el ministro que le hace esa pleitesía, y que eso no lo va a saber nadie, que venga para acá callaitos, incluso en esa querella se pide que declare Patricio Aylwin”.
Sobre los indultos y rebajas de condenas que se están emitiendo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la firma del titular de esa cartera, Hernán Larraín, las Agrupaciones de víctimas del pinochetismo han sido enérgicas en repudiar aquello y que se debe al menos considerar el Pacto de San José para estudiar estos posibles beneficios carcelarios. El Pacto de San José es un convenio internacional que acuerda que los criminales de lesa humanidad pueden acceder a alguna rebaja de sus condenas siempre y cuando hayan demostrado arrepentimiento, colaborado con la Justicia, y entregado información para la no repetición. Acá en Chile, los pinochetistas se ufanan de sus crímenes y «pierden» la memoria de manera colectiva.
Desde la AFEP nos comentan sobre los mecanismos de este gobierno para, a través de leyes, consolidar una impunidad, que no solo se explican con las rebajas carcelarias a los condenados, sino que también a los que están procesados y, al mismo tiempo, se están dilatando causas pendientes. Alicia Lira nos cuenta que otro ardid que se utiliza proviene del Servicio Médico Legal (SML), debido a que es el organismo competente y a cargo de revisar el estado de salud de los criminales antes de dictar la condena, y que se demoran meses y años en hacerlo.
Esta situación fue denunciada al Ministerio de Justicia, cartera de la cual depende el SML, pero la respuesta ha sido que no tienen el personal suficiente para efectuar este tipo de diligencia. Ante ello, la AFEP ha propuesto al Colegio Médico cooperar con profesionales idóneos para esta tarea.
A 48 años del golpe cívico militar, las Agrupaciones de Familiares de víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad continúan en las calles para exigir la plena verdad y justicia, sin embargo, se enfrentan a un Poder Judicial politizado y a leyes anacrónicas que datan del periodo de la presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994). También, el Código Penal chileno es muy diferente al alemán.
No obstante, Alicia Lira no pierde el optimismo y ve en la Convención Constitucional un espacio para poder solucionar este trauma socio político de nuestro país.
Responsabilidad de la Convención
La Convención Constitucional es un espacio público de debate político transitorio. En esta instancia se ha -y se debe- discutir sobre la verdad, justicia y reparación con respecto a los crímenes de lesa humanidad del fascismo en sus diferentes periodos. La materia fue abordada por la Comisión temporal de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para Justicia, Reparación y Garantía de no repetición, y se prevé sea vista por la Comisión Derechos Fundamentales y por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. En caso de existir temas por resolver será la Comisión de Armonización la responsable de dirimir.
La convencional por el distrito N°23, Manuela Royo Letelier, ex coordinadora de la Comisión transitoria de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Sistemas de Justicia, conversa con Grito sobre las proyecciones del debate de las garantías de Derechos Humanos al interior de la Convención Constitucional.
Nos comenta que al interior de la Comisión de Derechos Humanos se hicieron propuestas sobre normas transitorias con respecto a la aceleración en los procesos de crímenes de lesa humanidad en dictadura, no importando la edad del criminal, y que se debe establecer en la nueva Constitución el carácter supra constitucional de todos los tratados internacionales de Derechos Humanos. “Por lo tanto y aplicando esos estándares evidentemente los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos son imprescriptibles y, además, es importante también relevar que dentro de la comisión estamos proponiendo el fin de la justicia militar como un mínimo en materia de derechos humanos”, nos explica Manuela Royo.
La convencional agrega que: “La jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y eso debe ser un imperativo dentro del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Constitución actual no establece cuál es la integración de la fuente del Derecho Internacional en el ordenamiento interno. Solamente una análoga del reenvío del artículo 5º inciso segundo. Pero en ningún momento establece que el Derecho Internacional es supra constitucional o es contenido inconstitucional, lo que obligaría a aplicar estos estándares. Desde mi perspectiva, los delitos de derechos humanos son imprescriptibles, y eso es así, lo que pasa es que evidentemente existen ministros que son de un sector de derecha con ideas preconcebidas que existe la media prescripción, con lo cual hay rebajas en las penas, pero siguen siendo delitos imprescriptibles”.
La convencional nos precisa que el debate se dio en profundidad en la Comisión de Derechos Humanos y se levantó desde esa plataforma un informe sobre verdad histórica que se hace cargo de las deudas del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos (2).
“También consideramos que este proceso constituyente no puede construirse sin la perspectiva de la verdad, de la memoria histórica, de la verdad como un derecho y en ese contexto la verdad requiere también medidas de reparación como las sanciones penales y las indemnizaciones a quienes han sufrido esos horribles crímenes y además garantías de no repetición, y en ese contexto creemos que las garantías de no repetición dicen relación con una reestructuración de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas del orden, con el levantamiento del secreto del informe Valech, con la agilización de procesos penales eficientes, porque no es posible que después de 40 o 50 años sigamos con la misma justicia antigua que no da resultado. Y, finalmente, creemos que es muy importante garantizar mecanismos de aseguramiento de institucionalidad en prevención y reparación en materia de derechos humanos”, nos expresa.
Por último, Manuela Royo nos cuenta que abordar el tema de la Doctrina de Seguridad Nacional está “en cuna”. Sin embargo, para ella esta doctrina es autoritaria y le entrega mucho poder y privilegios a las Fuerzas Armadas. “Hoy día en el Wallmapu vivimos en Estado de Excepción es precisamente porque sigue la Doctrina de Seguridad Interior del Estado desde la perspectiva del enemigo interno. Se sigue pensando que los conflictos sociales se resuelven mediante la criminalización, mediante la fuerza. Entonces, seguimos en un proceso que aún no se acaba y que no se acaba en la Constituyente, sino tiene que ver cómo como sociedad y los gobiernos también abordan las problemáticas sociales; si es desde la perspectiva de la conversación colectiva, desde la construcción de la prevención de los derechos humanos, de la garantía de no repetición, o desde la criminalización como se ha abordado por parte de este gobierno”, concluye.
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por Agencia Merkén SpA.